El integrante de la comisión de Hacienda del Estado del Congreso local, Julen Rementería del Puerto, puso en duda el ahorro económico logrado por la actual administración, al cuestionar si eso implica incumplir con el pago de pensionados, maestros, proveedores y prestadores de servicio, así como beca a estudiantes y deportistas.

En entrevista, el panista lamentó que algunas calificadoras han dado la calificación de BBB+ a las finanzas del estado, sin verificar si se ha dado un ahorro en el gasto de la administración de Javier Duarte, o sólo se ha “ajustado el cinturón” a los que menos tiene.

En conferencia de prensa el gobernador Javier Duarte destacó que Fitch Ratings y HR Ratings, calificadoras internacionales, definen que en Veracruz se mantiene una política económica y financiera responsable y ordenada.

Lo anterior, ha permitido cumplir con los compromisos estatales, temas estratégicos como infraestructura, educación, salud, sector agropecuario, turismo, protección civil y seguridad.

En ese sentido, el legislador de Acción Nacional, cuestionó los criterios aplicado por ambas calificadoras, pues la administración no ha generado un ahorro, por el contrario, Sefiplan se ha concretado a no pagar programas sociales, proyectos productivos, ni becas o compromisos contraídos con diversos grupos.

Julen Rementería  reconoció que es debatible que se hable de “estabilidad o aumento en los ingresos”, cuando la modificación de la Ley del IPE, el declararse inconstitucional la aportación del 12% de los jubilados, va a generar un boquete financiero para el gobierno que tendrán que enfrentar en breve.

El panista mencionó que con la calificación de ambas empresas  se están validando las más recientes reformas que solo tienen un sentido de recaudación, como lo son las multas que se impondrán a bares que vendan alcohol a menores de edad y no cierren antes de las dos de la mañana, o  los cobros exorbitantes por “violar” el reglamento de tránsito.

“Han sido reformas recaudatorias realmente, cuyos montos multiplicados por las estadísticas, evidentemente se van al doble porque así se incrementaron, y lo pueden probar sólo en el papel.”

Dijo que en esos “supuestos ahorros” no hay transparencia, ni claridad porque es evidente que hay reclamos por todas partes, “y no creo que estén fundados en ingresos, sino en haber dejado de pagar compromisos y programas.

Tan solo de adultos de 70 y más se deben más de 400 millones, más los 1600 de la UV, pues ahí tenemos ahorros importantes, ¿pero a costa de quién?”

Reconoció que el aumentar la calificación crediticia a BBB+ abre la posibilidad de que se quieran contratar  más créditos, sin embargo, adelantó el PAN se reserva el derecho de aprobarlos, pues solo generará más pendientes de pago.

“La calificación de cumplimientos, son de tipo comercial, principalmente sobre los pagos de interés de la deuda, de compromisos fiscales o crediticios de corto, mediano y largo plazo, porque esos compromisos sí son exigibles por la vía judicial”.

Lamentó que el incumplimiento social no sea legalmente exigible, y que un pensionado, un estudiante o un productor, no puede embargar al estado, por  no otorgar "subsidios o apoyos generosos".

Insistió que la actual administración no ha logrado saldar las deudas y por el contrario solo ha incrementado los créditos y los años a pagar, que han derivado en compromisos financieros –al menos los que reconocen- por más de 44 millones de pesos.

“No conocemos la metodología y no me explico cómo alguien puede sacar buena nota si no le paga a nadie, si socialmente hay gente que no recibe los apoyos, ni pagos, ni transferencias.

No me explico cómo alguien que no reduce sus deudas, que históricamente las va aumentando, puede sacar buenas notas”.

Cuestionó como la administración estatal, puede “vanagloriarse” con calificaciones que otorga el sistema capitalista, a través de empresas que persigue sus propios fines y objetivos económicos, de permitir la contratación de más créditos con la banca privada.