Como se preveía, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional determinó sancionar con la suspensión de sus derechos como militante de ese instituto político al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Esto debido al proceso judicial que sigue en su contra la Procuraduría General de la República por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de un deber legal, lo que para el tricolor, según la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, “afecta gravemente” su imagen.

La novedad de esta sentencia fue que, junto con Duarte de Ochoa, fueron sancionados de igual manera otros seis militantes veracruzanos del PRI, implicados de diferentes maneras en irregularidades y actos de corrupción.

Destaca la aplicación del procedimiento sancionador para el otrora inamovible y poderoso ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció a su cargo hace unos pocos meses luego de ser exhibida parte de su inmensa fortuna personal, incluidas sus residencias millonarias en el exclusivo fraccionamiento The Woodlands, en Houston, Texas. Aunque los esqueletos que guarda en el clóset van muchísimo más lejos de esas “nimiedades”.

También fue despojado de sus derechos político-partidistas el ex delegado de la Secretaría de Economía en el estado y propietario del club de beisbol Rojos del Águila de Veracruz, José Antonio Mansur Beltrán, otro “distinguido” vecino en The Woodlands y a quien se señala como uno de los muchos presuntos prestanombres de Javier Duarte de Ochoa.

Otro que fue incluido en el “cuadro de horror” del PRI es el ex secretario de Trabajo, ex subsecretario de Finanzas y ex oficial mayor de la Secretaria de Educación, Gabriel Deantes Ramos, el manipulador electoral por excelencia del sexenio duartista y quien “forjó” una fortuna personal fuera de toda proporción y contacto con la realidad durante los doce años del fide-duartismo.

Estos tres ex funcionarios son los políticos de más alto nivel, junto con Duarte de Ochoa, sancionados en esta primera instancia, que precede a la expulsión. Pero los otros tres castigados también llaman la atención por las implicaciones y alcances que sus casos pueden adquirir.

Dos de los sancionados son los notarios públicos Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez. Ambos, implicados en el escándalo de las empresas “fantasma” contratadas por el gobierno de Javier Duarte, y de cuya creación dieron fe pública, lo que les puede costar mucho más que solamente ser expulsados de su partido. El primero, además, es hijo del ex alcalde de Boca del Río, ex dirigente estatal del PRI y actual director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz, Raúl Ramos Vicarte.

El último de los sancionados con la suspensión de su militancia priista es Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico del Ayuntamiento de Tuxpan y de la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión en ambas instancias del actual vocero duartista Alberto Silva Ramos, su protector político. También desempeñó las mismas funciones en la Secretaría de Salud estatal, donde fue constantemente señalado por acoso laboral e incluso sexual contra empleadas de esa dependencia. Es hijo del dueño de uno de los periódicos al servicio del agonizante régimen que recientemente dejó de circular en su versión impresa en Veracruz y que aún sobrevive online.

Éste fue apenas el inicio de lo que le espera a Javier Duarte y sus cómplices, algunos de los cuales ya empezaron a negarlo y a deslindarse de él. La decisión parece estar definitivamente tomada en Los Pinos. Van camino a la hoguera.

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