Trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación exigen la destitución inmediata de Arturo Jaramillo de León, Subsecretario de Ingresos, por haber ordenado cancelarles el pago de prestaciones laborales a que tienen derecho. “Con mi dinero no te metas”.

1.- Jaramillo sin perfil profesional. El puesto le queda grande

Los empleados afectados por la ilegal decisión de Jaramillo, lo acusan de arbitrario y prepotente en su actuar como funcionario público y lo señalan como carente de perfil profesional para ocupar el cargo que ostenta, el cual requiere conocimientos relativos a la recaudación de ingresos públicos que sólo se obtienen mediante la realización de estudios en finanzas públicas y en materia fiscal y financiera, pero Jaramillo es ingeniero, “nada que ver” afirman, “el cargo le queda grande” certifican. Ello tal vez sea lo que explica su limitada y mediocre visión de la administración de ingresos públicos y su abismal desconocimiento de los principios de la gerencia pública. Esto expresan trabajadores de ese Secretaría a quienes Jaramillo se opone a cubrirles el pago de la prestación 1305 “Participación al personal” que forma parte de un pago adicional al salario de más de 900 trabajadores a los cuales este sujeto ha dado órdenes de no pagarles. Prestación que viene pagándose desde hace más de veinte años en reconocimiento al trabajo de recaudación que hacen estos trabajadores y como un estímulo a su esfuerzo y que el Subsecretario Jaramillo quiere desaparecer de un caprichoso plumazo.

Evidentemente el incumplimiento ordenado por Jaramillo atenta contra el bienestar de los trabajadores y sus familias quienes de esta manera ven reducidos sus ingresos de forma dramática sin que a este funcionario (hijo predilecto y herencia del “fidelismo”) le importe lo que suceda.

2.- Jaramillo “El caprichoso”. Debe pagar pero no quiere

Las remuneraciones adicionales reclamadas consisten en una participación en un fondo que se constituye con el 100% de multas cobradas por Sefiplan derivadas de cobros de impuestos federales, más el 100% de las multas derivadas del cobro del derecho vehicular y el 0.2% del valor de la recaudación de los impuestos y derechos estatales. Para protestar contra esta agresión laboral y demandar públicamente lo que les corresponde por ley, los trabajadores afectados tomaron el día de ayer las instalaciones de la Sefiplan, exigiendo a las autoridades a que cumplan con su responsabilidad y exigir que se vaya Jaramillo.

Y es que, víctima de una prepotencia propia de quienes detentan un cargo público que no merecen, Arturo Jaramillo ha exhibido las peores prácticas administrativas en el manejo de estos recursos y en lugar de cumplir como está estipulado, ha ofrecido pagar únicamente el 8% de las multas recaudadas. Esto equivale apenas a 1.3 millones de pesos (mdp) cuando, según los cálculos de los propios trabajadores, el fondo a repartir debe de ser aproximadamente de 81 mdp, derivado de una recaudación de 18 mdp en enero, 33 mdp en febrero, y en marzo de 30 mdp. Sin contar otros 14 mdp correspondientes una multa de comercio exterior cobrada el 25 de febrero, que no fue declarada. Este monto obliga a la Sefiplan a pagar en promedio unos 40 mil pesos a cada empleado, cantidad que Jaramillo se niega rotundamente a entregar, tal como se lo hizo saber verbalmente a algunos trabajadores, a quienes en tono prepotente, burlón y casi a gritos, expresó que no estaba dispuesto darles porque “no lo merecen” y que era su capricho y que asumía las consecuencias de ese berrinche.

Por si fuera poco, atrapado por una ambición incontrolable y desmedida que le lleva a buscar la manera de reducir a como dé lugar la participación a los trabajadores, Jaramillo ordenó que el personal que tenga tres retardos al mes no podrá cobrar la participación, como si el retardo de unos minutos disminuyera su productividad y su contribución a la recaudación y sin considerar que ya existe una sanción para los retardos establecida en las “condiciones generales de trabajo”, que consiste en un descuento de su salario, por lo que el trabajador estaría siendo sancionado dos veces por la misma causa. Algo verdaderamente injusto, excesivo y desproporcionado. Nada de esto le importa a Arturo Jaramillo.

