#NoMásTorturaMx
- Joel Salas Suárez
La tortura es una realidad en México, dan cuenta de ello informes de organismos nacionales e internacionales y las denuncias ante la PGR y la CNDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de alarmante la prevalencia de la práctica de la tortura en México y, en su visita al país en 2014, el Relator de Naciones Unidas sobre la tortura concluyó, luego de visitar una serie de centros penitenciarios y recabar información a nivel nacional, que la tortura y los malos tratos son generalizados en el país.
Hoy tenemos la oportunidad de movilizarnos para declarar #NoMásTorturaMx. En un contexto que evidencia la necesidad de documentar y denunciar la tortura en nuestro país, el 10 de diciembre pasado el titular del ejecutivo envió al Senado de la República una Iniciativa de ley general en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El objetivo de ese marco normativo es determinar las competencias de las autoridades federales y locales para la investigación y procesamiento del delito, definir los tipos penales, garantizar los derechos de las víctimas, así como crear y fortalecer mecanismos para la prevención de la tortura.
Es necesario un ejercicio de parlamento abierto para la discusión de esta iniciativa. Incluir a la población permitirá al Estado mexicano enfrentar un problema público con un abanico de soluciones más amplio. Sólo así la iniciativa podrá encarar la situación que produce y permite la reproducción y la impunidad de la tortura; así como responder a las recomendaciones internacionales que en la materia ha recibido nuestro país desde la década los noventa.
Uno de los principales insumos para un ejercicio de parlamento abierto y, en particular, para debatir esta iniciativa de ley es la información pública. En concreto, el miércoles de la semana pasada, mi colega la comisionada del INAI María Patricia Kurczyn propuso al Pleno del Instituto un proyecto, aprobado por unanimidad, en el que instruye a la PGR a entregar la información relacionada con los casos de tortura que ha recibido la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, desde que inició operaciones al 13 de enero de 2016.
En respuesta a solicitudes de información previas, la PGR reportó un incremento de más del doble en el número de denuncias por tortura entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403. Ante este número de denuncias en 2014, la PGR señaló haber realizado 185 Dictámenes Especializados médico/psicológicos como parte de la investigación de posible tortura. Por su parte, la CNDH reportó haber recibido, entre 2006 y 2015, más de 10 mil 200 quejas por detención arbitraria, y más de 9 mil 200 por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las cifras son abrumadoras, pero se convierten en ominosas cuando somos conscientes de que detrás de ellas hay seres humanos a los que no se respetan sus derechos humanos. No podemos ignorar que son servidores públicos quienes cometen este delito: aquellos a los que se confía la garantía de los derechos humanos que en todo sistema democrático se deben cumplir. No cabe duda que debemos ser firmes, la tortura debe desaparecer en nuestro país. Los datos también evidencian la debilidad de las instituciones de fiscalía y penales de nuestro país.
Hoy el trato digno y legal a los que han cometido un delito no es algo que ocupe a las instituciones de seguridad y de justicia de México, ni es todavía una aspiración social colectiva. Así, los funcionarios encargados de perseguir y castigar delincuentes rebasan sus competencias y utilizan el maltrato físico y psicológico para extraer información o la confesión de delitos al momento de interrogar. En su lnforme Mundial 2015 Human Rights Watch también confirma lo reportado por la CIDH. La tortura es común en México y se comete sobre todo en el periodo entre la detención de las víctimas y su consignación ante el Ministerio Público. A menudo, son incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales y se propinan golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Incluso, hay jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, aun cuando una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
Por si lo anterior fuera poco, Ana Laura y Beatriz Magaloni sostienen que “hasta ahora ninguna institución pública ha presentado un diagnóstico, estudio o evidencia que constaten que las denuncias que reciben las instituciones de procuración de justicia sobre casos de tortura, como por ejemplo la Procuraduría General de la República (PGR), no se investigan adecuadamente porque existen impedimentos legales o deficiencias de la legislación actual”.
Ante este panorama, es urgente que las instituciones que imparten justicia recuperen la confianza de la población. El ejercicio de parlamento abierto que propongo para discutir la iniciativa de ley en la materia es una oportunidad para ello. En conjunto, autoridades y población pueden llegar a un diagnóstico, proponer el mejor marco normativo y las políticas públicas más efectivas para fortalecer las fiscalías e instituciones penales, haciéndolas capaces de investigar y sancionar adecuadamente cuando se compruebe la tortura. El legislativo puede también impulsar la apertura gubernamental y contribuir a restaurar el vínculo de confianza entre las autoridades y la población. #NoMásTorturaMx.
P.S. Mi reconocimiento a Enrique Cárdenas, Mauricio Merino, Juan Pardinas, Eduardo Bohórquez y al grupo de personas y organizaciones que, pese a momentos de tensión, lograron el objetivo de recabar 120 mil firmas para que el congreso procese la iniciativa “3 de 3”.
Confío que el Legislativo también impulsará en este caso un ejercicio de parlamento abierto, como lo hizo con la Ley de transparencia.
Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.
Twitter: @joelsas
1 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
2 http://www.nexos.com.mx/?p=27769
3 https://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/268132 y http://www.nexos.com.mx/?p=27781
Anteriores
Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia.
Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en la Open Government Partnership (OGP). Además, durante el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20.
Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia.
