De la misma manera como sucedió con los nuevos consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la designación de Claudia Díaz Tablada como magistrada del Tribunal Electoral estatal obedeció a acuerdos políticos que, contra lo que se asegura en el discurso, en nada se diferencian de los que se han hecho siempre en todos los órganos de toma de decisiones del país.

La designación de los 14 magistrados electorales de los 12 estados donde se abrían vacantes no estaba en el orden del día de la sesión del Senado de la República del pasado 13 de noviembre. El tema fue incluido de última hora y sin contar con el consenso de las fracciones parlamentarias. Aunque ni siquiera lo necesitaban.

Operadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, las designaciones obedecieron particularmente a los intereses de este partido, que alegó le “tocaba” decidir sobre los magistrados electorales, en especial en los estados en los que ganaron las pasadas elecciones –como Veracruz-, ya que en los OPLEs llevó mano el PRI desde el Instituto Nacional Electoral.

Para ello, Morena contó con el apoyo de su nuevo y flamante “aliado”, el Partido Verde, que no hay que olvidar que en Veracruz es “regenteado” por el grupo político del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. Y por ahí se puede jalar el hilo que lleva a la decisión de optar por Claudia Díaz Tablada como magistrada electoral en esta entidad.

A ella se le ubica dentro del equipo político que sigue encabezando en Veracruz Gabriel Deantes Ramos, el operador electoral del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y quien de acuerdo con algunas versiones recabadas por quien esto escribe, habría hecho también “trabajo” para el hoy gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, tanto en las elecciones para la gubernatura de 2016 como en las de 2018.

La designación de Díaz Tablada –quien ha trabajado en el área electoral jurisdiccional desde la época en la que Fidel Herrera fue gobernador- sería pues un pago por los servicios prestados a la causa morenista en Veracruz por el grupo fide-duartista, cuyo empoderamiento en la próxima administración estatal, a través de personeros políticos y empresariales, es cada vez más evidente.

El regreso de la fidelidad, sin Fidel. Con todo lo que eso implica.

La aplanadora

Tras el clarísimo “jalón de orejas” que les dieron desde el Altiplano, los diputados locales de Morena de la LXV Legislatura se dejaron de tonterías e integraron una sola fracción parlamentaria, con lo que se aseguraron el control de los principales órganos directivos del Congreso de Veracruz, empezando por la Junta de Coordinación Política.

Y vaya que se tomaron en serio lo del control. Morena preside 22 de las 40 comisiones legislativas. Y además las más importantes, como Vigilancia, Justicia y Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado y Hacienda Municipal.

Esto provocó una airada queja de la disminuida bancada del PAN, que acusó “autoritarismo” por el reparto “desigual y sesgado” de las comisiones por parte de la aplanadora morenista.

Exactamente igual a lo que hicieron los panistas los últimos dos años.

Los malos ejemplos y prácticas cunden. Y a veces se regresan.

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