El fiscal desata la furia de la curia
- Mussio Cárdenas Arellano
Tomaron y convivieron. Se embriagaron. Llegaron los golpes, la violencia sin control, el robo, el plagio y finalmente el crimen. Es el guión del fiscal Luis Ángel Bravo que enloda a los sacerdotes asesinados en Papantla.
Su thriller sacude a la curia católica, a obispos y feligreses, a los que creen y a los irreverentes, que reaccionan con furia y morbo ante el sesgo que le imprime “Culín” al episodio de muerte, la ejecución de los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz.
En tiempo récord aclara el caso el fiscal, presumiendo versiones y testigos, otra historia que criminaliza a las víctimas del enésimo hecho de violencia en Veracruz.
No es violencia de origen criminal, dice Bravo Contreras. No es obra de la delincuencia que tiene bajo su imperio a Veracruz, generando una oleada de terror, generando el miedo en su mayor expresión.
Fue, en todo caso, un borrachazo.
Temeraria, la hipótesis de “Culín” ya ha generado reacciones airadas. Lo increpa la curia católica, la diócesis de Xalapa, el vocero de la Arquidiócesis de México.
Y ni así se arredra el fiscal del duartismo, dispuesto a probar que los sacerdotes asesinados no eran ángeles sino demonios, laxos en su conducta, desenfrenados a la hora de beber.
Su versión se cuenta sola:
“El móvil —dice Fisculín—, podríamos en este momento hablar de que se trató de algún convivio donde al calor de las copas se descompone la reunión, se ponen violentos algunos de los asistentes a esta reunión, golpean al sacerdote, después intentan robarle dinero, de hecho le roban dinero producto de las limosnas, de hecho son 5 mil pesos lo que les roban y se llevan dos vehículos”.
De hecho titubea y es impreciso el fiscal Bravo Contreras. De hecho habla de un sacerdote golpeado cuando que son dos, y muertos. De hecho habla de que “intentan” robarle el dinero y luego afirma que le robaron 5 mil pesos, producto de las limosnas recogidas el domingo 18, día del plagio.
En la versión del portal Al Calor Político se resume la hipótesis del fiscal:
“Recordó que inicialmente fueron privados de su libertad tres personas, los dos sacerdotes y el sacristán y que posteriormente dos de ellos fueron encontrados sin vida en la ‘curva del diablo’; en la carretera Papantla-Poza Rica. Uno de ellos recibió 9 impactos de bala por arma corta, el sacristán recibió un disparo.
“ ‘Es totalmente falso lo que ha venido difundiéndose en algunos medios de que eran objetivos de la delincuencia organizada. Víctimas y victimarios se conocían, estaban conviviendo, estaban libando alcohol, al dicho de testigos que estaban ya en las diligencias que ha desahogado la Fiscalía General, se tiene rostro y se tiene nombre de alguno de los agresores, ya se está recopilando más información en torno a la identidad de los restantes presuntos autores’, comentó.
“Agregó que además fueron robados dos vehículos, una camioneta Pick-Up, propiedad del sacerdote y otro carro compacto Lancer, de un empleado del ayuntamiento de Poza Rica que le prestaba al padre.
“ ‘Esa es la historia. La Fiscalía ya tiene claridad a 24 horas de los hechos, tenemos objetivos por detectar y estaremos acudiendo a los jueces. Se descarta que los curas hayan sido objeto de delincuencia organizada, era un tema en donde se conocían, libando licor y entiendo que los hechos se tornaron violentos por los golpes, el robo y luego la lamentable pérdida de los curas’, dijo y aclaró que están definiendo cuántas personas participaron en estos hechos”.
Lo refuta la Iglesia católica. Lo enfrentan el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, y el poderoso e influyente titular de Comunicación Social de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar.
Refiere Suazo Reyes:
“El tema merece más respeto y necesitamos que el tema se aclare porque hay muchas cosas que quedan en el aire”.
Tilda de sospechosas las declaraciones del fiscal, además de apresuradas.
“Es extraño que una autoridad como el Fiscal salga de inmediato a cambiar la versión que se manejaba en los medios sobre el móvil del asesinato”, agrega.
