Quisimos iniciar la semana con la agenda social, puesta en el target de la vacunación un universo cerrado de 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años, que empezarán a recibir la primera dosis de Astra Zéneca en los 330 municipios más pobres del país, en soporte esperanzador de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto que a más tardar el 30 de abril estarán vacunados; pero no se pudo.

Quisimos celebrar junto al henchido Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Bienestar, respecto al anuncio del arranque de esta vacunación a los adultos en Manlio Fabio Altamirano, al alimón con 21 municipios más “de la periferia hacia el centro”, hasta completar un listado de un millón 500 mil abuelitos veracruzanos; pero no se pudo.

Tampoco se pudo tratar de desmenuzar el entramado partidista del municipio de Veracruz, donde la democracia que enaltece a la persona humana, como preconiza el PAN de dientes afuera, se redujo a una horda de golpeadores que reventaron una elección interna donde se dirimiría quien de los dos aspirantes azules, Bingen Rementería Molina y Miguel Ángel Yunes Márquez, será el abanderado del blanquiazul a la presidencia de municipal del Puerto de Veracruz.

La agenda dio un viraje para documentar la violencia política traducida a su nivel más oscuro: la violencia física que arrebata a los actores y actrices del escenario estatal su bien más preciado en el concierto social: la vida.

Apenas el jueves 11 de febrero, el precandidato a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, abanderado por Morena, Gilberto Ortiz Parra fue asesinado este jueves en el municipio Puente Nacional, de un tiro en la cabeza.

Gilberto Ortiz Parra fue quien inauguro con su preciada ofrenda, la numeralia mortal de aspirantes a un puesto de elección popular de los mil 104 cargos que estarán en juego el domingo 6 de junio en el estado de Veracruz.

Quienes aspiran a uno de estos puestos en las 212 alcaldías para los próximos cuatro años, además de 634 regidurías y 212 sindicaturas, confían en la voluntad, confianza y ejercicio del sufragio de 5 millones 832 mil 654 ciudadanos enlistados en el padrón electoral.

Ser candidata o candidato a los 30 escaños de lo que será la LXVI Legislatura veracruzana, también saben que se rifarán el físico cuando arranquen las campañas.

El ejercicio democrático se ha convertido en una actividad de riesgo en Veracruz y en este país.

La agenda aterriza este lunes con el asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque y exdiputada local del PRI, Gladys Merlín Castro y su hija, la excandidata del Partido Nuevo Alianza (PANAL) a la diputación local en el proceso electoral 2016, Carla Enríquez Merlín, quienes fueron asesinadas a balazos y cuchilladas en la madrugada de este lunes en su domicilio ubicado en ese municipio del sur de Veracruz.

La radiografía de la violencia política la inició la empresa consultora Integralia, que ha contabilizado, entre septiembre de 2020 -inicio del proceso electoral federal- y el 31 de enero de 2021, 88 víctimas mortales, en crímenes cometidos, en su mayoría por grupos delincuenciales.

17 funcionarios municipales, 6 activistas, 5 funcionarios federales y estatales, 5 aspirantes  a un puesto de elección popular (no se incluye a Gilberto Ortiz Parra, aspirante de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván), 4 periodistas, (la base del caldo de la violencia política en México), tres líderes partidistas, tres ex presidentes municipales (tampoco entró la asesinada Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa de Cosoleacaque), 3 legisladores locales, dos presidentes municipales en funciones, (aquí entró Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, asesinada en noviembre de 2020), dos jueces, dos funcionarios de fiscalías locales y 12 personas más relacionadas a la actividad política, judicial, periodista o pública.

El Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz tienen que alzar la voz ante esta escalada violenta que siembra el miedo entre aspirantes y el terror entre los potenciales electores.

Es hora de escuchar una narrativa más coherente a la gastada frase de “no permitiremos la impunidad y la violencia” en territorio veracruzano o el recurso de la chistera discursiva que se basa en “se investigará y se castigará a los responsables”.

Ya lo decía Mahatma Gandhi: “lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

O mejor: “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.