Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz cumplió su cometido, basificó de manera masiva a miles de trabajadores burócratas.

Su iniciativa enviada al Congreso fue secundada por la mayoría priista en el pleno, y no tardaron ni cinco minutos para levantar la mano y dejarla pasar como una mariposa al viento.

Los panistas y perredistas llegaron a la sesión y tomaron el pleno en rechazo a tal propuesta del ejecutivo estatal.

Para entonces, más de 500 trabajadores de la administración pública ya estaban apostados en las butacas del recinto.

El numeroso grupo de trabajadores dejaron sus centros laborales para apoyar la basificación, claro, con la venia del señor gobernador.

Las diputadas albiazules Ana Cristina Ledezma y María del Carmen Pontón Villa se encadenaron al pódium mientras los medios de comunicación captaban el acontecimiento.

En seguida, los trabajadores gritaron consignas en contra de las dos legisladoras quienes no contestaron un sólo insulto.

Una lluvia de improperios fueron lanzados a las féminas diputadas, a quienes no las bajaron de “perras”, “huevonas” y “putas”.

En lo más alto de la tribuna, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostenían una lona con la leyenda: “Diputado, Veracruz es tu jefe, no Duarte”.

Sin importar la toma de la tribuna, la diputada priista Octavia Ortega Arteaga, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso  abrió su micrófono, entonces el público aplaudió.

Dijo que sustituiría a la Secretaria de la Mesa, Ana Ledezma López; y al Vicepresidente de la Mesa Cuauhtémoc Pola Estrada, para lo cual nombró respectivamente en esos cargos a las diputadas priistas Marcela Aguilera y Gabriela Arango.

Enseguida, el personal del Congreso colocó una mesa en la parte baja de la tribuna, para lo cual removieron la Constitución Política del Estado de Veracruz encapsulada en una vitrina, e instalaron  un pódium de manera improvisada para instalar la sesión.

Fue así como transcurrió la sesión en medio  de los diputados manifestantes y los burócratas en apoyo a la iniciativa.

Cuando en el orden se tocó el punto de la basificación, la votación fue contundente: 29 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra.

Entre vivas y aplausos para los priistas de parte de los burócratas, se consumó lo que será para Veracruz una carga de aproximadamente 1, 500 millones de pesos anuales.

Al igual que los panistas y perredistas, la diputada Mónica Robles dijo que nunca se les proporcionó la información de cuántos y quiénes serán basificados, y así justificó su voto en abstención.

Y es que a la oposición jamás se les presentó el dictamen de la iniciativa de Duarte, tampoco hubo un estudio financiero para analizar de qué manera impactará a las finanzas públicas tal basificación.

El diputado Juan Nicolás Callejas, coordinador de la bancada del PRI por su parte dibujó un panorama distinto, como si estuviese en una burbuja.

Con todos los años de político marrullero que trae a cuestas, él le dio un giro a modo a la iniciativa del gobernador para que pareciese más humana.

Inteligentemente la definió como una propuesta que defiende los  derechos laborales de los trabajadores del estado.

Para sostener su dicho citó el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pretexto para definir la basificación de trabajadores como un derecho a la seguridad laboral, económica, social; de vivienda, salud, pensión y jubilación.

Callejas hoy se desgarra las vestiduras porque los trabajadores del estado tengan seguridad social,  una posición que deja muchas preguntas al vuelo.

¿Por qué hasta hoy el gobierno del estado y los diputados del PRI están interesados en congratularse con los trabajadores del estado?

¿Por qué los diputados del PRI están más preocupados por los derechos laborales de los burócratas y no de los ciudadanos?

¿Por qué hoy se levantan como salvadores de una clase burocrática que ha abultado el mismo PRI y ahora quieren premiar a costillas del erario público?

¿Por qué ahora son señoras de la caridad defendiendo los derechos laborales de los trabajadores del estado, cuando el mismo PRI gobierno saqueó al Instituto de Pensiones del Estado (IPE)?

¿No creen ustedes que los legisladores del PRI deberían pronunciarse porque se les paguen las pensiones a los trabajadores del estado?

¿No deberían estar preocupados por la salud de los adultos mayores que no tienen  para financiar sus medicinas, tratamientos, terapias y alimentos?

Si son tan congruentes y defensores de la ley, por qué no exigen a su gobernador devuelva el dinero que le robó al IPE y que le robó a los empresarios del 3% a la nómina.

¿Los mismos diputados tendrían que responder dónde está el trabajo de fiscalización del poder legislativo, de la contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)?

¿Dónde está el cumplimiento de ese artículo 123 de la Carta Magna al que tanto apelan en el tema de los jubilados y pensionados del estado?

No se puede hablar de justicia y derechos laborales cuando el estado está endeudado con más de 170 mil millones de pesos, y existen pendientes de pagos en todos los rubros: infraestructura, educación, salud, deporte, proveedores, entre otros.

Existe otra deuda que Duarte deja al estado, la deuda con la sociedad, de la falta de transparencia, de las cuentas claras, de lo que se hizo con todo el dinero que no ha podido comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y con el recurso de otros fideicomisos y partidas que nunca llegaron a los municipios y a las secretarías.

Los diputados del PRI tendrían que ser congruentes con sus discursos, pero más que eso deberían recurrir a su sentido común: no tratar de  subestimar la inteligencia de los veracruzanos.

La basificación masiva tiene como único fin, más allá de salvaguardar los derechos laborales de los burócratas, desfondar las finanzas públicas y dejar con las manos atadas al próximo gobernador.

Nunca antes, desde que tengo memoria, en un cierre de administración se habían discutido basificaciones a los trabajadores, al contrario,  se procura dejar finanzas sanas y menos carga burocrática.

Es claro que la basificación aumentará las prerrogativas que el estado tiene que pagar al Instituto de Pensiones y  otras prestaciones. Se habla pues, de un quebranto que tendría Veracruz en automático de mil 500 millones de pesos anuales.

No hay buena fe en esta iniciativa que propone Javier Duarte y que pasaron los diputados priistas. La sociedad ya los ubica y hoy más que nunca serán  juzgados por la opinión pública.

Se trata pues de una propuesta dolosa y agresiva dirigida al gobernador entrante, planeada de una manera malévola que busca el fracaso del próximo gobernador, sin comprender que el fracaso será también para los veracruzanos.

Los trabajadores de confianza de la administración pública deben saber que los cargos y los puestos no son eternos, son cíclicos. Llegan y se van junto con las administraciones.

¿Por qué tendrían los veracruzanos que pagar el sueldo de trabajadores que se han ido quedando conforme han pasado las administraciones priistas?