Es tan evidente la monumental pifia de la filtración de los supuestos 120 “aviadores” de la Secretaría de Educación de Veracruz, que ahora todos los implicados se quieren “lavar las manos” y niegan su participación en lo que además de una difamación para varios de los mencionados, resulta una violación de leyes federales y estatales.

Tanto el dirigente estatal del PRI Alberto Silva –quien fue el primero en anunciar a principios de semana la divulgación de los nombres– como la secretaria de Educación Xóchitl Osorio y el oficial mayor de esa dependencia Vicente Benítez, niegan haber enviado la tristemente célebre lista de nombres a los medios de comunicación, que a su vez la publicaron sin ningún empacho y sin tomarse la molestia de verificar primero la veracidad de la información.

Ahora resulta que la lista se “filtró sola”. Que quién sabe de dónde salieron esos nombres. Pero lo que verdaderamente llama a asombro es que mientras niegan su autoría, los implicados en el affaire de los “aviadores” al mismo tiempo justifican la divulgación de esa información en nombre de la “transparencia”, a sabiendas de que, como ya quedó demostrado, muchos de los mencionados aclararon la falsedad y el dolo con el que fueron involucrados en un delito que no cometieron.

Por si no bastase, la secretaria Xóchitl Osorio amenaza con denunciar penalmente a los “aviadores” por daño patrimonial al estado. ¿A cuáles? ¿A los de una lista apócrifa que el gobierno estatal niega haber elaborado y mandado publicar? ¿A quienes fueron dañados en su fama pública con todo y su prestigio académico y conocida trayectoria, como fue el caso del fallecido antropólogo Alfonso Gorbea?

La respuesta de las autoridades sólo las incrimina. A tal grado, que para intentar tapar el garrafal error que cometieron y del que no quieren asumir responsabilidades, abren nuevos frentes, logrando únicamente hundirse más y más.

Es así que a la comedia de la simulación se sumó hasta la consejera presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Yolli García –la misma que organiza “baby showers” en las instalaciones de ese organismo público–, quien salió a declarar que no era ilegal la divulgación de los nombres de los “aviadores”, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo permite en caso de que haya un delito a sancionar. Y volvemos a lo mismo. Todo con base en una lista que, jurídicamente, no existe.

Desde que se dio a conocer el anuncio de que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa “perseguiría” y cesaría a los trabajadores del sector educativo que cobran sin trabajar, aquí se señaló que se trataba de una simulación. De otro show mediático para quitarle presión al tema de la quiebra del estado y la contratación de más deuda, de la violencia y la inseguridad incontrolables, y de las jugarretas políticas del grupo gobernante para mantenerse, a la mala, enquistado en el poder en la entidad. El mantenimiento de los privilegios y prebendas de la cúpula sindical magisterial militante del PRI lo prueba.

Es tan frágil el tema de los “aviadores huérfanos”, que ni siquiera se molestaron en cuadrar su discurso actual con el del pasado inmediato, cuando ellos mismos negaron, rotundamente, que en el sistema educativo del estado se tuviera en nómina a defraudadores.

Así lo declaró a principios de 2015, el 19 de enero, el entonces recién nombrado secretario de Educación Flavino Ríos Alvarado, quien rechazó señalamientos al respecto hechos en publicaciones nacionales y locales: “lo que hacemos es hacer bien las cosas y muchas, acudan a la fuente que son los subsecretarios, el oficial mayor, el secretario, y tenemos un enlace de comunicación para no difundir versiones falsas. Las publicaciones son datos de hace un año, hoy los maestros reciben su salario de forma normal, los que están en las aulas, todos están trabajando, todo se está cumpliendo, porque hay un compromiso con Veracruz y con México”, dijo quien hoy es secretario de Gobierno del Estado (AVC  Noticias, http://www.avcnoticias.com.mx/resumen.php?idnota=195020).

Pero nueve meses y medio después, “se dieron cuenta” que “siempre sí” había “aviadores”. ¿A quién habría que denunciar por daño patrimonial entonces?

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