El Senado de la República aprobó este martes 17 de febrero una serie de reformas constitucionales para acotar el otorgamiento de créditos a los estados y municipios del país.

Entre otras disposiciones, establece que los estados y los municipios “no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a su refinanciamiento o reestructura, debiendo realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”.

De igual forma, se conceden facultades al Congreso de la Unión para especificar que, en los casos en que los estados y los municipios tengan empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación, será el propio Congreso quien fiscalice el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan obtenido los gobiernos locales.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al último trimestre de 2014, el saldo de la deuda pública de estados y municipios se ubicó en 509 mil 690 millones de pesos, lo que representa 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto del país, así como un incremento de 1.4 por ciento respecto del cierre de 2013.

Los analistas financieros dicen que estos niveles de endeudamiento no son preocupantes. Pero la realidad en entidades como Veracruz, es otra, más cercana al colapso que a la sanidad financiera.

Para noviembre de 2014, la deuda reconocida por el Gobierno del Estado ascendía a 37 mil 823 millones de pesos. Pero a finales de ese año, subrepticiamente, tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe y luego de una nueva crisis de pago de aguinaldos a trabajadores y jubilados del estado, la LXIII Legislatura aprobó –con tirabuzón– la contratación de un nuevo empréstito por cinco millones de pesos, con lo que la deuda oficial de Veracruz quedó establecida en casi 43 mil millones de pesos.

Y hablamos de la deuda reconocida porque hay muchos otros pasivos que el gobierno estatal no reconoce como deuda pública, como lo que se le debe a proveedores desde el sexenio pasado. Según los cálculos de economistas y legisladores, la deuda real de Veracruz oscilaría entre los 80 y los 100 mil millones de pesos, lo que representa prácticamente la hipoteca del estado y del futuro de al menos dos generaciones de veracruzanos.

¿Es malo o ilegal que un gobierno pida dinero prestado? No, siempre y cuando esos recursos se inviertan para generar obra pública, cubrir programas de atención social, salud y educación.

Durante el sexenio de Javier Duarte, no se ha realizado una sola obra pública estatal de relevancia. Las poquísimas que hay, son federales, y el gobierno estatal se cuelga descaradamente de éstas para decir que sí hace algo. Hasta las promueve como suyas cuando hay informe de gobierno.

Y por las mismas andamos en materia de salud y educación. La semana pasada, el titular del sector salud, Fernando Benítez Obeso, tuvo que anunciar que se cancelaba el Programa de Trasplante de Médula Ósea en el estado y se revocaba el decreto para crear el Instituto Estatal de Oncología, por una razón abominable: no se cuenta con el equipo adecuado para ello.

¿Pero qué tal hubo dinero para las fastuosas y excesivas ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y para las instalaciones deportivas que hoy están abandonadas? ¿Qué tal va a haber dinero para las campañas de los candidatos con los que el fidelismo-duartismo pretende aferrarse al poder?

No basta sólo con evitar que de ahora en adelante los gobiernos estatales y municipales se endeuden irresponsablemente y a dos días de dejar el poder. Se tiene que meter a la cárcel a quienes se robaron el dinero con el que se hipotecó el futuro de millones de personas y que se utilizó para financiar campañas o para amasar fortunas personales.

De lo contrario, todo será, como siempre, una simulación.

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