“No falta dinero,  sobran ladrones”. Directo y claro, sostienen  pensionados y activos en contra de apresurada  ley y simulación como solución.

Nuestros viejos están en las calles, en la lucha que no esperaban ni merecen tener.  Muchos de ellos enfermos, cansados, discapacitados, en silla de ruedas o en muletas se inconforman y protestan. No están, ni estarán solos. Es apenas el principio.

Memoria de los últimos sexenios 

Historia repetida que el olvido oculta y distorsiona.  Sexenio tras sexenio, se reproduce  crisis de pensiones y su recurrente tragicomedia, pero en mayores proporciones y con peores consecuencias.

La diferencia es que esta vez, con la apresurada  aprobación de una ley, si algún aspecto positivo tiene, queda borrado, menospreciado o minimizado  por la innecesaria imposición legislativa  exprés. ¿Qué de la irresponsabilidad de diputados? ¿Qué  de la complacencia, complicidad y encubrimiento del ORFIS y la Contraloría General? ¿Dónde están informes de gobierno y otros reportes oficiales,  del “vamos bien y viene lo mejor”?

Injusto ignorar y callar: pensionados y activos son víctimas, no causan la crisis. ¿Y los presuntos responsables y prófugos potenciales?  

Inocultable, legislar  rápido y sin reflexionar,   ocasiona  malestar creciente,  no sólo de los afectados presentes y futuros pensionados, sino también de la población en general que, por encima de discursos y promesas, continúa en empobrecimiento y endeudamiento crecientes, en  persistente inseguridad y violencia.

Por lo pronto y a reserva de profundizar en los importantes y determinantes detalles, de esta situación ocasionada  por la reciente ley aprobada, entre otros, destacan tres aspectos generales: legalidad, legitimidad y efectividad.

Aspectos que agrupan diversas actividades, mismas  en las que se  enfocará este breve comentario.

Uno,  legalidad en conflicto. Urge asegurar la fundamentación necesaria  con el Estado de Derecho, nacional e internacional, para reducir y eliminar contradicciones e inconsistencias que pueden provocar  afectaciones, conflictos y problemas; esto es, es indispensable ajustar y reajustar  lo  reformado,  para consolidar  la solidez legal y viabilidad de aplicación o puesta en práctica. Poniendo  particular atención a lo relativo a garantía y respeto de Derechos Humanos y Sociales,  que las pensiones requieren y los beneficiarios reclaman.   

Dos, legitimación en duda o rechazo. Simplemente tener presente que en una Democracia,  todo acto de gobierno debe legitimarse; esto es, obtener  consenso social,   aceptación y respaldo de la población. Es notorio que la nueva ley es rechazada, en buena medida, al afectar libertades y derechos alcanzados, al ser contradictoria o confusa en algunas de sus partes.  

Y tres,  efectividad en  consecución de objetivos y soluciones. Hay que cerciorarse si como quedó, si tal como está, resuelve la crisis en la que se encuentra el IPE. La respuesta es simple, el problema principal no está resuelto, en tres o cuatro  años de nuevo hará crisis; sobre todo si no hay  seguimiento y control, fiscalización verdadera y evaluación constante.

Entre  lo más cuestionado, es que no propicia que se  aclare y muestre monto, uso y destino de fondos acumulados y reservas laboriosa y pacientemente reunidas, concluyendo que, “ni borrón, ni cuenta nueva”.

 Además, extraña sobremanera, que  dispone, preferentemente, seguir manejando los recursos como si fueran  públicos y no como un fondo de ahorro de los trabajadores; injustamente, continúa negando y privando a pensionados, de participación y  representación  en el manejo y decisiones  de  sus propios recursos y asuntos;  persiste en  mantener opacidad y discrecionalidad, como ocultar  la lista de los superprivilegiados y la cuestionada injerencia gubernamental; y,  sobre todo, facilita complacencia y falta de aplicación de la ley, que ocasiona pérdidas, retrocesos y crisis a la institución. Incluso se sostiene, que no es necesaria otra ley, porque la costumbre es  que no se cumpla, ni se haga cumplir. En muchas formas, ineficiencia, delincuencia e impunidad permanecen activas.

Por lo demás,  aspectos de legalidad, legitimidad y efectividad condicionan toda política pública y acción de gobierno. De ahí que en  sistemas democráticos  es inaceptable e improcedente cualquier versión de “la ley de Herodes”.

Las inconformidades y protestas apenas empiezan, destacándose  acciones legales como la promoción de amparos, pero ahí no terminarán. Es previsible, movilización creciente.

De magnitud y complejidad 

El problema, sin duda, es económico; pero también, al mismo tiempo, es  administrativo y político. En suma,  es de gobernabilidad y buen gobierno.

A pérdidas y administración sometida y responsabilizada, hay que agregar uso y abuso de atribuciones e incumplimiento de obligaciones gubernamentales que, en el mejor de los casos se aceptan y posponen, para al final negarse y no consumarse.

En contextos más amplios, no hay que olvidar que la repetida historia de ineficiencia y delincuencia en gobiernos; de desatención y falta de solución a necesidades, exigencias  y problemas sociales, originan en gran parte, falta de credibilidad y confianza,  y hasta  desobediencia y resistencia civil, que puede desembocar en inestabilidad e inseguridad, en enfrentamientos y violencia.

No se necesita ser experto para asegurar que toda ley humana no es perfecta, completa y pura. Tampoco para  entender porque, por principio de legitimación, en un sistema democrático  cualquier “ley de Herodes” ocasiona inconformidad y rechazo. La población no está obligada a obedecer, respetar y aplicar una ley total o parcialmente injusta, inapropiada, contradictoria o adversa.

Por eso, ante posible  resistencia  o  desobediencia civil;  reclamos de  garantía y respeto al simple ejercicio de derechos y libertades; y concreción de soluciones verdaderas, precisa tener presente que se tienen alternativas de solución, o cuando menos de atención y respuesta inmediata a los problemas y requerimientos sociales.  Facilitar  dialogo, atender  protestas, considerar  reclamos. Ajustar, clarificar y precisar contenidos de lo reformado, explicar procedimientos y alcances,  es posible y deseable. Es un derecho social y humano que no se puede ignorar y desatender.

Alternativas pertinentes, si poderes legislativo y ejecutivo, directamente involucrados en el problema (que crearon), se ponen a trabajar con responsabilidad y profesionalismo. No hay de otra. A menos que lo que se pretenda sea causar problemas y complicarlos.

Novedades de otras verdades 

“De saliva y promesas, no viven las empresas”,  sostiene  Antonio Pino,  representante de CANACINTRA-Xalapa. A esto dicho, ¿qué agregar? @RafaelAriasH