Siguiendo la pauta que se marcó desde el ámbito federal con la aprobación de la reforma financiera, en Veracruz, urgido como está el gobierno de allegarse recursos, se pretende establecer una suerte de estado de terror fiscal contra quienes mantengan adeudos con la actual administración.

De acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos para la entidad presentado por el Ejecutivo estatal a la LXIII Legislatura veracruzana, se endurecerán los mecanismos recaudatorios con el objetivo de “asegurar las metas presupuestales y mejorar el desempeño de los ingresos públicos”.

Para ello, “se impulsará la recuperación de los créditos fiscales, en especial, los de mayor cuantía, por métodos conciliatorios y coactivos. Por medio de cartas a los contribuyentes, asistencia y orientación fiscal, se persuadirá a los deudores para que efectúen el pago y se eviten trámites procesales”.

Asimismo, se advierte que “se incrementará el cobro coactivo, en coordinación con las Oficinas de Hacienda, por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución. Se solicitará la inmovilización de cuentas bancarias, aseguramiento de  fondos y, en su caso, la transferencia de recursos en favor del fisco, tratándose de créditos fiscales firmes y exigibles”.

Incluso, ya tienen cuantificado en 42 mil el número de requerimientos que se enviarán a los deudores del pago de impuesto a la tenencia de ejercicios vencidos.

Por si quedara duda de la agresividad de la política fiscal que imperará en 2014 en Veracruz, el Gobierno del Estado cruzará información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y continuará con “la entrega a las Sociedades de Información Crediticia de la base de datos de personas deudoras del impuesto sobre tenencia vehicular de ejercicios fiscales anteriores o que tengan créditos fiscales firmes y exigibles”.

En la entrega inmediata anterior de esta columna comentábamos la reticencia de la población a pagar impuestos por el mal uso que, en general, desde el poder se le da a los recursos públicos, que son dispuestos por los funcionarios como si de su propio patrimonio se tratase. Pues bien, ahora no sólo hay que pagar, sino que quien tenga adeudos con el estado será perseguido como delincuente y hasta podrá ser afectado en su patrimonio familiar por “atentar” contra las finanzas gubernamentales.

Sin duda, el Gobierno debe cobrar impuestos para funcionar, no hay de otra. Y aunque no nos guste, hay que contribuir. Por algo se llaman impuestos, porque nos los imponen, pagarlos no depende de la voluntad expresa de un individuo.

Sólo queda una duda: ¿los acreedores del Gobierno del Estado de Veracruz, con varios de los cuales arrastra adeudos millonarios desde hace más de tres años, también podrán recurrir a estos mismos métodos para que en la Secretaría de Finanzas y Planeación les “aflojen” aunque sea una parte de lo que les deben? Para ser parejos, ¿no?

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