Bien lo dijo hace unos días el investigador de la Universidad Veracruzana Rafael Vela Martínez. En este estado, el cinismo del grupo gobernante es extremo.

Ya ni siquiera se preocupan por cuidar las formas a la hora de torcer los engranajes legales para mantener el control político de la entidad, sometiendo a los organismos supuestamente “autónomos”. El descaro es apabullante.

Se vive tal regresión democrática en Veracruz, que sin el menor pudor y violentando la ley, se colocó en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) a un operador del Partido Revolucionario Institucional, que hasta hace poco desempeñó tareas partidistas en la dirigencia estatal del tricolor.

Se trata de José Rubén Mendoza Hernández, quien este miércoles rindió protesta como consejero del IVAI, pero que todavía a principios de este año se desempeñaba como director de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI, así como representante de ese partido ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.

Y no es que el IVAI haya sido ajeno a los intereses partidistas desde su mismo origen, cuando su primer presidente, Álvaro de Gasperín, era militante del PAN. O ahora mismo, que funge como secretario ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, quien ha sido diputado local, funcionario estatal y federal, y dirigente de la asociación política filopriista Vía Veracruzana.

El problema es que el nombramiento de Mendoza Hernández contraviene lo estipulado en la misma Ley de Transparencia del Estado, que en su artículo 41 fracción VI establece que para ser consejero del IVAI se requiere “no haber sido dirigente de partido o asociación política, cuando menos cinco años antes de su designación”.

Y aunque evidentemente Mendoza Hernández no era el presidente del PRI, sí formó parte del Comité Directivo Estatal de ese partido político cuando lo dirigía Elizabeth Morales García hasta hace unos meses, cuando fue obligada a ser candidata a diputada federal para que perdiera la elección.

En resumen, José Rubén Mendoza Hernández formó parte de la dirigencia de un partido, con una cartera tan importante como la de Acción Electoral, ya no digamos hace menos de cinco años, sino hace menos de uno. Su nombramiento es a todas luces, ilegal.

Tanto así, que desde hace unas semanas circuló una petición en la plataforma

change.org para que se revoque el nombramiento de José Rubén Mendoza Hernández porque además de irregular, la designación de Mendoza Hernández vulnera los principios de legalidad y certeza que deberían regir a una institución fundamental como la encargada de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información en el estado de Veracruz.

Por supuesto, los “ínclitos” diputados de la LXIII Legislatura del Estado ignoraron olímpicamente tal solicitud. Y qué más harían, si el nuevo consejero –que en su primera declaración a los medios admitió su militancia priista, a la cual, además, no piensa renunciar- es alfil del secretario del Trabajo del estado, Gabriel Deantes, cuya presencia en el Congreso, en horario laboral, para atestiguar el ungimiento de su “gran amigo”, no deja espacio para la duda.

Gabriel Deantes es el mismo que desde 2012 ha operado para el PRI las elecciones con recursos públicos del estado. El mismo que fue defenestrado públicamente y luego “perdonado” por su jefe el gobernador Javier Duarte de Ochoa, a pesar de que lo “decepcionó” y “traicionó su confianza” al enriquecerse desmedidamente.

En manos de esta pandilla está ahora la transparencia y el acceso a la información en Veracruz. Una raya más al tigre, con un cinismo que, además de extremo, es obsceno.

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