La impunidad y corrupción es un cáncer muy peligroso que impide el desarrollo, el acceso justo e igualitario a las instituciones y la justicia social.

La corrupción es un mal endémico, que lamentablemente afecta todos los niveles de gobierno, a los partidos políticos y está latente en la vida pública de México; pero también en el ámbito privado.

La transa, la trampa y el engaño son enfermedades que calan en lo más hondo de nuestra institucionalidad y mantienen un esquema que produce retrocesos en nuestra vida democrática.

“El que no transa no avanza” es un nefasto y detestable dicho popular que por desgracia está en la mente de muchos compatriotas y, es de reconocerse, en el servicio público es donde más casos se registran.

La subcultura del fraude y de la trampa permea todos los aspectos de nuestra vida social, económica y política, que nos ha causado un daño enorme como sociedad.

Estoy convencido que es indispensable poner un “hasta aquí”, un alto definitivo a la corrupción, haciendo efectiva la ley. La impunidad no beneficia a nadie. Hoy, si alguien la utiliza a su favor, mañana debe ser usada en su contra.

En sociedades del llamado primer mundo se da la corrupción, aunque  en menor grado; pero la gran diferencia radica en que allá sí se castigan estas prácticas.

La ley debe aplicarse para que acto ilícito no quede sin castigo, sólo así evitaremos que estos esquemas y conductas continúen reproduciéndose.

Es necesario que el andamiaje de fiscalización y contraloría gubernamental se transforme para garantizar el correcto uso de los recursos económicos, materiales y humanos.

Con las medidas necesarias concluirá la época de las vacas gordas para los corruptos. Es momento de iniciar su supresión de la administración pública y su señalamiento social.