Si hay una organización dizque social realmente nefasta en Veracruz es el denominado Movimiento de los 400 Pueblos. Se trata de una numerosa pandilla de mercenarios que, usando el pretexto de la reivindicación de la lucha social, es utilizada para beneficiar los intereses de su sempiterno dirigente, César del Ángel.

Sus métodos de presión son  de sobra conocidos. En las zonas rurales, invaden tierras y agreden campesinos. En las urbanas, se apoderan de las plazas públicas en las que acostumbran desnudarse a la vista de la población para exigir que se atiendan sus demandas, que no son otras que canonjías para su líder, que por esos actos de indignidad les paga una “lanita” a sus “campesinos”, que en su vida han arado un pedazo de tierra.

Esta estrategia le ha permitido a César del Ángel no sólo sobrevivir a lo largo de cinco sexenios en Veracruz, sino obtener jugosos dividendos económicos y políticos, a costa de lucrar con la pobreza que dicen sufrir sus legiones, que sin dignidad alguna, se prestan a su juego.

Como buenos mercenarios, los 400 Pueblos venden la grotesca exposición de sus flácidas carnes al aire al mejor postor. Así lo hicieron en las elecciones para Gobernador en 2010, cuando se dedicaron a perseguir al candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares (viejo enemigo de César del Ángel, a quien mantuvo en prisión durante el régimen de Patricio Chirinos). En pago a sus “servicios”, el gobierno de Javier Duarte le regaló una diputación local por la vía plurinominal a su hijo Marco Antonio del Ángel Arroyo.

Pero como también sucede con los mercenarios, no tienen “llenadera”. Los 400 Pueblos constantemente regresan a la capital a ejercer presión para que a César del Ángel le sean concedidas más prebendas. Sólo que ahora no regresaron solos.

En su más reciente incursión a Xalapa para llenar de excremento y orines la plaza Sebastián Lerdo de Tejeda, junto a César del Ángel apareció Reynaldo Escobar Pérez, ex alcalde de la ciudad, ex secretario de Gobierno del sexenio de Fidel Herrera Beltrán y ex procurador de Justicia de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Escobar Pérez se ostentó como “asesor” de los 400 Pueblos y, para Ripley, quien antes fuera el encargado de la gobernabilidad y luego de la procuración de justicia en Veracruz, se convirtió en el principal incitador para que la turba encendiera la protesta. Y para doble Ripley, fue atendido de inmediato, en la plaza pública, por el secretario de Gobierno actual, Erick Lagos Hernández, quien no acostumbra atender manifestaciones sociales, y mucho menos en la calle.

Tras una charla de unos minutos, Reynaldo Escobar y César del Ángel se trasladaron a la Procuraduría estatal para hablar con su titular, Luis Ángel Bravo Contreras, so pretexto de analizar los avances de las “demandas” de la agrupación.

Pronto aparecería el peine.

Al cabo de unas horas, los 400 Pueblos allanaron una propiedad en el centro de Xalapa, donde instalaron lo que pretenden sean sus oficinas centrales, bajo el parapeto de ser una “casa del campesino”. Según ellos, la rentan. Pero la realidad es otra.

El inmueble tiene dueño. Se trata de Concepción Ramírez Muro, quien fuera síndica del ayuntamiento de Xalapa cuando Reynaldo fungió como presidente municipal, además de su pareja sentimental por varios años. Ramírez Muro denunció públicamente que su propiedad había sido invadida por las huestes desnudistas de César del Ángel, bajo el amparo y conducción  de Escobar Pérez.

Y es que precisamente el pasado 10 de febrero, Concepción Ramírez Muro presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de Reynaldo Escobar, por abuso de poder, corrupción, violencia de género y perversión de la justicia.

En su escrito, dirigido al presidente del organismo Luis Fernando Perera Escamilla y con copia para el Gobernador, el Procurador y el Presidente del Poder Judicial, Ramírez Muro describe cómo, tras el término de su relación, Reynaldo Escobar “con cierta periodicidad me mandaba mensajes, a través de conocidos comunes, para pedirme que le vendiera una casa de mi propiedad, ubicada en la calle J.J. Herrera # 12, en la colonia Centro de esta ciudad capital” (la misma que está hoy en poder de los 400 Pueblos).

