La corrupción no está en las instituciones, es claro que está en las personas que dirigen las instituciones.

Quienes encabezan el destino de las instituciones y generan las políticas públicas, son esas personas que conocemos como la clase política.   

Ellos son los culpables de que México -a través del tiempo- se distinga como uno de los países más corruptos a nivel mundial.

Según Transparencia Internacional (TI), México obtuvo 35 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en el 2015.

Una medición que parte de una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción), con lo que se mantuvo sin cambios en comparación con los resultados de 2014.

La corrupción ha permeado desde siempre en los tres niveles de gobierno en este país, y cada vez  es más descarada.

Hemos llegado a tal punto que la clase política ha capitalizado la corrupción para sacar provecho.

Todos sabemos que la honestidad es un valor humano que es gratuito, aprendido en casa, que no se compra en la tienda de la esquina.

Y la clase política ha sido tan astuta que ha hecho de su debilidad (la deshonestidad) una cualidad. 

Sí, ahora las autoridades festejan y consideran como un gran logro la fundación e instalación de organismos e instituciones anticorrupción.

Conducirse con honestidad dentro de la administración pública es un principio fundamental para desempeñar cualquier cargo.

En algún momento, los políticos pensaron que si hay tanta corrupción (claro, provocada por ellos mismos), pues hay que crear instituciones anticorrupción.

Y la pregunta es: por qué pagara los ciudadanos por un valor que es gratuito: la honestidad.

La clase política dijo: bueno, soy corrupto, entonces voy a crear leyes e instituciones que vigilen mi actuación para darle tranquilidad a la ciudadanía.

Lo lamentable es que todos esos organismos son financiados por los mismos ciudadanos con sus impuestos. Pagamos para que no nos roben.

La reflexión es muy fácil: el mexicano financia a los partidos, paga las elecciones y solventa a los tres poderes de gobierno (poder ejecutivo, legislativo y judicial).

Pero además, ahora el ciudadano desembolsa para sostener a los organismos e instituciones que vigilan que los políticos no se queden con nuestro dinero.

El ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, ahora cónsul de España, propuso la creación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para vigilar las finanzas del estado.

Ese órgano, financiado por el mismo gobierno para que lo vigile; por ejemplo en el año 2014 ejerció un presupuesto de 177 millones 428 mil pesos.

En realidad, ese recurso sirve para maquillar las cifras de la administración en turno, porque nunca hay observaciones que trasciendan más allá de acciones penales.

Por ejemplo, el gobernador del Estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, anunció meses tras que propondría ante el Congreso Local su propia Ley Anticorrupción, antes de que se homologue la que propuso el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión. 

Y seguramente para que se aplique la ley anticorrupción, cualquiera de las dos, será necesaria infraestructura, recurso humano y presupuesto que será financiada –claro- por los mexicanos.  

La descomposición social y política nos ha llevado a los mexicanos a pagarle a los funcionarios públicos sus altos sueldos y también pagar para que no nos roben.

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