Uno de mis primeros debates cuando asumí la tarea de procurador general de Justicia del DF, fue sobre qué debía ser prioritario: si combatir la corrupción o actuar contra la inseguridad; problemas que laceran a la comunidad y a las familias; los asaltos, robos, secuestros y homicidios aumentan la psicosis que padecemos en México cada día.

Sufrimos un infierno, salimos al trabajo, estudiar o simplemente a atender nuestras tareas cotidianas y no sabemos si regresaremos a casa sanos y salvos.

Al segundo día de mi gestión, tuve oportunidad de tomar un taxi y al charlar con el taxista; le pregunte: ¿Qué haría primero si fuera el responsable de la seguridad en la capital? ¿Atacar la corrupción de la procuración, impartición y administración de justicia y policías, o bien, a la delincuencia? Su respuesta fue inmediata, práctica, carente de valores, pero directa: combatir la delincuencia porque con un delincuente no se puede negociar, mientras que con un corrupto sí.

Esta ha sido la forma de pensar de muchos mexicanos, sin advertir que la corrupción nos ha causado enormes daños, tanto en lo personal, como a las instituciones y la sociedad.

En materia de seguridad y justicia, el problema ha ascendido a niveles inimaginables, la mezcla del poder político con el narcotráfico ha sido devastadora para amplias regiones del país.

Algunos gobernadores se han sumado a los cárteles en lugar de combatirlos y proteger a la sociedad, han trastocado de forma negativa la confianza y la seguridad, aumentando la migración. Países como EU y Brasil han iniciado investigaciones derivadas de actos de corrupción que involucran a mexicanos, mientras que Guatemala y Perú han dado ejemplo de lucha contra la corrupción; es necesario seguir el ejemplo.

La opinión popular percibe que la contaminación es mucho mayor y que, ningún partido pasa la prueba de la honestidad y la honradez, casi nadie se salva.

Los acontecimientos que a diario atestiguamos en el país, aumentan la angustia y preocupación, en la propia Ciudad de México siete delegaciones cuentan con cárteles para la distribución y consumo de la droga; Tláhuac y su delegado son tan sólo la punta del iceberg, ya que la capital es desde hace tiempo un mercado importante de consumo en usuarios y variedad.

Ante este panorama nuestros gobernantes prefieren voltear a otros temas negando la realidad: no hay cárteles, no hay inseguridad, y todo son estadísticas y mentira, para después crear excusas para evadir sus propias falsedades.

La corrupción y la delincuencia organizada se han apoderado de gran parte de la política y del país, y mientras no percibamos que Estado de Derecho y honradez son incompatibles con delitos y corrupción, nada podremos hacer.

Es preciso cambiar el rumbo del barco, no es posible pensar que los corruptos puedan devolvernos la tranquilidad y la paz social, no se puede fortalecer el Estado de Derecho y mucho menos construir la democracia y el respeto a las libertades y derechos humanos teniendo a la corrupción como compañera.

Todos somos corresponsables, la omisión y simulación incentivan estas conductas, mismas que debemos desterrar de nuestra cultura de forma radical, para ello se requiere conciencia, voluntad, conocimiento y valor para repudiar a políticos y empresarios comodinos y corruptos que buscan el dinero fácil a partir de las argucias y recovecos que las legislaciones ofrecen.

Los legisladores no han cumplido y debemos exigirles que las leyes dejen de ser quesos gruyere con oquedades que permitan la discrecionalidad; el Presidente nos debe cumplir la promesa de mejorar la seguridad y combatir la corrupción e impunidad, ese es el reto inmediato a vencer.

Los legisladores deben también asumir su papel, y dejar de utilizar como moneda de cambio el programa anticorrupción, que hasta la fecha se encuentra bloqueado. Mientras no les exijamos seguiremos instalados en la simulación, a la cual ninguno es ajeno.

Hasta cuándo…