El pasado viernes 18 de septiembre, el gobernador Javier Duarte de Ochoa intentó “madrugar” a todos los veracruzanos al enviar al Congreso del Estado una iniciativa para que el Poder Legislativo le autorice tomar dinero de las participaciones federales para pagar compromisos con una empresa particular.

La iniciativa con proyecto de “Decreto mediante el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado llevar a cabo la afectación de las participaciones en ingresos federales como fuente alterna de pago o como garantía de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado”, no es más que la solicitud para que se le dé al gobernador un cheque en blanco para a su vez pagar a la empresa con la que desde 2013 se asoció y contrató servicios para abastecimiento de energía eléctrica y de agua potable en algunos municipios de la entidad.

Y resulta que la “afortunada” empresa con la que el gobierno de Duarte de Ochoa hizo éste –y muchos otros negocios- es la brasileña Odebrecht, cuyo principal accionista, Marcelo Odebrecht, está en prisión enfrentando cargos de corrupción.

El 18 de marzo de 2013, el Gobierno del Estado publicó dos decretos en la Gaceta Oficial. En el primero, se autoriza al titular del Ejecutivo a celebrar un contrato de prestación de servicios a largo plazo para abastecimiento de energía eléctrica, para lo cual dispuso que la Secretaría de Desarrollo Social estatal realizara las afectaciones presupuestales correspondientes, aunque sin establecer montos.

En el segundo decreto, se autoriza que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) represente al gobierno estatal en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, constituida para desarrollar un proyecto de abastecimiento de agua en la capital del estado con un plazo de operación de 25 años. En el decreto tampoco se precisa el monto económico a erogar, pero se instruye a la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) a realizar las afectaciones presupuestales requeridas. En ningún caso se menciona con qué empresa se celebrarán los contratos.

Sólo que en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado sí se especifica con quién se va a asociar el gobierno de Duarte. El 30 de julio de 2013, la LXII Legislatura recibió una iniciativa para sustituir a la Sedecop por la Secretaría de Finanzas en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa y para que esta dependencia “dé cumplimiento a las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave bajo el Acuerdo de Accionistas, incluyendo sin limitarse, la suscripción y pago de un aumento de capital de la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa S.AP.I. de C.V.”

La Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa se constituyó el 19 de abril de 2013, mediante la escritura pública número 9,005 y “se suscribió el Acuerdo de Accionistas celebrado por Odebrecht Participações e Investimentos S.A., y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, el cual prevé, entre otras obligaciones a cargo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la suscripción y pago de un aumento de capital social hasta por la cantidad de 355 millones 795 mil 600 pesos, los cuales deberán de ser pagados de conformidad con el Acuerdo de Accionistas y las disposiciones legales aplicables”, según el contenido de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado del 30 de julio de 2013.

Algo pasó en los dos años transcurridos desde entonces, pero ahora, para cumplir con sus compromisos, el gobierno de Javier Duarte busca disponer de lo único que le queda para meter mano: las participaciones federales.

El problema, para empezar, es que quién sabe si haya recursos suficientes en las participaciones federales de este año para cubrir lo que se debe, pues de acuerdo con el diputado federal del PAN Miguel Ángel Yunes Linares, el contrato con Odebrecht alcanza los siete mil millones de pesos.

De lo que sí existe certeza es de que la administración de Javier Duarte recurre a este ardid legal para dotarse de recursos sin que la operación sea registrada como deuda, sin aclarar montos, y sin precisar si las afectaciones a las participaciones serán por lo que resta de 2015 o si pretenden comprometerlas por 25 años.

Además, no podría dársele seguimiento al uso de ese dinero a menos que se cree un fideicomiso para tal efecto, lo cual no se menciona en la petición del gobernador al Congreso.

Lo que resulta inadmisible es que el gobernador Javier Duarte intente que se le expida un cheque en blanco para tomar dinero de los veracruzanos que garantice las ganancias de una empresa como Odebrecht, a la que aún y con sus problemas legales y de corrupción, misteriosamente, se le han entregado los más grandes proyectos de negocios que hay en Veracruz en la actualidad, como es el caso de Etileno XXI en el sur de la entidad y la concesión del sistema operador de agua potable en el puerto de Veracruz.

¿Pues quién más es accionista de Odebrecht?

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