Desquiciante, por decir lo menos, fue la declaración del procurador general de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, respecto de demandar a las compañías ferroviarias Kansas City y Ferrosur por su supuesta responsabilidad en las agresiones a los migrantes centroamericanos que viajan en el lomo de “La Bestia” por territorio estatal.

Según el Fiscal del estado, ambas compañías, operadoras del ferrocarril que cruza Veracruz, tienen la culpa de que los migrantes sean vejados, extorsionados, lanzados de los vagones y asesinados por grupos criminales, por el simple hecho de que “permiten” que estas personas se suban al tren.

Esta barbaridad no es sino un pretexto para intentar lavarse las manos, escurrir el bulto, de la responsabilidad que tiene el Gobierno del Estado para brindar seguridad a cualquier persona que pise el territorio de la entidad, así como para garantizar el derecho de libre tránsito.

Que alguien le diga al Procurador que “La Bestia” no es un tren de pasajeros, sino un transporte de carga comercial, al que los migrantes se suben subrepticiamente, de la misma manera que entraron al país, sin pagar peaje y sin documentación alguna.

¿Que hay todo un tinglado de corrupción detrás del tráfico de migrantes? Por supuesto. Y precisamente esas redes que se aprovechan, que abusan de la necesidad de estas personas, son las que el gobierno debería preocuparse por combatir. En ciudades como Coatzacoalcos, todo mundo sabe dónde están los “coyotes”, cómo y a qué hora operan, y que no únicamente se limitan a traficar personas, sino que expanden sus actividades ilícitas al secuestro, el narcotráfico y otros delitos.

A quienes habría que demandar, por indolentes, corruptos o ineptos, según el saco que quieran ponerse, es a las autoridades que tendrían que hacer valer la ley y resguardar el respeto a los derechos humanos en cualquier rincón de Veracruz, y que claramente no están cumpliendo con su deber. Tanto del orden federal como estatal y municipal.

Mientras no se reconozca que, principalmente en la zona sur de Veracruz, se vive una verdadera crisis humanitaria en torno del fenómeno del tráfico de personas, se repetirán una y otra vez escenas dantescas que cada vez se vuelven más comunes, en las que sin piedad los criminales arrojan del ferrocarril a niños, jóvenes y mujeres que terminan arrollados, mutilados, muertos.

La responsabilidad en la problemática migrante es compartida. Y el Gobierno de Veracruz, aunque quiera, no puede eludirla.

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