La polémica sobre quién le abrió la reja a los duartistas en Pacho Viejo, si el yunismo o el lopezobradorismo, camina sobre verdades a medias, mentiras completas y reales agravios.

El argumento de los defensores de la versión de que Arturo Bermúdez Zurita y demás duartistas fueron liberados en los cinco primeros días de la nueva administración estatal por culpa del fiscal Jorge Winckler Ortiz, es que “a propósito” se integraron mal los expedientes de los inculpados, lo que les permitió obtener amparos para salir de prisión –hipótesis que sostiene el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y es su justificación para buscar removerlo-. Por supuesto, rechazan que exista un acuerdo político entre Morena y el duartismo para garantizar su impunidad.

Señalan también que las liberaciones bajo caución de los imputados estuvieron apegadas a derecho, y que la prisión preventiva necesaria que se les dictó a los ex funcionarios fue un exceso, ya que de acuerdo con la legislación vigente los delitos que se le achacan no son graves –incluido el de desaparición forzada de personas- y por ende no ameritan la reclusión.

A “recomendación” de un furibundo ex seguidor en redes sociales, este receptivo e “ingenuo” reportero buscó asesoría legal al respecto con abogados que no tuvieran interés político ni contractual en este entramado. Lo que respondieron es que los duartistas que tenían presión preventiva como medida cautelar no están libres por una mala integración de las carpetas, sino porque el delito que al final se les atribuye, en efecto, no merece dicha medida.

Eso tampoco quiere decir que se hayan caído los casos, que no existan pruebas de lo que se les acusa ni que vayan a ser absueltos necesariamente. La Fiscalía, en ese caso, solamente pide la medida, hace la imputación por el delito y quien al final la concede o no es el Juez de control, sobre quien recae, en última instancia, la responsabilidad de ese acto jurídico.

Así que si nos atenemos exclusivamente a los hechos legales -suponiendo que el sistema político y judicial en México y en Veracruz fueran impolutos y no existieran presiones o negociaciones extrajurídicas a espaldas de la sociedad-, ni el fiscal Winckler ni el gobierno de Cuitláhuac García habrían cometido irregularidad alguna con la liberación de los duartistas, pues se trataría simplemente de un procedimiento penal normal, en el que la defensa de los inculpados habría salido avante de esta etapa procesal. Claro, si damos por buena esa exposición idílica de la aplicación de la justicia en este país.

Pero es imposible no percibir el hedor de la suciedad política que rodea este caso. Para nadie es un secreto –y en este espacio se denunció en más de una ocasión- que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la procuración e impartición de justicia fue selectiva, burda y electorera. No solo Arturo Bermúdez debió ser sometido a proceso, sino también Vicente Benítez, Gabriel Deantes y varios más de los integrantes de la pandilla de Javier Duarte, a los que se les prodigó impunidad absoluta. De eso es completamente responsable tanto Jorge Winckler como el Poder Judicial estatal, que estuvo de rodillas ante el Ejecutivo con la complicidad de quien aún encabeza al primero, Edel Álvarez Peña. Así que la posibilidad de que negociaran y coaccionaran a los duartistas no es improbable. Pero tampoco está acreditada con pruebas fehacientes, siguiendo con la rigurosidad legal.

Tampoco es verdad que el gobierno de Cuitláhuac García esté libre de responsabilidad. Si sabían, como asegura a voz en cuello el gobernador, que los procesos eran una “farsa”, por lo menos fueron omisos, pues hicieron absolutamente nada para evitar la salida de prisión de presuntos criminales altamente peligrosos, como el ex secretario de Seguridad Pública. El gobierno estatal no promovió recurso legal alguno y se limitó a sentarse a mirar cómo salían del penal, locos de contento con su cargamento.

Por el contrario, le prestaron el micrófono –o en este caso, el teléfono- a Arturo Bermúdez para que concediera una entrevista -lanzando acusaciones contra el fiscal que más tarde daría por válidas, sin chistar, el mismo gobernador- a un noticiero de la Ciudad de México aun estando en reclusión. Privilegio del que no goza cualquier reo. Y resulta que los penales del estado están adscritos a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal. Horas después de la difusión de esa llamada, Bermúdez salió en libertad entre aplausos.

El fondo de esta tragicomedia es que Cuitláhuac García quiere destituir a Jorge Winckler como fiscal a costa de lo que sea. Incluido destruir lo que quedaba de la autonomía de ese organismo y del mínimo respeto a las instituciones. Y guardando, en contraparte, un sospechoso silencio –por decirlo de manera amable- sobre lo que piensa hacer para que no queden impunes los delincuentes que saquearon Veracruz. Los yunistas, fieles al estilo de su patrón, buscan ser “a pain in the ass” del gobierno morenista y evitar ser ellos mismos llamados a cuentas.

Lo que menos les importa es la justicia y las víctimas. Ambos bandos representan la misma porquería de la clase política tradicional. Lo que en realidad está sucediendo en Veracruz es un miserable juego de poder.

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