Javier Duarte: proteger a la delincuencia organizada

  • Mussio Cárdenas Arellano

Delinquen los malosos y también la cúpula policíaca, los mandos de seguridad del duartismo, los que otorgan protección, quienes los alejan de rendirse a la ley y los preservan de la justicia. Sólo así se entiende cómo Veracruz llegó a ser el infierno que es.

Mejor aliado que Javier Duarte no hay. A los malosos, por ejemplo, los protegen desde el seno de las áreas de seguridad, implicados quienes debieran seguirles la pista y someterlos al imperio de la ley.

Crucial el rol de la policía del gobernador en el baño de sangre, su mano en los levantones, en el secuestro, en la desaparición forzada, en las fosas clandestinas, en los entierros sin identificar a las víctimas.

Vuelve a la carga el gobernador electo. Dice Miguel Ángel Yunes Linares que la realidad veracruzana es insostenible. Se duplican los homicidios. Se percibe el miedo y se vive el horror.

Un apunte:

“Mandos importantes —acusa— de distintas corporaciones están al servicio de la delincuencia organizada y líderes de bandas operan con la protección de personas cercanas al Gobernador Javier Duarte de Ochoa”.

Otro:

“Miles de veracruzanas y veracruzanos han sido víctimas de desaparición forzada y las autoridades estatales han encubierto estos graves hechos negando lo sucedido. Han procedido también a sepultar un número indeterminado de cuerpos en fosas comunes sin seguir ningún procedimiento legal, lo que ha provocado que las propias familias de los desaparecidos hoy se encuentren en búsqueda de fosas clandestinas, varias de las cuales ya han sido localizadas”.

Exhibe Yunes azul el lado criminal del duartismo, usada la policía para cubrir las huellas de quienes violan la ley y siembran horror, los que asaltan y roban, los que secuestran y asesinan.

Se lo esboza al presidente Enrique Peña Nieto. Le remite una carta, el lunes 5, en que formula el diagnóstico del caos veracruzano, agobiado por la inseguridad, por el crecimiento de la delincuencia.

Dice la carta:

“Es el caso de Veracruz que usted conoce y que de manera breve me permito enunciar.

“Vivimos una situación literalmente de emergencia en materia de seguridad pública, con un avance y accionar cotidiano de la delincuencia, nunca antes visto en nuestro Estado.

“Basta mencionar que —de mantenerse la situación actual— el número de homicidios en 2016 será un 100% superior a los cometidos en el año 2015.

“Lo mismo sucede con el secuestro y otros delitos de alto impacto.

“En las últimas semanas la situación se ha vuelto insostenible. La población está realmente alarmada y tiene razones suficientes para estarlo.

“El Gobierno del Estado no atiende con responsabilidad y eficacia este problema, por el contrario, es evidente que mandos importantes de distintas corporaciones están al servicio de la delincuencia organizada y que líderes de bandas operan con la protección de personas cercanas al Gobernador Javier Duarte de Ochoa.

“Por ello es urgente que el Gobierno Federal tome la determinación de asumir el control de todas las corporaciones de seguridad pública en estos 86 días que faltan para el cambio de gobierno en Veracruz.

“Se requiere una mayor presencia del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal.

“Hago el compromiso de que a partir de que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz tomaré las decisiones que se requieran para fortalecer las corporaciones locales, porque coincido con usted en que es indispensable hacerlo para combatir con eficacia a la delincuencia.

“La inseguridad ha provocado también una crisis humanitaria. Miles de veracruzanas y veracruzanos han sido víctimas de desaparición forzada y las autoridades estatales han encubierto estos graves hechos negando lo sucedido. Han procedido también a sepultar un número indeterminado de cuerpos en fosas comunes sin seguir ningún procedimiento legal, lo que ha provocado que las propias familias de los desaparecidos hoy se encuentren en búsqueda de fosas clandestinas, varias de las cuales ya han sido localizadas.

“Nuestra Constitución señala que ‘La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Ley’. Es con base a esta norma superior que le solicito gire instrucciones a los titulares de las áreas correspondientes para que de inmediato se intervenga en Veracruz, de tal manera que puede frenarse la ola delictiva que nos afecta”.

De la crisis financiera, también responsabiliza a Javier Duarte. Sus actuaciones no sólo son torpes; son dolosas y perversas.

“Veracruz —agrega el ex “presunto” gobernador electo— vive también una emergencia en materia financiera, derivada de la grave corrupción de quienes han tenido a su cargo el Gobierno del Estado. Miles de millones de pesos han sido desviados de acuerdo a datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación.

“Esta crisis tiende a agudizarse y amenaza con paralizar al Estado. No hay recursos ni para satisfacer necesidades urgentes que tienen que ver con la atención a la salud de los veracruzanos.

“Las últimas decisiones tomadas por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, han provocado que tres agencias calificadoras de clase mundial hayan bajado la calificación crediticia de Veracruz y advertido el riesgo de incremento en las tasas de interés de los créditos e incluso de vencimientos anticipados, lo que nos llevaría a una crisis de consecuencias impredecibles.

“Mientras todo esto sucede la corrupción en el Gobierno del Estado continúa y no hay autoridad que pueda frenarla, toda vez que cuenta con la complicidad del grupo mayoritario en el Congreso del Estado.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para intervenir y exigir que los fondos federales se apliquen debidamente, pero también para revisar la situación financiera en coordinación con las autoridades locales.

“Por todo lo anterior, le solicito muy atentamente su intervención urgente para que —con la colaboración de su Gobierno— pueda frenarse la crisis que amenaza con poner en riesgo la estabilidad política y social del Estado de Veracruz”.

