De acuerdo con el fiscal, además de investigaciones administrativas se inició una averiguación previa en contra de los responsables de haber torturado a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad que siguen presos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “Duport Ostión” para declararse culpables del crimen del líder religioso.

 

“Si hay que sancionar a funcionarios de la procuraduría los voy a sancionar.

 

No sólo estamos investigándolos administrativamente, también se está investigando en una averiguación previa y tomaremos contundentes determinaciones en torno ya sea a la responsabilidad que pudieran tener los funcionarios de la procuraduría, si es que hubo algún actuar indebido”, expresó.

 

Aunado a lo anterior, Bravo Contreras dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado replanteará el caso en cuanto el Poder Judicial de la Federación notifique el fallo sobre el amparo que fue concedido a los trabajadores de la CFE para que éstos recuperen su libertad.

 

Sin embargo, insistió en que la sentencia que se emitirá en las próximas horas no exonera a los electricistas y se replanteará la acusación en contra de quien resulte responsable del homicidio del pastor Claudio Martínez.

 

“Se hará cuando notifique el fallo federal del poder judicial de inmediato en cuanto hace a la consecuencia que tenga el modo que se ampara, no nos han notificado pero también tomaremos acciones en torno al replanteamiento de este asunto. No es una sentencia que exonere a nadie”, reiteró.

 

En ese tenor, el procurador general del Estado negó que sea un fracaso la liberación de los electricistas y agregó que se está acatando la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al caso.