El descrédito en el que se han sumido los partidos en México, prácticamente por igual, hizo que de unos años a la fecha se pensara seriamente en las candidaturas ciudadanas como una opción para los votantes que no se identifican con ninguna de las ofertas políticas existentes.

No es tampoco algo nuevo. Siempre ha habido ciudadanos que se han “postulado” por la libre, sin estar respaldados por un partido político en un proceso electoral. Pero esa misma condición independiente hasta hace poco hacía imposible legalmente que accedieran a un cargo de elección popular aún si llegaran a alzarse con la victoria por sobre los candidatos formales, lo que sí ha ocurrido alguna vez, específicamente en elecciones de ediles.

El año pasado, la muestra de hartazgo ciudadano fue tal, que se popularizó la idea burlona de “postular” como “candidatos” a animales, como una expresión de rechazo a los políticos y partidos tradicionales, que se han alejado por completo de los ciudadanos, cuyos intereses es lo último que defienden cuando llegan a posiciones de poder.

La idea prendió en las redes sociales de una manera sorprendente, lo que incomodó a la partidocracia y a sus defensores, que no creen que exista otro camino para transformar al país que el de participar en elecciones a través de institutos políticos desgastados, desideologizados y cooptados por verdaderas mafias que se perpetúan en el poder y mueven los hilos de éste a su propia conveniencia.

Para bajar la presión social sobre la pésima reputación de los partidos que monopolizan el acceso al poder, éstos decidieron darle a los mexicanos, en la reciente reforma política aprobada en el Congreso de la Unión, la “graciosa concesión” de legislar y reconocer, tras años de exigirlas, las candidaturas independientes, sin que medie la obligación de adoptar siglas partidistas para ese objetivo.

Pero mezquinos como son, lo que aprobaron está cerca de ser una mera simulación. Los requisitos para registrar una candidatura independiente son prácticamente infranqueables para un ciudadano de a pie. Por ejemplo, para postularse a la Presidencia de la República, se necesitan recabar y presentar ante el Instituto Nacional Electoral las firmas de aproximadamente 1 por ciento del padrón electoral, lo que equivale a unos 780 mil votantes. En el caso del Senado, se exige la firma del 2 por ciento del padrón estatal, y para diputados federales, de 2 por ciento del padrón distrital. Además, esto deben costearlo con recursos propios.

¿Quién tiene la estructura y el dinero para cubrir esos requisitos? Adivinó: los mismos políticos que ya participan en los partidos tradicionales. Ellos son los verdaderos beneficiarios de esta legislación, que les permitirá mantenerse dentro de la “jugada” electoral aún si sus partidos de origen no los convierten en candidatos, o bien como estrategia para dividir y pulverizar el voto de los sectores de la sociedad que no estén corporativizados.

No es que la solución a una nuestras desgracias nacionales sea votar por un gato o un burro (sin alusiones a nadie). La intención era, y sigue siendo, devolver a la palabra “democracia” su sentido primero: que el poder sea del pueblo, de la gente.

Sin embargo, la partidocracia también nos robó eso.

Twitter: @yeyocontreras