Estela Casados González

Hace algunos días recibí una llamada telefónica para participar en un programa noticioso. ¿El tema? Mujeres. ¿Cuál más?

“Mira, ellas van a ser muy institucionales. Entonces, tu papel va a ser meter polémica”.

“¿En serio?”, me pregunté mientras trataba de no dejar caer el celular.

La ignorancia de quien estaba del otro lado de la línea, lejos de parecerme atrevida, me mostró la percepción que algunos medios aún poseen sobre la sociedad civil en general y sobre las feministas en particular (incluso de las académicas, ya no imaginemos qué pensarán de “las rudas”).

Quienes trabajamos desde nuestros campos de conocimiento y experticia para mejorar la situación de las mujeres, y por ende de nosotras mismas, somos vistas como revoltosas, busca pleitos, exageradas, hembristas y “polémicas”.

Espero que estos adjetivos calificativos no hagan de lado el tema de fondo, lo que verdaderamente importa: las condiciones bajo las cuales viven y sobreviven casi 4 millones de veracruzanas, es decir, más de la mitad de la población de la entidad.

Si exponer cuál es la situación de violencia hacia las mujeres y enumerar las mil y una estrategias utilizadas para vulnerar los derechos de las ciudadanas es un acto que transgrede el silencio y la normalidad con la que se nos violenta, seguiremos alzando la voz.

2015 ha sido un año aciago para las que aquí vivimos. Madres de familia que son asesinadas frente a sus hijas de camino a la escuela; violadores, feminicidas que van segando vidas a su paso, tal como se ha observado en el lapso de dos semanas en el municipio de Papantla.

Al parecer, se activan protocolos, se inician averiguaciones, pero los agresores siguen violentando y los feminicidas siguen libres. Los delitos contra las mujeres se incrementan. La ausencia de cifras oficiales y la falta de información oportuna para la población solo invitan a la especulación y al miedo.

Pareciera que no hay de otra más que contar a las muertas, protegernos a nosotras mismas, a nuestras amigas, hijas, vecinas, hermanas. Parece que ya no es válido preguntar si procurar nuestra seguridad es el papel de un Estado que dice ser garante.

Esta semana la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dará a conocer públicamente las recomendaciones al gobierno del estado de Veracruz en el marco de la Solicitud de la Alerta de Violencia de Género interpuesta por diez asociaciones de la sociedad civil. Dichas recomendaciones representan una gran oportunidad para las autoridades locales. Si se acatan de manera seria, estratégica y puntual, permitirían disminuir sensiblemente la ola de violencia que viven las veracruzanas. Durante 2014, en el 18 por ciento del territorio veracruzano se cometió por lo menos un feminicidio. 2015 tiende a superar esta cifra.

Las recomendaciones al gobierno estatal también representan una oportunidad para la sociedad civil. Éste no es un “tema de mujeres”. Es un asunto que debe ocupar a toda la población. Nosotras no somos un sector. Somos más de la mitad de la población que vive, trabaja y paga impuestos en Veracruz.

La ciudadanía debe exigir que el Estado garantice nuestra vida y seguridad, que no las obstruya. Emprendamos acciones urgentes. Los pronunciamientos no han servido de mucho.

Así, tal como lo señala Amelia Valcárcel: “Deploramos los asesinatos de mujeres… de acuerdo. Pero hay que pararlos… dediquemos a ello decisión y fuerza”.