Siete minutos le bastaron al gobernador Javier Duarte de Ochoa para dar por “solucionados” los casos de violencia que han cimbrado a Veracruz en los últimos días.

En un mensaje a los medios de comunicación –a cuyos representantes no se permitió hacer preguntas–, el mandatario se dedicó a la monótona expresión del “speech” que le recomendaron repetir hasta el hartazgo: que se aplicará “todo el peso de la ley” a los responsables de los asesinatos de Columba Campillo y de Genaro David Bermejo –de María Teresa Palmeros ni se acordó, probablemente Poza Rica le queda muy lejos–; que Veracruz “funciona” pese a la violencia desbordada en todo su territorio, y que “garantizar a diario la seguridad de todos los veracruzanos es la máxima responsabilidad, el Gobierno del Estado ha tenido siempre clara su responsabilidad y el compromiso hacia el ciudadano”.

En su reaparición ante reporteros tras varias semanas ausente, Javier Duarte incluso se dio tiempo para afirmar que Veracruz es de las entidades con menor tasa de homicidios y secuestros del país, lo que haría suponer que en los otros estados de la República viven una barbarie asesina incontrolable, apocalíptica.

Pero concediendo que así fuera: ¿eso le sirve de consuelo a las madres cuyos hijos han sido víctimas de la violencia que el gobierno no puede o no quiere impedir? ¿Eso las hará sentirse más tranquilas?

Porque no se trata sólo de los casos antes mencionados. En un espléndido reportaje, el periodista veracruzano Ignacio Carvajal documentó el asesinato de 33 mujeres en lo que va del año en el estado de Veracruz. Feminicidios que para varias asociaciones civiles serían suficientes para decretar una alerta de género en la entidad, que cada vez está más cerca de padecer la misma situación de violencia contra la mujer que se vive en el Estado de México y que se hizo trágicamente legendaria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El que la Fiscalía General del Estado detenga a los implicados en la comisión de delitos no es motivo de orgullo ni razón de envanecimiento. Es apenas cumplir con parte de su deber, para lo cual se les paga a los servidores públicos con dinero de todos los veracruzanos.

Y además, habrá que ver si de verdad hicieron bien su trabajo. La detención de Ileana Mortera, señalada por la Fiscalía como “autora intelectual” del plagio y asesinato de Columba Campillo, está plagada de irregularidades que constituirían violaciones al debido proceso y que podrían terminar poniendo en libertad a esta persona, aún si realmente fuera culpable del homicidio de la adolescente.

Se supone que una de las principales razones de ser del Estado es la de garantizar el orden y la seguridad en los territorios que gobierna. Evitar la anarquía y brindarle a los ciudadanos la oportunidad de desarrollar su vida en paz, en armonía con sus semejantes.

Sin embargo, al Gobierno de Veracruz parece bastarle con hacer el papel de plañidera en los funerales –a los que considera oportuno presentarse, por supuesto. Ni hablar si el muerto es un periodista–, de verdugo de sus enemigos y de sepulturero de las decenas de cuerpos que los criminales arrojan por todos lados.

Dijo este mismo lunes Javier Duarte que “no hay, no habrá, para el Gobierno de Veracruz más alto compromiso o prioridad que la armonía y la paz social, con emoción ética, social y de justicia”.

Coloque el lector el adjetivo que considere más apropiado.

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