La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) busca llevar el caso del plagio y asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), informó Víctor Ruiz Arrazola, ejecutivo de protección de la CDP.

En entrevista, el activista a favor de los derechos de los periodistas que acudió para acompañar y asesora a los reporteros de Coatzacoalcos exigió que las autoridades estatales realicen las investigaciones en torno al caso de “Goyo” conforme a derecho.

Ruiz Arrazola, dijo que ni las autoridades ni los reporteros deben permitir que continúen las desapariciones y homicidios de periodistas en Veracruz.

“Esta situación ya no puede seguir así, ya no podemos seguir permitiendo como periodistas que nos sigan desapareciendo compañeros, que los sigan matando. Es momento de que como gremio tenemos que unirnos y realizar estrategias concretas”, apuntó.

Detalló que en los últimos tres años, la CDP ha atendido a 600 comunicadores de todo el país “lo que habla de la grave situación que estamos enfrentando los periodistas en cuestión de riesgo”.

Los principales responsables o agresores de los periodistas –abundó- son servidores públicos y, según registros de esta organización, en estados como Veracruz, Oaxaca y Guerrero “las condiciones políticas han permitido la impunidad”.

El ejecutivo de la CDP, agregó que en los últimos 10 años han sido asesinados 96 comunicadores en el país y 15 más han desaparecido del 2011 a la fecha.

Por otro lado, Víctor Ruiz Arrazola criticó a los propietarios y directivos de los medios de comunicación por dejarse coaccionar por el gobierno mediante presiones en los convenios publicitarios y se pronunció a favor de tomar medidas al respecto.

“Sabemos que en México la publicidad institucional se da de manera discrecional y los dueños de los medios de comunicación están a expensas de la buena voluntad de los gobernantes en turno para poder definir qué porcentaje de publicidad les corresponde, pero es momento de que a nivel nacional la publicidad institucional se reglamente con la finalidad de que no sean los gobernantes quienes tengan la manera discrecional de decir a quién le dan publicidad y a quién se la quitan”, finalizó.