Pero Hugo Valdermar no es tan diplomático y lo embiste:
“Es una grave irresponsabilidad dar a conocer de manera apresurada información sobre el asesinato de los dos sacerdotes de la Diócesis de Papantla. Tal parece que el gobierno quiere deslindarse de los hechos lo más pronto posible.
“El que hayan estado tomando licor no justifica su muerte”, dice el vocero del cardenal Norberto Rivera.
Tal parece —puntualiza Hugo Valdemar— que los sacerdotes ya fueron asesinados físicamente y el fiscal ahora también “los quiere asesinar moralmente”.
De ahí se va a la solvencia del fiscal acorde con un gobierno como el de Javier Duarte que anda en boca de todos.
“No puede estar dando a conocer información de manera tan aventurada, sin antes realizar las investigaciones pertinentes. Ahora resulta que la Fiscalía de Veracruz es la más eficaz del mundo. ¿Pero qué podemos esperar de esta instancia que responde a los intereses de un gobierno estatal tan cuestionado?.
“¿Qué podemos esperar de este fiscal que asegura que se trató de un sacerdote y de un sacristán, y no de dos sacerdotes, cuando el obispo José Trinidad Zapata lo ha confirmado desde el día de ayer? ¿Qué tipo de investigación está haciendo que ni siquiera sabe distinguir a las víctimas?. Es realmente irresponsable y vergonzoso!”.
Indignada la curia, “Culín” lanza su hipótesis del “borrachazo” cuando el Papa Francisco envía sus condolencias al obispo de Papantla, José Trinidad Zapata, vía el nuncio apostólico en México, cardenal Pietro Parolin.
Dice la carta del nuncio:
"Profundamente apenado al recibir la triste noticia del asesinato de los reverendos Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, párroco y vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, de Poza Rica, el Santo Padre expresa su más sentido pésame a vuestra excelencia, así como al clero, comunidades religiosas y fieles de esa querida diócesis, a la vez que ofrece sufragios por el eterno descanso de estos sacerdotes de Cristo, víctimas de una inexcusable violencia.
“Su Santidad, al manifestar una vez más su firme condena a todo atentado a la vida y dignidad de las personas, exhorta al clero y los agentes pastorales de la diócesis a continuar con energía su misión eclesial a pesar de los obstáculos, siguiendo el ejemplo de Jesús el buen pastor”.
Eso dirá el nuncio y el mismo Francisco, líder de los católicos, pero el thriller del fiscal es contundente: fueron asesinados los sacerdotes por andar tomando con sus asesinos.
Erró Enrique Peña Nieto. Debió contratar a Luis Ángel Bravo para esclarecer en sólo 24 horas el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, ubicar a Caro Quintero.
Su método es infalible: las víctimas son verdugos, los levantan por andar entre malosos, mueren porque merecen morir. Es la criminalización de los caídos.
Así fue el caso Regina Martínez, tildada la periodista, corresponsal de la revista Proceso, de haber dado entrada a sus asesinos, de embriagarse con ellos.
Esgrimía el entonces procurador, Reynaldo Escobar, que Regina bebió, ocurrió un hecho de violencia, se perdió el control y la mataron a golpes al tiempo que la estrangulaban.
Después filtrarían que era lesbiana, que una compañera periodista la mordió en el cuello y luego la ultimó.
Y al final el crimen de la gran Regina sigue impune.
Dice “Culín” Bravo que los sacerdotes convivieron, se embriagaron con sus asesinos, que se perdió el control, que quisieron robarle a uno, que se lo llevaron junto con los dos vehículos y que lo mataron.
Cuestión de licor y de malas compañías.
Lo de Regina es un caos del que aún no sale Javier Duarte.
Lo de los sacerdotes asesinados en Papantla es un caos con el que termina su gobierno Javier Duarte.
Con una infamia comenzó la tragedia duartista y con otra infamia concluye la pesadilla.
Apunta y dispara el fiscal… y se da en un pie.
Todo sea para exculpar al crimen organizado.
