Vega de Alatorre, Veracruz.- Por obras no concluidas, adeudos diversos, propiedades que no aparecen y el hecho de no haber realizado la entrega formal de la administración, la exalcaldesa Leticia Rodríguez Viveros sería denunciada por un presunto daño patrimonial por 20 millones de pesos.

José Inés Tovar Castillo, secretario del ayuntamiento de Vega de Alatorre, refirió que desde la entrega-recepción se detectaron las irregularidades porque la exmunícipe ni siquiera estuvo presente, comisionó al excontralor interno, al exsíndico y al exregidor para hacer una entrega en "muy malas condiciones", sobre todo de sitios clave como tesorería, obras públicas, sindicatura, la secretaría y las diferentes direcciones.

El parque vehicular lo encontraron hecho "un desecho", sin llantas, una patrulla en estado deplorable y prácticamente todo en el abandono, enumeró.

Del caso del mobiliario y equipo del palacio municipal, refiere que se encontraron con artículos obsoletos y dañados, y aunque se entregó un inventario, éste no correspondió a lo que físicamente encontraron, por lo que se tuvo la necesidad de hacer uno nuevo.

"Se va a emitir un dictamen, por lo que se está convocado al cabildo a hacer una revisión general y una vez que quede esto definido se hará la entrega al Congreso del Estado porque hay daño patrimonial considerable en cuestión de obra pública", refirió.

Tovar Castillo expresó que están por definir el monto del daño patrimonial, pues hay obras que se reportan como terminadas y no están concluidas, sino que se encuentran a un 50, 60 o 70 por ciento.

A estas irregularidades se suma el hecho de que no hay cómo justificar lo que llegó de los fondos de FIS y de FAM, por lo que aún no se tiene definido el monto del daño patrimonial, pero se presume que puede superar los 20 millones de pesos.

VIVIENDAS NO CONSTRUIDAS

En otros casos, el secretario del ayuntamiento manifestó que hay obras que ni siquiera aparecen, como es el caso de obras del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), donde se pide ahora información de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), de viviendas que supuestamente se construyeron para reubicar a personas que vivían en sitios de alto riesgo y simplemente no hay ninguna información al respecto.

De acuerdo con la información requerida por Sedatu a inicios de este año, a la anterior administración municipal se le entregaron, en el año 2012, 7 millones de pesos para 130 viviendas, de las cuales no aparecen ni las viviendas ni la documentación que justifique su construcción o aplicación de los recursos y menos aparece el dinero.

Para el ejercicio 2013, dijo Tovar, hay otra solicitud de Fonhapo para justificar alrededor de 5 millones de pesos, para otras 100 viviendas, que esa dependencia entregó a la pasada administración de Vega de Alatorre y que no hay nada que compruebe su aplicación, mucho menos se sabe dónde están esas casas.

Lo más grave, dice, es que a los supuestos beneficiarios de esas casas de Fonhapo de los años 2012 y 2013 las anteriores autoridades municipales les pidieron un pago de 15 mil pesos por beneficiario, el cual aportaron pero nunca les entregaron nada.

Indicó que han notificado en su domicilio a la exalcaldesa sobre este asunto de Fonhapo y que debe acudir para aclarar dicha situación, pero ésta no se ha presentado, por lo que incluso se llevó un notario para que diera fe de que se le entregó el citatorio en la dirección que ésta dejó como su domicilio.

Para deslindar responsabilidades, expresó el secretario, se integró un expediente que se entregó a Sedatu, al Congreso del Estado y al ORFIS, misma acción que se hará una vez que se emita el dictamen.

NI LAS CUOTAS DEL ISSSTE PAGARON

José Inés Tovar reconoció que hasta el momento ninguna empresa se ha acercado a cobrar algún pendiente de obra y tampoco tienen conocimiento de laudos por cuestiones laborales de años pasados, salvo el reclamo de 60 extrabajadores de confianza, quienes piden las últimas dos quincenas de diciembre de 2013 y la gratificación de fin de año.

Uno de los casos que más preocupa a la actual administración de Vega de Alatorre es que las anteriores autoridades municipales no hayan pagado las aportaciones al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Issste).

Reveló que el adeudo es de alrededor de 500 mil pesos, pues se trata de descuentos a 26 trabajadores sindicalizados, pagos que debieron haberse realizado desde la segunda quincena de marzo del año 2012, y, a pesar de que al trabajador se le descontó, las anteriores autoridades municipales nunca lo pagaron y tampoco se sabe dónde está ese dinero.

La principal preocupación, dijo, es que el Issste puede suspender en cualquier momento el servicio médico, por lo que se ha girado oficio a dicha delegación en el Estado en tanto se resuelve esta situación que afecta no sólo el servicio médico, sino las prestaciones del trabajador como es su derecho al retiro.

El desorden administrativo, insistió, es más que evidente, sobre todo porque no se tuvo nunca un acercamiento con la exalcaldesa, la cual, comenta, prácticamente unos meses antes de salir -después del 7 de julio- se desapareció.

Tovar Castillo aseguró que ante las irregularidades han iniciado de forma precaria, pero arreglando de manera inmediata todo lo necesario para brindar servicios a la ciudadanía, a la par, se prepara el dictamen que se entregará al ORFIS y al Congreso del Estado en el presente mes, para que esas entidades definan qué hacer al respecto y llamen a los exfuncionarios para aclarar las inconsistencias.