Adicionalmente los empleados de Sefiplan aseguran que este sujeto no transparenta los montos de  recaudación de impuestos y multas, ni el procedimiento, base y porcentajes sobre los cuales se hace el cálculo del reparto que corresponde a cada trabajador. La total opacidad propia de funcionarios públicos tramposos y deshonestos.

Pero hay más, para no dejar duda de que es tan ignorante en finanzas públicas como en administración de recursos humanos, estableció la medida absurda e ilegal de que si existen  “indicios” de prácticas corruptas por parte de los trabajadores con derecho al pago de esta prestación, o si alguien los “señala” como corruptos, perderán automáticamente la percepción monetaria correspondiente. Disposición, enfermiza, injusta y abusiva porque ya existe una normatividad que regula esta situación y que establece las sanciones correspondientes contra actos de corrupción, y no cuando alguien “haga señalamientos” sino cuando existan pruebas y mediante un proceso legal.

3.- La amenaza, el acoso, la persecución

Los trabajadores expresan preocupación por su seguridad personal y su estabilidad laboral ya que desde el paro de labores que hicieron en el lobby de la Sefiplan han sido víctimas de represalias. Entre otras el levantamiento indebido de actas administrativas por parte de la Dirección General de Administración a cargo de Eduardo Contreras Rojano, que no es autoridad para realizar esa diligencia, pero que es comparsa de Jaramillo y cómplice en esta embestida contra los empleados. En esta trampa legal que intentan  contra los trabajadores, se les acusa indebidamente de abandono de trabajo, pero todo parece ser un invento porque, según señalan, no han realizado ningún acto que suponga una sanción porque no han violado la ley.

Asimismo se ha intimidado, acosado, hostigado y perseguido a quienes se identifica como principales líderes de la protesta. Los trabajadores acusan tener intervenidos sus teléfonos, sus computadoras y de ser perseguidos y vigilados incluso mediante grabaciones en video.

4.- Prácticas de corrupción. Arreglos ilegales para la reducción de créditos fiscales

Todo hace sospechar que la Subsecretaría de ingresos se convirtió en la caja chica, (ni tan chica) del gobierno del estado, pues es el área que capta los ingresos estatales y en donde con un poco de opacidad funcionarios sin escrúpulos pueden conseguir muchos millones de pesos para desviarlos a propósitos personales o de grupo. Según dicen los propios trabajadores, desaparecer parte del dinero recaudado por cobro de impuestos y multas podría ser la labor que estaría realizando el cuestionado subsecretario Jaramillo, afectando al Estado y al pago de sus prestaciones laborales.

Los empleados señalan que las autoridades de la subsecretaría incurren en prácticas de corrupción que afectan a la baja la recaudación de impuestos. Afirman que muchas veces han sido testigos de cómo altos funcionarios de esta área han llegado a acuerdos ilegales con los contribuyentes  para reducirles el pago de cantidades millonarias de contribuciones y multas, por lo cual esos funcionarios reciben grandes beneficios económicos.

Otra práctica común, es que cuando hay contribuyentes con créditos fiscales muy elevados y fuertes multas, les ofrecen resolverles su problema con la intervención de sus propios despachos contables que han montado ex profeso para obtener grandes ganancias utilizando información oficial y realizando prácticas ilegales para reducir las contribuciones a pagar. Esto, afirman, impacta negativamente  la recaudación de impuestos profundizando el caos financiero del estado y reduciendo el monto participable para los trabajadores.

5.- Los trabajadores amenazan

Los trabajadores lanzan tremendas amenazas:

1. Cerrarán  la carretera México-Veracruz si no se les da cumplimiento a sus demandas que son: el pago inmediato de las prestaciones reclamadas y el cese de Arturo Jaramillo a quien acusan de corrupción y un trato caprichoso, arbitrario y despótico.
2. No aceptarán pagos incompletos o en parcialidades porque consideran que el gobierno no tiene credibilidad y no cumple sus compromisos, por lo que el pago inmediato no es negociable.
3. Acudirán a las instancias legales para demandar el pago reclamado.
4. “Esto tendrá consecuencias electorales” Afirman categóricos. “Se la vamos a cobrar a estos funcionarios que han lastimado tanto las finanzas del estado y de las familias veracruzanas”

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