“En varias ocasiones lo intentó y mi respuesta fue negativa, como lo pueden o pudieran atestiguar los mensajeros, sino tuvieran temor de hacerlo en este estado de las cosas. Su interés por ese inmueble no cedió nunca, y hasta en los momentos menos oportunos se atrevió a mandarme a decir que quería que se la vendiera.

“En el mes de octubre de 2012, yo, mi hijo y mi ex marido fuimos víctimas de un secuestro, del cual afortunadamente fuimos liberados tras pagar un rescate que nos demandó endeudarnos bancariamente, entre otras pérdidas materiales y afecciones de salud física y mental. Fue justo unas semanas después de mi liberación, en el mes de noviembre de ese año, cuando me mandó a decir con el licenciado Celestino Acosta González (amigo en común), que le vendiera la casa de J.J. Herrera, probablemente pensando que yo accedería ante la difícil situación económica en que me encontraba después del secuestro. Sin embargo, también en esa ocasión fui muy clara al decirle al intermediario que le informara a Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez que no era mi voluntad venderle esa casa.

“Hacia el mes de febrero de 2013, intenté pagar el impuesto predial de mi propiedad a través de la página del Ayuntamiento reiteradas veces, pero el sistema no me lo permitía, así que decidí acudir físicamente a los módulos de cobro del Palacio Municipal: ahí me informaron que el impuesto estaba pagado y que la propiedad había cambiado de dueño. Indagué entonces en Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad, y descubrí que Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez se había vendido a sí mismo mi bien inmueble, utilizando un segundo testimonio del poder que años antes yo le había otorgado para otro fin, y cuyo primer testimonio estaba en mi poder.

“El 29 de enero de 2013 (un día después de que obtuvo el segundo testimonio de ese poder), Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez se vendió a sí mismo el inmueble de mi propiedad ante la fe del Notario Público 16, licenciado Rafael de la Huerta Manjarrez, quien asentó mentiras y falsedades en la escritura sin verificarlo o constatarlo conmigo, pues consignó en el instrumento público que Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez me había pagado con anterioridad (y que yo había recibido dinero) por esa compraventa sin que hubiera prueba alguna de ello, por lo tanto no podía constarle ni dar fe de ese pago, el cual, por supuesto, nunca se realizó, pues no existen pruebas documentales o testimoniales de ello. Este caso evidencia corrupción y contubernio entre Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez y este Notario Público.”

Ramírez Muro continúa su querella relatando las múltiples anomalías legales tejidas por Escobar Pérez (quien se distingue por ser un conocedor de las leyes y sus vericuetos, además de ser un hombre sin escrúpulos), y consigna que recibió varias amenazas de su parte así como reiterados intentos de despojo del inmueble, todo lo cual fue denunciado ante la Procuraduría, sin que avanzara ninguna de las investigaciones.

“Sí quiero declarar que siento miedo, impotencia e indefensión ante la actuación violenta que ha tenido Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez para conmigo. Porque lo conozco y fui su pareja, sé que tiene la capacidad y habilidad intelectual para atentar contra mí o mi familia de muchas formas, sin ser el ejecutor material de nada, diluyendo su presencia y moviendo los hilos del tinglado. Los artilugios jurídicos y las relaciones que ha movido para despojarme de mi casa son sólo una pequeña prueba”, subraya Ramírez Muro en su escrito.

De acuerdo con personas relacionadas con este asunto, en el gobierno estatal dejaron hacer a Reynaldo Escobar, pues a sabiendas de que se ejecutaba un despojo, pues la propiedad está en litigio, se hicieron de la “vista gorda” a cambio de que los 400 Pueblos desocuparan la plaza Lerdo.

Ésta es una muestra más de que Veracruz es un estado sin ley, donde los poderosos se pasan el Derecho por el arco del triunfo. Donde por un asunto particular se permite el secuestro de una ciudad entera. Y lo que es peor, donde los ciudadanos estamos a merced de los delincuentes, trabajen o no en el gobierno.

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