Como si no le sobraran frentes abiertos, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa cada vez se aísla más de todos los veracruzanos y, haciendo gala de su prepotencia, se enfrenta con todos los grupos y sectores que ya no se tragan la píldora del “estado próspero”.

En un hecho inédito, los líderes de todas las cámaras empresariales de Xalapa que acudieron a la Secretaría de Finanzas y Planeación a una reunión convocada por el propio titular de la dependencia, Mauricio Audirac Murillo, fueron echados del edificio con el uso de las fuerza, como si se tratase de pordioseros o de delincuentes.

Como lo lee usted. Los representantes de los hombres y mujeres de negocios de la capital del estado de Veracruz fueron arrojados casi a patadas por los guardias de la Secretaría de Finanzas, a pesar de que habían acudido por invitación expresa de Audirac, para tratar el pago de los millonarios adeudos que el gobierno “eficiente y ordenado” de Javier Duarte mantiene con los proveedores desde hace años. Incluso, desde el sexenio pasado.

Ya no sabemos si se trata de un acto de soberbia o de total desquiciamiento. Lo que sí es público y notorio es que la administración estatal se encuentra en bancarrota y prefiere no dar la cara a quienes demasiado pacientemente, por años, han soportado, o casi solapado, su irresponsabilidad e incumplimiento.

Sólo que lo sucedido este miércoles 14 de enero rebasó las expectativas. Javier Duarte no sólo no quiere pagar. Ahora, agrede a los empresarios, muchos de los cuales incluso ayudaron a financiar su campaña a la gubernatura, y que ahora se arrepienten diciéndose a sí mismos ¡pendejo!, frente a un espejo.

Hay un elemento adicional que sirve para contextualizar este inadmisible abuso y agravio a los empresarios: la mayoría de éstos se reunieron a desayunar un día antes con el senador José Francisco Yunes Zorrilla, quien rompió públicamente con el duartismo tras la aprobación de la gubernatura de dos años y que el fin de semana pasado advirtió que, como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara alta, realizaría una minuciosa revisión del destino de las participaciones federales que se envían a Veracruz y que aquí el gobierno estatal no entrega a los municipios.

Porque la tremenda crisis de solvencia financiera por la que atravesó Veracruz este fin de año tiene que ver precisamente con eso, con el desvío de los recursos públicos en los que ha incurrido la administración estatal para financiar la vida de lujos de sus funcionarios, así como en eventos para los que había un presupuesto asignado, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y el cual se gastó en campañas políticas o en la gestación de emporios de la comunicación en los que integrantes del más alto nivel de este gobierno tienen participación accionaria.

Así que por eso la agresividad contra quienes fueron a cobrar lo que en justicia y legalidad les corresponde. Sólo que a Audirac y a Duarte se les olvida que las oficinas en las que despachan son públicas, no de su propiedad.

Y a quienes se les debería correr de ahí, realmente, es a ellos.

Presión a medios de comunicación

Y fiel a su “mística” de agredir a la libertad de expresión, el gobierno de Javier Duarte ahora presiona a los dueños de los medios de comunicación para que “aguanten” los contenidos críticos contra la administración estatal, quién sabe si con  promesas o amenazas.

Si ésa va a ser la política de comunicación del recién nombrado nuevo titular del área, Juan Octavio Pavón, podemos augurar que se irá, derecho y sin escalas, al mismo retrete en el que la historia de la entidad colocará a sus antecesores.

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