Manicure permanente en el manejo del dinero público

  • Héctor Yunes Landa

El pasado jueves, el Senado de la República turnó a Comisiones Unidas de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda, la minuta en materia de combate a la corrupción aprobada en la Cámara de Diputados ese mismo día.

Esta minuta representa un gran avance para combatir la corrupción, flagelo de todo país, al articular las distintas instituciones del Estado mexicano a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y dar cauce institucional para mejorar el desempeño de la administración gubernamental al tener la capacidad de medir y evaluar el desempeño del servidor público atendiendo principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, se coordinarán entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Asimismo, se otorgan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que audite recursos federales, durante el ejercicio fiscal “en tiempo real”, que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, no sólo públicos sino también privados, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares y no como en este momento que es posterior a la conclusión del ejercicio fiscal.

Adicionalmente, para fortalecer el proceso de revisión de la Cuenta Pública, se amplían los plazos para la realización de auditorías con un nuevo procedimiento para la presentación oportuna de sus resultados. En este orden de ideas, se prevén tres fechas para la entrega de informes individuales de auditoría: el último día hábil de junio y de octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Por otra parte, se agrega la facultad para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, cuando las entidades federativas y municipios contraten deuda que esté garantizada por la Federación.

La Auditoria Superior de la Federación investigará las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promoverá el financiamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República; no limitándose sus investigaciones por secretos fiscales ni de ningún otro tipo.

El nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conservará la competencia actual en las materias fiscal y administrativa, y se le adiciona la nueva competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.

La minuta en materia de combate a la corrupción también introduce una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves; así como la responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves, contemplándose sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

Además, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.

La ciudadanía está harta del abuso y la corrupción, de ahí que insistamos en que estas acciones se desvanecerán con la justa aplicación de la ley. Por eso somos participes de que su aplicación además de justa, sea firme, sea rigurosa y particularmente ejemplar. Si bien la corrupción lástima, más agravia la impunidad.

Con este Sistema Nacional Anticorrupción se da un paso fundamental para fortalecer la integridad y el comportamiento público de los funcionarios, ya que estarán sometidos a un manicure permanente que cercenará el aborrecible crecimiento de las “uñas” que tanto ha lastimado las arcas públicas.