Archivo muerto
200 negocios cerrados, 200 familias autoexiliadas. Son los signos de la violencia que devora a Coatzacoalcos, que arroja un secuestro al día, o dos; que siembra pánico e incertidumbre no sólo por la impunidad con que se mueven los miembros del crimen organizado sino por la indiferencia de la policía, cuya misión es prevenir el delito. Negocios que dejan de funcionar en las plazas comerciales, Forum cada vez con más locales en renta, el centro de Coatzacoalcos a medio ritmo. Abundan los letreros de “se vende” o “se renta” en casas y departamentos, signo de la depresión económica que comienza a convertir a Coatzacoalcos en tierra no apta para la inversión. Son 200 negocios que cerraron y sus dueños se fueron, afirma la Cámara de Comercio local. Son 200 negocios que generaban empleo, que movían la economía, que le daban vida a Coatzacoalcos. ¿Quién dijo que la inseguridad y la violencia no eran factor para alejar la inversión? Fue Javier Duarte y no tiene idea de la realidad brutal, el impacto de la sangre en las calles, la supremacía del crimen organizado sobre las instituciones del Estado… Son 16 millones de pesos y los quiere cobrar OPC. Y el asunto es una ilegalidad. Perdió la empresa de los Arens y Versteeg (hoy sólo de los Versteeg) en un larguísimo juicio que derivó de la licitación por la planta de tratamiento de aguas residuales, cancelado el contrato y plagiado el proyecto de la empresa canadiense Simmons. Un día vencía OPC, otro día reviraba la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos. Al final se impuso CMAS. Y cuando ya no había qué reclamar, OPC presenta su plantilla de gastos y exige 16 millones de pesos. No le asiste la razón. Pero le pagan. Cobra, según insiders con el pulso de los hechos, a razón de 150 mil pesos mensuales. O sea, pierde el juicio y termina cobrando. No tarda en que el caso reviente en tribunales de alzada y en la prensa nacional por la dimensión del fraude. ¿Quién es esa mano que con la venia de San Javier de Córdoba consintió semejante agravio a las finanzas de CMAS?… De plácemes en Olmeca TV. Pronto verán en sus filas a José Luis Pérez Cruz, recién retirado de Diario del Istmo, donde llevaba el peso del proyecto DI Noticias que por incosteable —varios millones de pesos de renta anual a Cablemás— cerrará operaciones y se refugiará por un tiempo en internet. Se cocina en las sombras el ingreso de Pérez Cruz al consorcio de medios de los inefables Marcelo Montiel y Marcos Theurel —“Te rompo tu puta madre”— y, que se sepa, ni los ejecutivos de Olmeca TV, así como en el periódico Notisur, tienen idea de la sorpresa que maquinan. Pérez Cruz, plenamente identificado con la aún diputada local Mónica Robles de Hillman, y con la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, alias Lu-pilla Porras, hallaría ahí el sitio que el Clan de la Succión, los Robles-Barajas, le negaron cuando le cerraron la puerta en su feudo. Cuestión de esperar… Con 1.5 millones de pesos, quizá menos, se logró la libertad del hermano del periodista Gerardo Enríquez Aburto. Habría sido liberado la noche del lunes 19, culminando cinco días de angustia e incertidumbre. Corre la versión entre el gremio que con gusto aceptó la mordaza, que abdicó a su misión de informar, que soslayó el caso. Callada, la Comisión Estatal para la Atención y Protección (y Amordazamiento) de los Periodistas en Veracruz, encabezada por Vendidita González, nada dijo, ni fijó posición alguna en torno a este caso que implica a uno de sus comisionados, Gerardo Enríquez, quien era el objetivo real del plagio pero forcejeando logró escapar. Ya habrán entendido que difundir los hechos, que sirven para comprender el nivel de violencia que vive Veracruz, no es factor para que el plagiado viva o muera. Escribir no pone en peligro al secuestrado, tampoco le salva la vida ni lo libera. Lo que coloca al plagiado —o al hermano del plagiado— en riesgo de vida, es la actividad oscura, sus negocios, el origen de su fortuna, la multiplicación del dinero, las empresas, los bienes de sobradamente dudosa procedencia, comprar y gastar a manos llenas, la venta de recargas telefónicas en un penal, sus ligas y nexos con malosos o buenosos. Es versión: el secuestrado ya está libre…