La ley debe tener como principio básico privilegiar los derechos humanos e individuales de los seres humanos.

La sexualidad no debe ser un factor restrictivo para que dos seres humanos -gonzando de esos derechos humanos- consuman una relación amorosa en matrimonio.

Las leyes fueron diseñadas para garantizar el orden social y castigar conductas que alteren la armonía, la paz y la convivencia social; o provoquen daños a terceros.

Dos seres humanos conscientes de su sexualidad y seguros de sus sentimientos no pueden recibir de la ley: la espalda.

La homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno psiquiátrico como se llegó a pensar; científicamente es parte de la naturaleza del ser humano.

Y si el amor es un sentimiento universal, el sexo es una necesidad fisiológica y la homosexualidad es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es el problema?

Después de todo esto nos quedan algunas cosas: los prejuicios, el conservadurismo, la intolerancia, el repudio y la homofobia.

Todos esos sentimientos son alimentados por varios factores, los más destacables: las religiones y la ignorancia.

El matrimonio igualitario es asunto entre dos seres humanos con derechos, sentimientos y garantías.

No debemos en pleno siglo XXI negar una realidad y utilizar la ley para sataniza y discriminar los derechos y la naturaleza humana. Dos bases fundamentales de peso, más allá de los prejuicios inútiles.

El verdadero valor de la familia está en el amor y la unidad; y desde esa perspectiva la sexualidad apenas es la parte de un todo.

En México el acceso al matrimonio ya es un derecho constitucional para todo el mundo: mujer con hombre, hombre con hombre y mujer con mujer.

Desde hace 40 años el Grupo Lesbico-Gay Bixesual y Transexual (GLBT) impulsó la iniciativa del matrimonio igualitario en México basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fue hasta el año 2001 cuando se presentó la iniciativa de ley denominada "Sociedades de Convivencia" que tenía como finalidad apenas el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, misma que fue aprobada hasta el 2006 únicamente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Para el año 2009 se presentó una reforma al Código Civil llamada Ley "Razú", ese mismo años se aprobó en el congreso local de la misma ciudad de México, haciendo realidad y legal los matrimonios igualitarios.

Con tal antecedente, hasta entonces 10 congresos de los 31 estados han aprobado los matrimonios igualitarios, en el resto de los 21 estados esta situación no avanzó conforme a las necesidades de una sociedad abierta al respeto por los otros.

Los estados que han reconocido los matrimonios del mismo sexo son: Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos, Michoacan y Quintana Roo; cómo podemos darnos cuenta el estado de Veracruz no aparece en la lista.

El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la resolución de jurisprudencia 43 2015, que cambió todo el panorama de la situación en discusión.

Estableció que las leyes de cualquier estado de México que consideren que la finalidad del matrimonio: "es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional".

La SCJN abrió así la puerta para que en todo México puedan celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de que las leyes locales no lo consideren legal.

Tal determinación obliga a todos los jueces a seguir este criterio favorable en todos los amparos que se interpongan, en cualquier parte del país, y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios.

Si una pareja homosexual desea casarse en los estados en donde no hay legislación alguna, tienen que tramitar un amparo que cuesta entre 2 mil y 15 mil pesos dependiendo el abogado, aparte tienen que esperar a que transcurra el proceso jurídico para que se puedan casar.

Ante este panorama el Presidente de México,  Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión con el fin de permitir el matrimonio civil igualitario en todo el país, como un derecho para todos y que esté plasmado en la Constitución.

Dicha iniciativa provocó la movilización y el rechazo de grupos religiosos, partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el  Partido Encuentro Social  (PES); o bien  la organización del Frente Nacional por la Familia.

Por su parte el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha dicho que ellos presentarán otra iniciativa a favor, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que se trata de un tema que no es prioritario.

Cabe mencionar que el matrimonio civil es un derecho y no atenta contra el matrimonio religioso ya que se trata de un sacramento de la Iglesia, en la que ninguna de las iniciativas se inmiscuye; los católicos continuarán casándose en las iglesias y catedrales sin problema alguno.

Mientras tanto, el matrimonio civil otorga derechos y obligaciones para las parejas como: heredar, seguridad social, créditos en pareja y pensiones; una figura legal que también protege a las familias.

No podemos confundir dos derechos: el derecho a la felicidad bajo la legalidad y el derecho a la fe bajo la creencia que  cada quien elige.

Ambas pueden navegar como lo han hecho por años, con respeto y tolerancia. Dos polos que no se contraponen, sólo si existe la cerrazón y el prejuicio que tanto han estancado el avance de una sociedad más justa.

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