Si hubo un área del agonizante gobierno de Veracruz en la que no sólo existió una absoluta opacidad respecto del manejo de los recursos que tuvo a su disposición, sino que se realizó un enorme derroche que tendría que ser investigado real y exhaustivamente por las autoridades, es la Coordinación General de Comunicación Social estatal, cuya revisión de la Cuenta Pública de 2015 arroja graves irregularidades.

De acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado de Veracruz presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al Congreso local, en la dependencia se detectó el incumplimiento a disposiciones de carácter federal y estatal, varias de las cuales no fueron debidamente solventadas.

Aunque de manera muy somera –tibia, podría decirse-, el Orfis le señala a Comunicación Social que “no cumplió con las metas y objetivos planteados en la documentación revisada, por lo que la planeación y programación no permitieron llevar un control de los recursos ejercidos”.

La Coordinación de Comunicación Social no presenta en su información financiera “los movimientos contables y saldos de las cuentas por cobrar por concepto de presupuesto asignado pendiente de ministración o pago; así como de las cuentas por pagar de las contribuciones federales y estatales, proveedores y prestadores de servicios por concepto de la adquisición de bienes y servicios”, señala el informe del Orfis.

Asimismo, de la revisión efectuada a los comprobantes fiscales de los egresos de las dependencias del Poder Ejecutivo correspondientes a la partida “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, proporcionados por la misma Coordinación, se determinó que ésta prorrateó a las secretarías de despacho el gasto relativo a la comunicación de gobierno “sin comunicarles oficialmente del importe de la afectación presupuestal que operará la Secretaría de Finanzas y Planeación en sus registros contables y sin que exista un procedimiento establecido para asignar o distribuir esas partidas de gasto a cada una de ellas”.

Pero lo mejor viene después. El Orfis determinó que de la revisión efectuada a 428 comprobantes fiscales de los egresos registrados por las dependencias del Poder Ejecutivo correspondiente a la misma partida de difusión de mensajes, 361, por un monto de 100 millones 105 mil 68.36 pesos, se emitieron durante el ejercicio fiscal
2014, mientras que los restantes 67, por la cantidad de 38 millones 726 mil 920.92 pesos, correspondieron al año de la revisión, 2015.

De esos mismos 428 comprobantes fiscales, 410 “no cuentan con orden de
inserción en los testigos presentados como soporte documental, por lo que no acreditan de manera fehaciente el ejercicio del gasto”, mismo que ascendió a un monto de 138 millones 610 mil 744.66 pesos.

La cereza del pastel sobre las irregularidades en la Coordinación de Comunicación Social durante el ejercicio fiscal 2015 viene semi escondido en el informe de la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo. En la observación número FP-012/2015/014 ADM se establece que de la revisión al rubro “Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes”, en la cuenta contable 112300020010 de la “Dirección” General de Comunicación Social, en el rubro Deudores Diversos-Dependencias, “el soporte documental de los movimientos contables se encuentra para su custodia en la Dirección antes mencionada, sin que exista normatividad suficiente que valide este hecho”, por un monto del orden de mil 994 millones 621 mil 354.92 pesos.

Esto lo que significa en español corriente es que casi ¡dos mil millones de pesos! se pagaron a proveedores sin que medie factura o comprobante de por medio, lo que de entrada ya podría constituir el delito de defraudación fiscal.

Entre las empresas a las que se les realizaron pagos sin soporte fiscal están la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SAPI de CV, que no es otra que la filial de la brasileña Odebrecht que se constituyó para la construcción –malograda- de una presa en el río Los Pescados, y que recibió 50 millones 642 mil 946 pesos como proveedora de la Coordinación General de Comunicación Social, sin que exista una explicación razonable de qué tipo de servicio le pudo haber prestado.

Otra empresa que se llevó su tajada “por la libre”, por un monto de cuatro millones 120 mil pesos, es Eureka Estrategia y Comunicación SA de CV, propiedad de Carlos Acevedo, quien para entonces también cobraba como asesor de la propia Coordinación de Comunicación Social y actualmente fue incorporado al equipo de cierre del gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado.

A pesar de haber encontrado este “pozo negro”, el Orfis no detectó “irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial
en la Coordinación General de Comunicación Social; sin embargo, se detectaron
inconsistencias de carácter administrativo”. Esto habrá de cambiar en el dictamen que se someta a votación del Congreso del Estado en los próximos días.

Lo que sí identificó el Orfis es al responsable de este desorden, y lo menciona por su nombre en su informe: el entonces titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, quien acaba de retornar a la Cámara de Diputados para escudarse en el fuero.

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