Horas después, en Veracruz, decía Yunes Linares a la estación radiofónica XEU que hay responsabilidad del sistema, del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto en el actuar impune de Javier Duarte:

Responsabilidad “moral porque Javier Duarte salió del mismo partido que el Presidente de la República, es su compañero, es un una persona a la que durante todo este tiempo ha protegido, ha cobijado y hoy deben responderle a los veracruzanos por lo que Duarte hizo”.

Son 56 denuncias en la PGR —señala— contra el gobierno de Veracruz por parte de la Auditoría Superior de la Federación por manejo irregular de recursos de origen federal.

Sabe Yunes Linares que la complicidad de “Culín”, el fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras, que no es autónomo, que es un empleado del gobernador.

“He pedido —advierte— que la próxima Legislatura revise la permanencia del fiscal no solo por encubrir la corrupción sino por el drama humanitario que se vive en Veracruz con el tema de las desaparecidos y fosas clandestinas, donde ha quedado más que manifestado que el Gobierno del Estado no ha querido investigar sino ocultar los hechos sepultando los cadáveres en cualquier lugar”.

De la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró violatorias de la Constitución el blindaje anticorrupción —leyes, fiscal y sala—, dice Yunes azul:

“A pesar de saberlo Duarte, envió las iniciativas y el grupo de diputados serviles que tiene la Cámara de Diputados encabezados por Juan Nicolás Callejas, de quien he dicho que es una rémora, aprobaron las reformas a sabiendas de que podían ser combatidas”.

Sin el blindaje de sus lacayos en la fiscalía y la sala anticorrupción, asegura que se impedirá que Javier Duarte construya su blindaje anticorrupción.

“Es urgente que el Presidente responda —insta—. No puede el Presidente dejar de ver lo que está sucediendo en Veracruz, porque es una auténtica tragedia, una emergencia social, en empleo, de finanzas públicas, un problema muy grave’ ”.

Todo un compendio de ilegalidad. Javier Duarte y su aparato policíaco al servicio de la delincuencia que llena de sangre Veracruz, y el saqueo a las arcas públicas que han provocado la debacle financiera del gobierno estatal.

Delinquen los malos y los cubre don Javier.

Archivo muerto

Insólito: encañonado él, su familia y su equipo táctico. Miguel Ángel Yunes Linares vuelve a sentir la desproporción de un loco con poder, Javier Duarte, cuya policía lo rodea en un retén, este lunes 5, alrededor de las 10 de la noche, en el puente de la Central de Abastos, en Xalapa. Viajaba Yunes azul y su gente en seis camionetas Suburban. Les marcan el alto y se detienen. Son rodeados por elementos policíacos. Los encañonan, todos apuntando hacia los vehículos. Aduce la policía que hubo una voz que alertó que sus ocupantes portaban armas. Obligados a descender de los autos, al primero que observan es al gobernador electo. Al verlo, los policías reportan el hecho y piden instrucciones. Los dejan ir. ¿Y si a alguien se le hubiera ido un tiro? ¿Y si los hubieran rociado de bala? Juega con fuego Javier Duarte, su mente en otra dimensión, extraviado en su evidente frustración y atrapado en el pánico que le provoca saber que será enjuiciado por el saqueo a las arcas públicas. Insólito el episodio, no se sabe que a un gobernador electo de Veracruz le haya ocurrido algo similar. Lo relata el portal Al Calor Político… Palo a Javier Duarte, su pandilla y al Congreso lacayo y servil. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su operativo pro-impunidad, disfrazado de leyes, fiscalía y sala anticorrupción son violatorias de la ley. Son ilegales. Argumenta la SCJN que el Congreso de Veracruz se excedió en sus atribuciones aprobando leyes locales sin que hubieran sido promulgadas las leyes federales anticorrupción. Les da palo y las deja sin efecto. Rompe así el blindaje de impunidad con el que Javier Duarte pretendía colocar en la Fiscalía y en la Sala Anticorrupción del Poder Judicial de Veracruz a serviles incondicionales para evitar que la ley lo alcance. Doble descontón: primero la SCJN echa por tierra las leyes para usar recursos del 3 por ciento a la nómina para saldar adeudos con acreedores —que resultaron ser empresas de la runfla duartista—, dándole la razón al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, que promovió el recurso, y ahora el descalabro con las leyes anticorrupción. Sigue el recurso contra la basificación de la pandilla de Javier Duarte, los “aviadores”, los entenados del desgobernador, la escoria de su gobierno que con base laboral pretende seguir para reventar al yunismo azul… ¿Puede Juan Carrera Molina ser director del DIF de Coatzacoalcos? Suena su nombre para relevar a Lezek Lira, encargado de despacho tras la salida de su gurú político, Jesús Moreno Delgado, a quien se sacudió el alcalde Joaquín Caballero remitiéndolo a promover el voto priista en el distrito 30, donde el descalabro del candidato a gobernador, Héctor Yunes Landa fue de antología. ¿Puede Juan Carrera asumir la dirección del DIF cuando semanas atrás dejó la Dirección de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Obras Públicas por desacato a una orden de un juez federal? No lee Joaquín Caballero el alcance de su decisión. Equivale a burlarse del Poder Judicial Federal, así éste no haya emitido inhabilitación para volver a ocupar cargo público. Es cuestión de ética política. Es cuestión de sensatez. ¿O es el pago de una factura histórica, alguna denuncia en los días en que Caballero era director de Desarrollo Urbano de Coatzacoalcos, en los días de Marcelo Montiel en su primera alcaldía? ¿Será eso?…

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