Ufano, el gobernador Javier Duarte de Ochoa afirmó, en una reunión con dueños de medios de comunicación, que los resultados de la elección del pasado 7 de junio habían sido un “referéndum” para su administración.

Esto en referencia a que, en los resultados finales, a su partido, el Revolucionario Institucional, no le fue mal, al menos aparentemente. De 21 distritos en disputa, el PRI se alzó con la victoria en 16, mientras que el PAN se quedó con dos, al igual que el debutante Movimiento de Regeneración Nacional, y uno el agónico Partido de la Revolución Democrática.

Con base en lo anterior, Duarte de Ochoa manifestó ante su selecto grupo de invitados a “celebrar” la “libertad de expresión” –con la “prole” lo hará hasta la semana que entra– que ratificaba su compromiso para “dar continuidad” a las acciones que “requiere Veracruz para su desarrollo”.

Y la continuidad a la que aspira Javier Duarte es a la de imponer sucesor en el Gobierno de Veracruz. No por nada su “delfín”, el diputado federal electo por Tuxpan Alberto Silva Ramos, le dice a quién lo quiere oír que su proyecto en pos de la gubernatura “sigue en pie”.

Pero, ¿de verdad la votación refleja aceptación hacia el proyecto y gobierno duartista? Si nos atenemos al número de distritos ganados por el PRI, podría darse crédito a esa idea. Pero si el criterio se basa en la votación efectiva, las cosas cambian.

De acuerdo con el cómputo final del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Veracruz el PRI obtuvo una votación total de 722 mil 509 sufragios. Si se le suman los 195 mil 886 de su aliado el Partido Verde, la coalición duartista-fidelista alcanza 918 mil 395 votos en todo el estado.

Si se hace la misma operación y se suman todos los votos de los demás partidos que contendieron, resulta que un millón 479 mil 206 veracruzanos votaron en contra del PRI y de lo que representa. ¿Eso es un voto de confianza para el gobierno de Javier Duarte?

Sin embargo, para el Gobernador tener a la mayoría de los veracruzanos en contra no es importante. Y más luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de inconstitucionalidad promovido por Movimiento Ciudadano en contra de la gubernatura de dos años impulsada por su gobierno, precisamente con la idea de colocar ahí a un sucesor a modo.

Pero ni la victoria distrital del PRI ni la decisión de la Corte cambian una realidad incontrovertible: la administración de Javier Duarte ha cometido una serie de irregularidades por las que debe responder.

El dedo en la llaga lo puso el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado José Francisco Yunes Zorrilla, quien el miércoles 10 de junio declaró que en Veracruz hay un desequilibrio financiero mensual de 800 millones de pesos, lo que anualmente representa la friolera de nueve mil 600 millones de pesos que el gobierno no sabe de dónde tomar.

Y esto es a causa del brutal saqueo a las finanzas públicas cometido por el grupo gobernante, que ya ha sido denunciado por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, que no sabemos cuándo se va a dignar cumplir con su responsabilidad.

Pero aquí prefieren seguir celebrando.

Justicia, nada más

Regina Martínez y los demás periodistas veracruzanos asesinados durante los últimos años no necesitan que una plaza pública o una calle lleve sus nombres para honrarlos.

Necesitan justicia. Nada más.

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