Yadira Hidalgo/

Esta semana Uruguay y España se colocaron en las principales páginas de los medios de comunicación Internacional, ¿el motivo? Las reformas que en ambos países se han impulsado y que impactan directamente los derechos humanos de sus habitantes.

Pero mientras el país sudamericano es nombrado “El país del año” por la prestigiosa revista británica “The Economist”, bajo el argumento de que “ha iniciado reformas que abren camino y que no sólo mejoran una nación, sino que beneficien a todo el mundo”, España se ha puesto literalmente “a la cola” de los países de la Unión Europea, pues el retroceso que ha dado en materia de derechos humanos con la aprobación de las recientes reformas contra los derechos de las mujeres, ha evidenciado que la derecha más recalcitrante, retrógrada y ultra conservadora existe y está más viva que nunca.

En el 2010, España aprobó la ley que convirtió a la interrupción del embarazo en un derecho, como lo es en la mayoría de los países que conforman la Unión Europea. En 20 de los 28 estados, es legal y se puede realizar sin alegar ninguna razón entre las 12 y 14 semanas de gestación. La llegada de la derecha al gobierno ha cambiado el panorama para las españolas: este viernes, con la Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, España se convirtió en uno de los estados más restrictivos, pues sólo permitirá el aborto bajo las causales de violación y riesgo de salud de la mujer.

Por otro lado Uruguay se pone a la cabeza de los gobiernos progresistas al impulsar tres polémicas reformas: la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de la importación, producción, distribución y venta de la marihuana y la legalización total del aborto. En el caso de esta última, que por cierto, causó menos impacto mediático que la legalización de la marihuana, el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que desde su aprobación en 2012, Uruguay ha registrado la tasa más baja de aborto en América Latina, además de cero muerte materna y cero complicaciones derivadas de prácticas abortivas en mujeres.

Esta experiencia que tiene décadas en otros países donde el aborto es legal como Holanda, Alemania o Francia, deja en claro que cuando estas políticas públicas se basan en el respeto a los derechos humanos y se acompañan de estrategias de información eficaz y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, son benéficas para todas las personas, reducen la muerte de las mujeres y redundan en una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué es tan difícil que la sociedad acepte estos beneficios que impactan directamente en la vida de las mujeres?

Lo ideal sería que ninguna mujer tuviera que pasar por un aborto, que todas y todos tuviéramos una educación plena, integral, que ninguna fuera víctima de abuso sexual como lo son miles de mujeres que por esa razón quedan embarazadas y que todas tuviéramos el mismo acceso a la justicia, los mismos elementos para decidir libremente cuándo queremos ser madres sin que ninguna ley, familia, sociedad o iglesia nos obligue a serlo. Pero no es así y por eso necesitamos que los gobiernos asuman que decidir libremente sobre nuestro cuerpo, es un derecho de las mujeres y que al negar ese derecho, ellos, tan protectores de la vida, están orillando a las mujeres más pobres a seguir siendo las principales víctimas de los peligros del aborto clandestino.

Quienes estamos por el derecho a decidir de las mujeres no obligamos a nadie a abortar. Sólo queremos que esa decisión esté ahí, libre de ser tomada por quien así lo requiera. En cambio, quienes se oponen a nuestro derecho a la libertad de decidir, sí obligan e imponen una restricción sobre todas las personas, una restricción que por cierto, para conocimiento de sus santas conciencias, no acaba con esta práctica y les hace cómplices de la muerte de miles de mujeres. 68 000 anualmente según el reporte de Womens Link Worldwide.

Con las reformas aprobadas en España debemos estar muy vigilantes. Sabemos de la conexión política que existe entre el gobierno mexicano y el español. Por ahí ya salió un envalentonado panista a plantear una reforma al artículo 58 de la ley que permite interrumpir el embarazo en el DF, para restringir este derecho a las mujeres que provienen de otras entidades del país.

La ignorancia es atrevida y más la que viene acompañada de la hipocresía y la doble moral. Señoras y señores legisladores, los derechos son plenos o no lo son.