Alfredo Jiménez Mota, con 25 años recién cumplidos, acumulaba algunos meses de laborar como reportero del diario “El Imparcial” de Hermosillo, Sonora, donde publicó el reportaje “Los Tres Caballeros”, sobre los hermanos Beltrán Leyva. Sus colegas aseguran que estaba por difundir audios sobre nexos del narcotráfico con jefes policiacos y un empresario relevante en la entidad. La noche del 3 de abril de 2005 fue citado por un informante, quien se presume lo entregó a una banda que lo asesinó, disolvió su cuerpo en ácido y lo arrojó en el desierto. Desde entonces se le considera desparecido. Nadie ha sido arrestado por estos hechos.

            Entre los señalados como responsables se halla la mafia conocida como Los Salazar. Doce años después, en marzo de 2017 en Chihuahua, un gatillero de ese grupo disparó ocho veces contra la cabeza de la periodista Miroslava Breach cuando acompañaba a su hijo a la escuela. Ella había publicado que un integrante de Los Salazar era postulado por el PRI para gobernar su municipio natal, Chínipas. Un dirigente panista local fue señalado de estar vinculado con el ataque.

            Ambas historias se integran a la madeja de impunidad en la que se pierde la posibilidad de castigar crímenes contra periodistas en México. Estos no son producto colateral de la violencia, sino blanco seleccionado por bandas al ser exhibidos y para imponer zonas de silencio sobre los medios de comunicación en las regiones donde operan, cada vez más amplias y numerosas.

La recién formada Alianza de Medios Mx ha recabado evidencias abrumadoras de que más de 100 informadores han sido asesinados desde el año 2000 a causa de su trabajo. Un centenar más también han sido victimados sin que haya suficiente claridad sobre el móvil, pues las autoridades no investigan los casos. Del total de casos, al menos 40 prescribieron con el paso de los años, porque las indagatorias se atoran o desvían.

En medio de tal pesadilla, el Estado mexicano acaba de aceptar por vez primera someterse a un reclamo internacional para asumir responsabilidad política en un ataque de esta naturaleza, precisamente el caso Jiménez Mota. El antecedente inmediato fueron dos peticiones elevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, por la Sociedad Interamericana de Prensa y la organización Robert F. Kennedy para Derechos Humanos, de Washington.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, acudió al poblado sonorense de Empalme, pueblo natal de Jiménez Mota y donde viven sus padres y una hermana, con una solicitud de perdón complementada con medidas para resarcir a la familia.

Si este acto genera la mínima congruencia, se espera del gobierno López Obrador un giro en este campo, lo que debe incluir sus cotidianas denostaciones contra medios y periodistas. De cualquier suerte, los segmentos más luminosos del periodismo continuarán en su terca batalla de buscar la verdad.        

Apuntes: Martí Batres, secretario de Gobierno de la ciudad de México, aprovechó el espacio que le concede EL UNIVERSAL para asegurar que el autor de esta columna ha defendido siempre a los gobiernos del PRI y sus dirigentes. Lo invito a documentarlo, o quedará como farsante. Su texto es flojito -debería echarle más ganas o cambiar de escribano; resultaría en su provecho y en el de sus improbables lectores. Pero usa la provocación en torno al PRI para deslizar una defensa del líder priísta capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez y sus incondicionales -acusados de proxenetas-, siete años impunes y nueve meses burlándose de una orden de aprehensión. Flaco favor le hace Batres con todo ello a su jefa, Claudia Sheinbaum, y a su propia causa como precandidato, por tercera vez, a gobernar la metrópoli

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