No importa cuánto se esfuercen en intentar maquillar la realidad. Desde hace varios años, en Veracruz se vive una crisis de derechos humanos y de seguridad tan grave como la de entidades como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas.

La principal diferencia entre esos estados y Veracruz es que los gobiernos de aquellos no han sido tan “efectivos” para someter a la prensa, que bajo la fórmula de “plata, plomo o lodo”, ha callado ante hechos que pudieran haber logrado una repercusión tan grande como la de Tlatlaya o Iguala.

Por ejemplo, de acuerdo con lo expuesto en tribuna del Congreso del Estado por el diputado del Partido del Trabajo Fidel Robles Guadarrama, Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cantidad de fosas clandestinas y cuerpos encontrados en las mismas, con un total de 144 cadáveres exhumados en este sexenio.

Esta cifra, que debería ser motivo de horror y condena mundial, ha pasado casi desapercibida del ojo de los medios, que no han querido ver en toda su magnitud el tamaño del problema que se vive en esta entidad del Golfo de México, lo que dicho sea de paso, ni siquiera es algo nuevo. Desde hace varios años se ha denunciado la desaparición de personas en la entidad, tanto de habitantes del estado como de migrantes en tránsito, cuyo paradero, hasta la fecha, se desconoce.

De acuerdo con organismos civiles como el Colectivo por la Paz, de 2011 a 2013 se registraron 388 desapariciones forzadas, aunque la Procuraduría de Justicia del Estado reportó a inicios de 2014 que había más de 500 personas cuyo paradero se desconoce en la entidad.

A ello hay que agregar la participación de las fuerzas del estado en la comisión de estos delitos. A últimas fechas, se dio a conocer que en agosto de 2013 la policía estatal “levantó” a 20 personas en la comunidad de Corral de Piedra, perteneciente al municipio de Atoyac, en la zona centro del estado. Misma situación que se ha denunciado en Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y varias ciudades más.

Además, Veracruz es la tercera entidad del país con el mayor número de secuestros. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014 se reportaron 132 víctimas de ese delito.

En un reportaje publicado en el portal Web Animal Político, el experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope señala que “hay una política de negación permanente de la violencia. Borran a las víctimas de las estadísticas oficiales, de los medios. El gobernador Javier Duarte quiere mostrar a Veracruz como un caso de éxito en la pacificación del país pero la realidad es que sigue teniendo situaciones muy complicadas”.

“Todo ese corredor Orizaba-Córdoba-Xalapa ha sido territorio Zeta. Su presencia es menor ahora que hace tres años, pero todavía hay. Muchos a lo mejor ya no responden a un liderazgo, pero siguen operando. Según fuentes del gobierno, después de la detención del Z-40 (Miguel Ángel Treviño) una parte de la estructura de los Zetas quedó suelta”, afirma Hope.

Pero el gobierno de Javier Duarte está más preocupado por ocultar la verdad sobre la dilapidación y desvío de recursos en la (pésima) organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se inauguran este viernes en el estadio Luis “Pirata” Fuente en la ciudad Boca del Río, así como en impulsar a un miembro de esa misma camarilla para prolongarse en el poder otros dos años a través de una mini (e inservible) gubernatura, que en atender los problemas que en realidad ocupan y preocupan a todos los veracruzanos.

Al fin y al cabo, aquí sólo se roban frutsis y pingüinos, dice el Gobernador.

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