Este lunes 28 de abril se cumplen dos años del artero asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en este estado.

Veinticuatro meses después, su caso es ejemplo de la más absoluta, ruin y detestable impunidad. Una muestra inobjetable de la podredumbre del sistema de justicia y del régimen político en Veracruz.

A la fecha, no hay un solo detenido por el homicidio de Regina, quien en vida se caracterizó por ser una periodista crítica, puntillosa, de las que nunca le dio concesiones al poder. Siempre creyó en el periodismo como una labor cuyo objetivo era servir a la sociedad, no servirse de ella. Su vida austera, su comportamiento público discreto, alejado del glamour y la frivolidad de los poderosos, son la mejor referencia para comprobar lo anterior.

Y es por ello que resultaba molesta para esa clase política cuyos excesos eran denunciados por una reportera a la que nunca pudieron corromper. Por eso es que decidieron silenciarla, sin saber que con su cobarde agresión, agigantaron el nombre y la figura de la comunicadora de pequeña y frágil complexión, cuya voz, aún tras su deceso, suena tan fuerte como cuando hacía temblar a los políticos corruptos cada que desnudaba sus inmundicias.

La actuación del gobierno estatal en el caso de Regina Martínez ha sido un desastre, una vergüenza. Armó un tinglado para inculpar del homicidio a un drogadicto seropositivo y a un delincuente de poca monta con tal de no aceptar investigar su trabajo periodístico como posible móvil y así reducirlo a un simple robo.

Para mayor escarnio del Gobierno de Veracruz, el Poder Judicial del Estado dejó en libertad al único detenido que había por el caso, Jorge Antonio Hernández Silva, por falta de pruebas y porque su confesión le habría sido sacada a base de torturas, no obstante que ya había recibido sentencia de 38 años de cárcel. Lo último que trascendió sobre este sujeto es que trabajaba en la Central de Abastos de Puebla. Del otro indiciado, José Adrián Hernández Domínguez, apodado el Jarocho, nunca se ha sabido nada.

Aunque se diga lo contrario, la investigación sobre la ejecución de Regina Martínez no está cerrada. Y por eso es que el gobierno veracruzano pretende mantener su versión del robo como el motivo de la agresión y maniobra ahora en el Poder Judicial federal para conseguirlo.

Pero por más malabares que hagan, la muerte de Regina Martínez perseguirá para siempre al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Porque no le preocupó brindar condiciones para el ejercicio libre del periodismo en Veracruz. Por dejar en la indefensión a todos los trabajadores de la información desde el momento en que comenzaron los ataques en su contra. Por pretender “resolver” su caso y el de todos los demás periodistas asesinados en Veracruz a partir de injuriar su memoria, sin que mediara investigación alguna. Por su enorme desprecio a la labor de los medios de comunicación y a quienes en éstos trabajamos.

Regina cumplió con lo que le tocaba hacer en este mundo. Con su vida pagó su valentía y su convicción de buscar hacer lo correcto. Nada hay que podamos reprocharle y sí mucho que agradecerle.

Todo lo contrario con el gobierno estatal, que mientras no haga verdadera justicia para Regina, llevará una marca de ignominia tatuada en la frente, que ni con mil carretadas de dinero se podrá borrar.

Como hace un año, te lo vuelvo a decir, Regina: no te pudieron ni te podrán callar.

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