A pesar que podría estar inhabilitado como servidor público por haber causado daño patrimonial al Poder Judicial del estado de Veracruz, luego de haber desviado recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, según la investigación administrativa 02/2010; Carlos Eduardo López García, se desempeña como contralor general del ayuntamiento de Xalapa.

López García, quien en 2012 aspiró a ser el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), fue investigado por la Contraloría General del Poder Judicial del Estado sobre su cargo como secretario del Comité Técnico del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del poder Judicial del Estado.

El ex servidor público tuvo un sueldo mensual de 43 mil pesos y fue denunciado por sus conductas en el cargo, ya que omitió identificar la retención que la institución Bancaria HSBC le realizó al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del poder Judicial del Estado, en forma indebida por concepto de pago del impuesto al depósito en efectivo (IDE) del mes de agosto de 2008, generando que se realizaran retenciones por 623 mil 392 pesos.

También se le señala que no dio trámite en tiempo y forma a 173 billetes de fianzas revocadas susceptibles de hacerse efectivas, los cuales fueron localizados en la revisión de la documentación del proceso entrega-recepción, a los que hacía falta sellos, firmas o endosos, generando que un importe de 565 mil 200 pesos no haya pasado a formar parte de los recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del poder Judicial del Estado.

El expediente registra que omitió acciones para aclarar las diferencias a los saldos al 31 de diciembre de 2009, de las cuentas que integran el rubro de “Depósitos judiciales” que ascienden a 209 millones, 324 mil 167 pesos , de los cuales 30 millones 509 mil 13 pesos no se tiene identificado a qué juzgados pertenecen. Después de la investigación el funcionario pudo justificar 7 millones 943 mil 800 pesos, pero 30 millones 509 mil no se pudieron identificar.

Por ello, al concluir la investigación administrativa se le impuso una sanción económica por 47 mil 151 pesos como parte del daño patrimonial causado al Poder Judicial del Estado y 47 mil pesos más como 151 pesos de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos , dando un total de 94 mil 302 pesos, más una multa de 10 salarios mínimo, dando un total de 141 mil 453 pesos.

Ante esta resolución, López García –hoy contralor del municipio– promovió un amparo, que fue radicado bajo el expediente 385/2012 del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, mismo que se resolvió el 30 de mayo de 2012 y la justicia amparó al ex servidor público ante el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, pero la resolución amparadora después de revisar los cuadernillos confirmó la sentencia sujeta a revisión y en diciembre de 2012 se turnaron los autos para emitir nueva resolución.

Y entonces, considerando la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reglamento de la Judicatura y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, nuevamente el Consejo de la Judicatura señala que el ex servidor público incurrió en omisiones graves en el caso de las retenciones indebidas a las cuentas del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en los meses de septiembre y octubre de 2008, como en la falta de trámite de los billetes de fianzas.

Así, ante la nueva revisión del expediente del ex funcionario público del Poder Judicial del Estado, se le impone una sanción económica de 94 mil 302 pesos, le otorgan tres años de plazo para pagar la sanción y fue notificado hace más de una semana.