La enorme presión mediática a que fue sometido el gobierno de Javier Duarte de Ochoa tras el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz tiene sus primeros efectos visibles.

Al parecer, es casi un hecho la salida de Amadeo Flores Espinosa de la Procuraduría, lo cual él mismo buscó hacer desde que el Tribunal Superior de Justicia del Estado dejó en libertad al presunto homicida de otra periodista, Regina Martínez, exhibiendo lo mal integrada que estuvo la averiguación de este caso, hasta la fecha –y no nos cansaremos de señalarlo– impune.

Javier Duarte en persona se encargó de darle credibilidad a la versión de la salida de Flores Espinosa al aceptar esa posibilidad durante una conferencia de prensa con un grupo de reporteros muy temprano por la mañana de este lunes 17 de febrero, para luego “balconearse” en una ventana de palacio de gobierno con quien se piensa sería el relevo, Luis Ángel Bravo Contreras, actual presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

No sería éste el único movimiento en el gobierno veracruzano. Se maneja con insistencia que Gina Domínguez dejaría la Coordinación de Comunicación Social para ser reubicada en otro cargo. El fuego mediático de la semana pasada y el demoledor hashtag que se convirtió en Trending Topic en la red social Twitter, #HastaquerenuncieDuarte, habrían sido la puntilla para la funcionaria, que a pesar de ello no será abandonada por su jefe quien, dicho sea de paso, no tiene contemplado renunciar.

Sin embargo, los meros cambios no aportan soluciones a una problemática que va más allá y que tiene que ver con una política de gobierno incapaz de hacerse la mínima autocrítica y que, por ende, no tolera las de los demás. Mientras no se acepte que hay una situación anómala de inseguridad e indefensión no sólo para el ejercicio del trabajo de los periodistas, sino para toda la población del estado, podrán cambiar a todo el gabinete y todo seguirá igual en Veracruz. Hace falta sensibilidad y un cambio radical, sobre todo, de actitud.

Justicia para Gregorio y protección para su familia

Este fin de semana, una misión de observación integrada por representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, Periodistas de a Pie y Artículo 19, acudió a Coatzacoalcos y se reunió con periodistas de la región sur de Veracruz para documentar la situación que se vive en la zona tras el asesinato de Gregorio Jiménez.

Entre todos, firmaron un desplegado dirigido a las autoridades federales y estatales, a organizaciones nacionales e internacionales de periodistas y a las comisiones internacionales, nacionales y locales de Derechos Humanos que establece lo siguiente:

1. Exigir la cabal procuración y aplicación de la justicia en el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, para que el seguimiento del proceso en contra de los inculpados de su muerte se conduzca conforme a Derecho, se asigne un abogado a la familia de la víctima, para que vigile que en caso de demostrarse su culpabilidad paguen por su crimen y no sean excarcelados por errores u omisiones en la integración del expediente.

2. Que se retire del caso Gregorio Jiménez de la Cruz al juez tercero de Primera Instancia en Coatzacoalcos, Uriel Domínguez Colío, hermano de la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gina Domínguez Colío, para garantizar la imparcialidad durante el proceso.

3. Que el Gobierno del Estado y/o el Gobierno federal, a través de las instancias correspondientes, garanticen la integridad física de la familia de Gregorio Jiménez de la Cruz, reubicándola si es necesario, siempre tomando en cuenta la opinión de sus integrantes.

4. Que el Gobierno del Estado y/o el Gobierno federal, garanticen la seguridad económica de la familia de Gregorio Jiménez de la Cruz, proporcionándoles una fuente de ingresos viable y permanente.

5. Que las empresas para las que trabajó Gregorio Jiménez de la Cruz asuman su responsabilidad de proporcionar una indemnización a la familia de la víctima.

6. Que los diferentes niveles de gobierno avancen en la restauración de las condiciones de seguridad de la sociedad en general en esta región, lo cual repercutirá directamente en la seguridad para los trabajadores de los medios de difusión.

7. Que desaparezca la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y que los 20 millones de pesos anuales que se destinan a ese organismo se utilicen en la creación de un fideicomiso para la compra de seguros de vida para los reporteros que acrediten debidamente el ejercicio de su profesión. El decreto deberá ser aprobado por el Congreso del Estado.

8. Que se establezca un protocolo eficaz de reacción para que haya una respuesta inmediata de parte de las corporaciones, incluyendo al Ejército Mexicano, en los casos de privación ilegal de la libertad, tanto de periodistas como de cualquier miembro de la sociedad.

9. Que se establezcan mecanismos de capacitación para fomentar la cultura preventiva entre los periodistas, para no correr riesgos innecesarios.

10. Que se dé seguimiento al caso del periodista de Acayucan Gabriel Manuel Fonseca, “Cuco”, desaparecido desde el 17 de septiembre de 2011, sin que se tenga conocimiento de pesquisa alguna para localizarlo. Hasta el momento la familia del periodista no ha recibido ayuda, a pesar de la promesa gubernamental.

En lo personal, me adhiero y suscribo estas peticiones. Ahora habrá que ver cuál es la verdadera disposición del gobierno para atenderlas.

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