Dice una regla de oro de la abogacía que quien acusa, tiene la obligación de probar sus dichos.

Y si como dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa durante su “celebración” de la “libertad de expresión” con reporteros del norte de Veracruz, sabe quiénes de los integrantes del gremio periodístico en la entidad tienen nexos o están coludidos con la delincuencia organizada, no sólo está obligado a probarlo. Debe actuar, de inmediato, en consecuencia y proceder legalmente en su contra. De lo contrario, se convierte en cómplice de los delitos que dice conocer.

Pero la perorata del gobernador en Poza Rica el martes 30 de junio llamando a los reporteros a “portarse bien”, más que una súplica, como lo quiso hacer ver, fue una abierta amenaza en contra de todo el gremio, al que en su conjunto, sin excepción, detesta.

Desde su inicio, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se distinguió por su desprecio a los integrantes de los medios de comunicación. Lo que se tradujo desde el principio en hostigamiento e intimidación, y que terminó en una cacería de periodistas, propiciada o tolerada por la autoridad. El saldo hasta ahora es de 12 periodistas asesinados en menos de cinco años. Todos los casos, impunes.

La frivolidad y el cinismo de Javier Duarte no tienen parangón en la historia moderna de Veracruz. Con absoluta ligereza e irresponsabilidad afirmó que “todos sabemos quiénes de una u otra manera tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que ‹la virgen nos habla› es otra historia, pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quienes están metidos con el hampa. Pórtense bien por favor”.

Si se hace que “la virgen le habla”, incumple con un deber legal y debería fincársele responsabilidad penal por encubrimiento. Pero en realidad, de lo que se trata esta bravata es de intimidar a los periodistas veracruzanos, que hemos sido testigos de cómo ha sido una actitud constante de su gobierno la criminalización de sus “enemigos”. Lo ha hecho prácticamente en todos los casos de periodistas asesinados en Veracruz durante su sexenio. Avienta la piedra y esconde la mano.

Pero ahora amenaza. “Vamos a sacudir el árbol, y se van a caer muchas manzanas podridas”, fanfarroneó. ¿Por qué no lo ha hecho, si los tiene identificados? ¿O el mensaje es para los críticos de su gobierno? ¿Van ahora a acusar de narcos, o de cualquier cosa que se les ocurra, a los periodistas que no se postran a los abyectos intereses de su desastrosa administración?

Parece que por ahí va la ruta del “pienso, luego publico” de la campaña para controlar e inhibir el uso de las redes sociales. No sería la primera vez que torcieran  la ley y las instituciones del Estado para enderezar venganzas personales, como cuando encarceló a la periodista Marijose Gamboa Torales o a la tuitera Maruchi Bravo Pagola.

No nos damos golpes de pecho. El periodismo, como cualquier otra profesión, está expuesto a que sus integrantes yerren, delincan, pues como cualquier ser humano, somos falibles y podemos ceder a mil tentaciones.

Pero el que un gobernante lance acusaciones dolosas, temerarias e irresponsables lo único que propicia es una mayor vulnerabilidad del trabajo periodístico y de los comunicadores veracruzanos, que cada vez encuentran más dificultades para realizar su labor con libertad en un estado cuyo gobierno apuesta por la restricción de los derechos civiles de los ciudadanos como forma de control político.

Reiteramos. Javier Duarte de Ochoa está obligado a probar sus dichos y actuar judicialmente en contra de cualquier persona que infrinja la ley, sea periodista, empresario o miembro de su gabinete, de cuya responsabilidad no se puede evadir.

De algo sí estamos seguros. Si se sacudiera el árbol de la corrupción en Veracruz, las primeras “manzanas podridas” caerían en el jardín central de Casa Veracruz.

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