En solidaridad con Claudia Guerrero

Todos quienes nos dedicamos a la profesión periodística tenemos claro que, en los tiempos actuales, y sobre todo en estados como Veracruz, que se ha convertido en un territorio sin ley en los últimos cuatro años, ejercer este oficio implica un alto riesgo.

Los diez periodistas asesinados en la entidad veracruzana durante el actual sexenio estatal son la prueba más contundente de la aseveración anterior. Sin embargo, no es la única. Se ha convertido en un ominoso acto cotidiano la intimidación, el hostigamiento y el acoso hacia quienes desde la trinchera periodística hacen una crítica de los abusos, corruptelas e incluso delitos que desde las altas esferas del poder se cometen con total impunidad.

Esto es un crudo reflejo del gobierno autoritario e intolerante a la crítica que hay en Veracruz. Aunque, sin que suene a justificación, también es una muestra del ambiente de persecución que priva en todo el país hacia quien piensa y se expresa de una manera diferente a la marcada en el guión oficial dictado por quienes tienen el poder y abusan del mismo.

En su segundo informe trimestral, que abarca de abril a junio de 2014, el organismo no gubernamental Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión e información, documentó 87 agresiones a medios y periodistas en México, de las cuales, 39 fueron físicas, 14 intimidaciones, 13 detenciones arbitrarias, nueve amenazas, cuatro actos de censura y ocho acciones legales.

Para no variar, las entidades más violentas para ejercer el periodismo en México, durante el segundo trimestre de 2014 fueron, en primerísimo lugar, el Veracruz en tiempos de Javier Duarte de Ochoa con 19 agresiones, seguido por el Distrito Federal –que gobierna la “izquierda” de Miguel Mancera– con 15, y el estado de Quintana Roo, en manos de otro ínclito representante de la generación los “dinos junior”, Roberto Borge Angulo, con 12.

De acuerdo a la evaluación de Artículo 19, “la repetición de las agresiones y la impunidad que suele acompañar a los casos documentados, ha provocado que la violencia contra la prensa tienda a incrementarse, pero también un efecto amedrentador para las y los profesionales de los medios, quienes optan por continuar con su trabajo a pesar de los riesgos de informar en un país como México, donde más del 90 por ciento de los delitos denunciados quedan en la impunidad”.

Basta con echar un vistazo a Veracruz en este momento para comprobar lo anterior. Por un lado, se le sigue un proceso plagado de irregularidades jurídicas a la comunicadora María Josefina Gamboa Torales, a quien se mantiene en prisión contra viento y marea por haber atropellado y dado muerte de manera accidental a una persona, aunque su verdadero “delito” es ser una feroz crítica del Gobernador veracruzano.

Otro caso es el de la periodista Claudia Guerrero Martínez, quien es acosada y amedrentada en su domicilio particular por el llamado Movimiento de los 400 Pueblos, un grupo de choque mercenario disfrazado de agrupación campesina, que pactó con el duartismo desde la campaña de 2010 y que desde entonces hace lo que quiere en el estado de Veracruz, como intimidar a los críticos del gobierno estatal, tal cual sucede en este caso, sin que haya autoridad alguna que ponga orden y proteja la integridad física y patrimonial de la periodista y su familia, dejándolos a merced de la turba.

A ello hay que agregar las presiones para reducir los espacios en los medios a los periodistas críticos, ya sea “escondiendo” sus textos en los portales Web que reduciendo o de plano negando su publicación en los diarios.

Dice Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, que “la impunidad constituye un obstáculo fundamental para la protección de la vida y la integridad personal de las y los periodistas, puesto que anima a atentar a sabiendas de que no habrá consecuencias legales”.

Aquí en Veracruz, esto lo tienen demasiado claro.

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