La administración López Obrador parece alistarse a desatar una guerra de precios con los proveedores de medicinas, que durante décadas se han disputado, a dentelladas, contratos gubernamentales que cada año superan los 80 mil millones de pesos.

Lo más singular de esta batalla radica en que un error de cálculo puede marcar con fuego la historia del naciente gobierno. Desabasto de medicamentos o mala calidad de los mismos tendrían el potencial de desatar epidemias o despertar padecimientos hasta ahora controlados. Lo que aquí está en juego no es solo una enorme bolsa de dinero público, sino la salud de millones de personas.

El contexto de este proceso no podría ser más inquietante: está en marcha un rediseño institucional de todo este ámbito, que ha empezado a ser sometido a una nueva centralización en el gobierno federal, lo que desmonta una ruta que recorrieron la Federación y los estados en los últimos 25 años. Al final del día, en el terreno de la burocracia, todos se traducirá  en nuevos reglamentos y protocolos, lo que desde ahora tiene embarcados a múltiples actores en una pugna de poder.

Como muchas otras áreas de la administración, el sector salud semeja un avión que está volando en velocidad crucero, con el piloto automático activado y en cuyo interior toda la tripulación pelea a puñaladas.

En dos reuniones celebradas en la segunda quincena de marzo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda ofrecieron a representantes del sector farmaceútico una explicación sumaria de lo que se viene, a lo que se añadió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de ese mismo mes, bajo la firma del secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Una señal de la expectativa y la incertidumbre existentes fue que en el primero de los encuentros referidos, efectuado en el sur de la ciudad de México, se dispusieron 100 asientos para asistentes, pero acudieron 300. Ello retrasó dos horas una explicación que requirió 15 minutos, no tomó preguntas y dejó una montaña de dudas.

En esas reuniones, de acuerdo con una copia de la presentación a la que tuvo acceso este espacio, se anunció un único proceso de compra que por vez primera consolidará las adquisiciones de todo el sector en el ámbito federal (incluida Marina, aunque no se menciona a la Defensa) y por lo menos 20 estados del país. Se ofrecieron garantías de transparencia y suelo parejo para la competencia entre participantes, nacionales o extranjeros. Se aseguró que se impedirá alta concentración de compras con un solo proveedor.

El documento obtenido confirma la percepción de que el gobierno está en una carrera contra el tiempo para cubrir sus necesidades de medicamentos en el segundo semestre del año. El proceso arrancó el 22 de marzo; en los día que corren ya se debieron haber recibido cotizaciones para mil diferentres tipos o ¨claves” de medicinas y material de curación; durante mayo se desatará una batalla entre proveedores, y habrá un fallo el 10 de junio.

La gran pregunta que surge desde ya es qué pasará una vez concluida este proceso. Y todas las evidencias apuntan a un radical cambio de la reglas del juego a partir de 2020.

En el referido acuerdo de Salud se da cuenta de que se flexibilizarán los criterios para comprar medicamentos directamente en el extranjero, con menor rigor en las certificaciones a las que los eventuales proveedores podrían estar sujetos. Información en este mismo sentido está surgiendo de las oficinas de José Alonso Novelo Baeza, presidente de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el organismo responsable de velar (entre un larguísimo etcétera) por la calidad de las medicinas que consumimos los mexicanos.

En forma soterrada como ha estado acostumbrada por años, consciente de la discrecionalidad que le permite al gobierno privilegiar a un proveedor y sepultar a otro, los industriales farmacéuticos (desde el más modesto hasta aquellos con presencia global, lo mismo quien elabora genéricos que lo que controlan patentes de altísima especialidad) dan por descontado que en esta “macrolicitación” o a más tardar el próximo año el gobierno López Obrador concurrirá al “Tepito” de las medicinas: el ultramundo de proveedores radicados en India, Rusia, China, Bangladesh y otros mercados que gozan de una doble fama: venden baratísimo pero con una calidad y bajo controles muy dudosos.

Por si hiciera falta en este panorama, diversas voces alertan que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, establece prohibiciones para concurrir a los referidos mercados, aun y cuando ello esté avalado por instancias como la Ortrganización Panamericana de Salud, con la que México estaría por firmar un acuerdo justo en este campo. Ello abrirá un frente más en este guerra. ([email protected]).