El reciente y apretado aval de la Corte para la consulta de revocación-ratificación del presidente López Obrador atrajo para el ministro Arturo Zaldívar un desgaste interno de tal magnitud que gravitará durante el escaso año que le resta a su gestión al frente del máximo tribunal.

En el accidentado proceso, siete ministros rechazaron el cabildeo de Zaldívar para sacar adelante la consulta como fue aprobada por el Congreso. Se quedaron a un voto de “rasurar” el ejercicio para reducirlo a la pregunta de si se revocaba o no el mandato del Presidente, pero sin incluir la ratificación, que según todos ellos no forma parte de la disposición constitucional en la materia.

El áspero episodio anticipa, según expertos consultados por este espacio, nuevos equilibrios en la Corte, donde la gestión de Zaldívar concluye en 10 meses. Dentro de ese lapso deberá desahogarse una espinosa agenda, incluidas las impugnaciones para el uso del Ejército en múltiples planos, la seguridad entre ellos.

También está a la vista el jaloneo del proceso sucesorio, ya con tres claros candidatos, sobre cuya imagen predomina el grado de autonomía que se les atribuye frente a la llamada cuarta transformación.

Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa integran la lista que domina la discusión dentro y fuera de la Corte. Y cada uno es objeto de su propia guerra sucia. La más vil quizá sea la emprendida contra González Alcántara, porque un sobrino suyo, Daniel Carrancá, forma parte de uno de los despachos de abogados contra los que el fiscal general, Alejandro Gertz, ha desatado un sordo ataque que tiene su objetivo real en el exconsejero jurídico de Palacio, Julio Scherer Ibarra. 

Otro frente abierto para el Zaldívar se expresa en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que también encabeza, donde jueces y magistrados protagonizan una sorda rebelión contra casos de corrupción y acoso.

La semana pasado martes dos altos funcionarios del CJF fueron removidos bajo diversas acusaciones. Se trata de Carlos Antonio Alpízar, titular de la consejería general de la presidencia del propio Consejo. Y de Alejandro Ríos Camarena, secretario ejecutivo de Administración, ambos bajo subordinación directa con Zaldívar.

Las informaciones publicadas aseguran que Alpízar y Ríos Camarena fueron propuestos por el referido Scherer Ibarra. Pero un rastreo de su trayectoria profesional ubica a los dos en la esfera del gobierno Peña Nieto, por vía de su polémico consejero jurídico, Humberto Castillejos. Varios cercanos éste -incluso en el campo de la comunicación- aparecieron en el equipo de Zaldívar al llegar a la presidencia de la Corte, en enero de 2019, lo que fue entendido como una negociación para lograr los votos necesarios de sus pares.

Ríos Camarena laboró incluso en la Unidad de Inteligencia Financiera con Alberto Bazbaz, uno de los personajes más cercanos a Peña Nieto y parte del alegado clan “Los Betos”, junto con el mencionado Humberto y Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR en el último tramo del anterior gobierno.

Alpízar es descrito en el sector judicial como el operador de Zaldívar para presionar a jueces y magistrados. Se le atribuye una áspera discusión, a grito abierto, con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que en marzo de 2021 otorgó amparos contra las primeras versiones de la reforma eléctrica de la administración López Obrador.

En el propio CJF debe cubrirse la vacante que dejó la hoy ministra Loretta Ortiz. La carta de Zaldívar es Alejandra Spitalier, su secretaria general y ex socia de su despacho. Deberá conseguir antes que el Senado la postule como su representante, y vote por ella. ([email protected]).