Es comprensible que la Fiscalía General del Estado (FGE) esté rebasada por la estela de corrupción encontrada en el Palacio de Gobierno de Veracruz.

Y no es para menos si le añadimos los pendientes de asesinatos contra periodistas, personas desaparecidas, fosas clandestinas, amenazas y personas desaparecidas.

Pero ahí no acaba todo, mientras los días transcurren surgen nuevos problemas, recientemente los acontecimientos de vandalismo y los medicamentos apócrifos contra el cáncer y las falsas pruebas del VIH.

Queremos creer que Jorge Winckler, titular de la dependencia trabaja ya en las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades de quienes cometieron diversos delitos y dañaron en gran escala el patrimonio de los veracruzanos.

La consigna ciudadana es clara y fuerte: “métanlos a la cárcel”. Suena bonito pero en la realidad el asunto no es tan sencillo.

Los procesos penales son tan engorrosos que deben atravesar por un lapso jurídico-burocrático que lleva su tiempo y que no se pueden pasar por alto, por ejemplo:

La Denuncia Penal ante el Ministerio Público (MP), la cual tiene carácter obligatorio ante el Estado.

Existe la figura de la Querella, que a diferencia de la Denuncia Penal es un derecho ciudadano. El denunciante puede manifestarse ante un juez por cualquier delito público que no sea perseguido de oficio.

Continúa la Averiguación Previa: una serie de actos judiciales necesarios para que el MP determine si es procedente ejercer una acción ante tribunales judiciales.

No hay que olvidar el Desahogo de Pruebas, con las que se deberá comprobar cualquier crimen o acto delictivo.

El Acto de Formal Prisión es cuando se llega al punto en el que un juez competente determina negar la libertad a la persona demandada.

Al determinar Formal Prisión, el inculpado puede apelar y para ello tiene un plazo determinado.

Finalmente llega la Sentencia, el veredicto o conclusión que ofrece el juez frente a todos los casos que se le presentan para que nombre las consecuencias que debe de seguir el acusado y el acusador.

Si consideramos que todas las denuncias deben apegarse a este proceso contra los funcionarios de la pasada administración, nos queda claro entonces que la justicia no es tan pronta y ni expedita.

Lo que sí es seguro es que no falta mucho para saber si el Fiscal cumplirá o no con su encargo, pues vamos para dos meses sin que exista un solo funcionario tras las rejas.

Las investigaciones ya corren tanto en la Fiscalía General del Estado como aquellas que atrajo la Procuraduría General de la República (PGR) contra Javier Duarte como enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de un deber legal.

El tiempo en derecho puede ser amigo o enemigo, dependiendo del contexto del demandante o el demandado.

Lo que es una realidad, es que el tiempo es el peor enemigo que abona en la desconfianza ciudadana, que ya rumora encubrimiento y falta de justicia por parte de la actual administración.

Hay quienes dudan que algún día llegue la justicia a Veracruz, sin embargo hay quienes afirman que es muy prematuro para investigar hasta el último detalle de una corruptela que viene de tres administraciones atrás. Otros prefieren darle al ejecutivo estatal el beneficio de la duda. El tiempo lo dirá.

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