El pasado domingo Cuitláhuac García se pronunció ante el pueblo veracruzano sobre los ejes fundamentales que atenderá su administración al frente del Gobierno del Estado. Se destacan su adhesión manifiesta a la cruzada contra la corrupción encabezada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su preocupación y búsqueda conjunta de soluciones por las víctimas de desaparecidos en el estado, el cese de evaluaciones implementadas de última hora al magisterio en la demarcación, la implementación de un gobierno de austeridad Republicana y otros asuntos igual de importantes que propone resolver el próximo gobierno veracruzano.

Existe otro tema que mantiene despierto el interés de los veracruzanos y posee altos niveles de polémica: La intención de fijar durante la administración actual el nuevo Fiscal del Estado junto con los 12 magistrados con la venia de la legislatura local actual. Este es un hecho lamentable, se desentiende de la exigencia del pueblo expresada en urnas el pasado 1 de julio de dar paso a la justicia, la honestidad y la legalidad y atenta contra el proyecto nacional que implementará Andrés Manuel López Obrador apenas llegue a la presidencia para hacer valer la ley en contra de aquellos funcionarios que la violenten.

Distintos actores de la sociedad civil, militantes, simpatizantes de este partido y futuras autoridades, hemos hecho manifiesta nuestra oposición a esta imposición. Mismas que han descalificado y desestimado. Hacen declaraciones con la acostumbrada altivez y no alcanzan siquiera a entender que el proyecto que viene va más allá de beneficios y espacios de poder. El pueblo se hizo presente y usó su poder para exigir un cambio verdadero y maniobras como éstas, van en contra de ese mandato.

Con el cambio de régimen acabaremos con los fueros y privilegios que en el actual gobierno permiten la continuidad de la política de corruptelas e impunidad, terminará con la inexistente división de poderes, que ahora subordina al Poder Legislativo y Judicial a las órdenes del Ejecutivo.

Pese al mensaje que morena ha enviado de ofrecer una transición pacífica y ordenada, las resistencias del grupo en el poder que está por partir insisten en colocar gente a modo en espacios con responsabilidad legal que pudiera otorgarles garantías en caso de tener necesidad de acudir a ellas. Las preguntas obligadas son: ¿Existen motivos para que esta administración busque otorgarse estás garantías? De no ser así, ¿No sería lo mejor dar paso a la siguiente administración y legislatura para designar a tales funcionarios confirme a derecho? La correcta designación de tales funcionarios garantizaría tener los elementos y los funcionarios correctos para regresar al pueblo veracruzano parte de lo mucho que se le arrebató con la corrupción e impunidad de los gobiernos del régimen. En resumidas cuentas, el que nada debe, nada teme. Los veracruzanos estamos decididos a dar paso a la fundación de gobiernos austeros y sin privilegios. Es necesario que esa misma voluntad ocupe cada espacio público disponible en el estado para refundar todos juntos a nuestro querido Estado de Veracruz.