Un duro golpe asestó la justicia federal al Gobierno del Estado al conceder un amparo a la empresa Finamed, proveedora de equipo médico, en contra de la expropiación de sus bienes decretada por la administración de Javier Duarte, por presuntos incumplimientos en la prestación de sus servicios.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, el Juez Segundo de Distrito residente en Xalapa, otorgó el amparo a Finamed “al determinar que el Director del Patrimonio del Estado de Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por dejar inconcluso el proceso legal a través del cual se pretende expropiar el equipo médico de la empresa, que fue instalado en 11 hospitales como parte del contrato de servicios complementarios de salud firmado en enero de 2009 con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz”.

Finamed solicitó la protección de la justicia federal el 29 de julio de 2013, al considerar que “una vez iniciado el proceso expropiatorio el gobierno le causaba un severo daño patrimonial. Con ello, la compañía estaría impedida de forma indefinida a recuperar su equipo médico o, en su caso, a recibir la indemnización correspondiente”. 

Según esto, en la sentencia se establece que el entonces director de Patrimonio del Estado, Antonio Gómez Anell, se abstuvo de “analizar y valorar las pruebas presentadas y los alegatos expresados por las partes”, y tampoco elaboró a partir de ello un informe que debió haber remitido a la Secretaría de Finanzas y Planeación, con lo cual, habría violado el artículo 17 de la Constitución de República, que garantiza una justicia pronta y expedita. Un error por demás estúpido para quienes se dedican a la administración pública.

El caso es que ahora Finamed reclama al Gobierno del Estado el pago de “nada más” ¡702.5 millones de pesos!, alegando que llevan más de 18 meses sin recibir retribución alguna por el uso del equipo instalado en 11 hospitales, lo que de concretarse, representaría un boquete enorme para las ya de por sí vapuleadas finanzas de la entidad.

Bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. El tema de Finamed comenzó con una oscura asignación, durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, de un contrato a doce años por cinco mil millones de pesos para la prestación de sus servicios, mismo que desde un principio fue señalado de ser irregular, y de tener un tufo a negocio particular de alguien con mucho poder.

Al llegar a la Secretaría de Salud del Estado, una de las primeras acciones de su actual titular, Juan Antonio Nemi Dib, fue exigir a Finamed el cumplimiento de las cláusulas de su contrato, pues según la versión del gobierno el equipo rentado por la empresa no funcionaba debidamente, y en algunos casos no se había instalado siquiera en los nosocomios.

Al no obtener respuesta satisfactoria, la Secretaría de Salud procedió a la recisión del contrato y a la expropiación del equipo, bajo el argumento de que devolvérselo a Finamed habría puesto en serio riesgo la salud de los pacientes que recibían tratamientos como hemodiálisis en los hospitales de la entidad.

El agua ha llegado al río y el conflicto está en fase crítica. ¿Tendrá que ver con el deslinde del pasado 15 de noviembre en San Juan de Ulúa?

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