Las tan promocionadas y esperanzadoras reformas están en riesgo de no alcanzar sus objetivos e incluso  desviarse y mermarse, tanto en  alcances sociales como en logros económicos.

Pasar de las palabras a los hechos no va ser fácil, ni rápido.

Desde luego que hay unos obstáculos más complicados que otros. De ellos, el más simple y a la vez  el más difícil es el del combate a la delincuencia gubernamental. Erradicar corrupción es inicio de solución de alcances sociales alentadores.

Inútil negar la existencia y magnitud del problema. Injusto persistir en la simulación cómplice del “no pasa nada y todo va bien”. La naturaleza del daño y sus consecuencias, se saben dentro y fuera del país. México líder en corrupción. La ONU sostiene que erradicarla mundialmente es prioritario.

Tal vez por eso, hace más de dos años el entonces presidente electo. Enrique Peña Nieto se comprometió a iniciar sus reformas con tres acciones anticorrupción gubernamental, que incluso en un artículo definió como el “comienzo del cambio”.

Cambio y comienzo que siguen pendientes y, para empezar distorsionados en su idea original, ya que ahora resulta que se pretenden concentrar nuevas y viejas atribuciones en una dependencia del mismo gobierno al que se pretende vigilar y limpiar.

De cualquier forma. Hoy, todavía no se hace realidad el compromiso adquirido y el gobierno sigue dando largas a la atención y solución de este problema determinante y trascendente en todo ámbito ciudadano, empresarial y social.

Repetir e insistir lo comprobado, que el combate a la corrupción gubernamental,  empieza con la disposición de buena información para impulsar mayor participación social y asegurar una acción institucional efectiva. Imprescindible, más y mejor acceso a información y no ocultamiento, manipulación y simulación.

“La injusticia a otros, es a nosotros”

Obligado atender el tema, ya que podrían estar en peligro libertades y derechos ciudadanos y sociales, vinculados con  transparencia, acceso a la información y  rendición de cuentas, verdaderas y efectivas, no simuladas o controladas.

Incluso, debe señalarse, que silenciar y controlar medios, expone de muchas formas  la eficiencia y eficacia gubernamentales.

Preciso repetir, insistir que la falta de información desalienta, distorsiona o minimiza la presencia y participación activa, ciudadana y social en la permanente lucha contra la delincuencia dentro y fuera de los gobiernos. La disponibilidad de información objetiva, actualizada y confiable, es vital para saber distinguir entre logro y pendiente, retroceso o avances, acierto y error, pérdida y beneficio. No se puede corregir, reforzar, mantener o cambiar lo que no se conoce.

Por estas y otras razones preocupa y ocupa, toda señal de alerta. Porque para no perder la costumbre, persiste la tentación voluntariosa, abusiva y dictatorial gubernamental; está presente y activa en ámbitos federal, estatal y municipal.

Recurrentes y persistentes, con otros rostros y nombres, los mismos depredadores del efímero poder público intentan ir más allá de su  mediocridad, ineficiencia e ineptitud; de su perversión y transgresión gubernamental.

Total saben que complacencia y complicidad aseguran impunidad. Más, si lo que hacen y deshacen no se sabe, minimiza o distorsiona; de ahí que ocultar, silenciar, deformar  y controlar la información sea una de sus actividades delincuenciales persistentes en el gobierno. Objetivo: impedir transparencia,  acceso a la información, fiscalización efectiva y verdadera rendición de cuentas. A lo más, simulación, entretenimiento y autopromoción, cuesten lo que cueste.

Peligros y alerta

La Jornada, en su editorial de aniversario, titulado “Tres décadas”,  hace señalamientos que no pueden ni deben ser ignorados o desatendidos. 

“Cabe preguntarse, en esta circunstancia, si los impagos mencionados son un mero descuido burocrático o una forma específica de presión sobre la línea editorial del diario. Sin afán de prejuzgar, hay un hecho inquietante y grave: el bloqueo de publicidad que la Federación y los gobiernos estatales han impuesto a la revista Proceso, que es sin duda la publicación política semanal más importante del país y, como La Jornada, un medio que ha destacado por su independencia.

“Tal medida constituye una regresión de siete lustros a tiempos de autoritarismo presidencial que se suponía superados: ‘no pago para que me peguen’, explicó José López Portillo cuando impuso el embargo publicitario a Proceso a finales de los años 70 del siglo pasado, en lo que fue una valoración aberrante, tanto porque pretendía reducir la institucionalidad federal a su persona, como porque el erario no era suyo, sino de la nación”.

“Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista de los anuncios del sector público sigue siendo una amenaza para la subsistencia de los medios independientes y, por consiguiente, para la libertad de expresión y el derecho a la información. El ámbito institucional no ha comprendido que la comunicación social es una obligación y que los recursos destinados a ella son dinero público que debe ser distribuido en forma equitativa y proporcional entre los medios, al margen de diferencias o de disgustos por sus respectivas líneas editoriales”. (La Jornada. Proceso. 190914)

Es imperativo, trato gubernamental justo a medios de comunicación.

En la pluralidad es normal encontrar variados y hasta opuestos puntos de vista. El Estado está obligado a garantizar a todos el ejerció de libertades y derechos y no puede ni debe, utilizar contratación y pago de servicios adquiridos o de futura posibilidad, posponiendo, condicionando y aprovechando deudas adquiridas o posibles contrataciones ofrecidas.

Manipular y pretender someter medios y comunicadores, para silenciarlos o utilizarlos es una vieja e indebida práctica, que  vuelve más inútil con la revolución tecnológica que se vive y dispone. Ahora, cualquier ciudadano o grupo, puede lograr comunicación instantánea y hasta global. Inútil y costoso pretender ocultar lo inocultable. Además, ¿cómo combatir delincuencia y corrupción dentro y fuera del gobierno sin información? ¿Cómo asegurar y fortalecer participación  social, sin información actualizada y confiable?  

Se puede estar a favor o en contra de opiniones difundidas por un medio, pero nunca se puede estar de acuerdo en silenciarlo, estrangularlo y destruirlo.

Injustificable e inaceptable usar el poder gubernamental para desaparecer, agredir o perseguir periodistas, por expresar sus ideas. @RafaelAriasH