No sabemos si fue sólo un anuncio o una amenaza. Pero el vocero del Gobierno del Estado, Alberto Silva Ramos, dio a conocer que en Veracruz no será requerida la pomposa Gendarmería Nacional recién creada por el presidente Enrique Peña Nieto.

En su lugar, en el estado entrará en operaciones una agrupación policiaca de “elite” denominada Fuerza Civil de Veracruz, misma que, según lo difundido mediante un boletín con declaraciones acreditadas a Silva, estará conformada por dos mil elementos “altamente capacitados y calificados”, la cual “atenderá la problemática que exista o se presente en cada región del estado”.

¿Pues qué no ya operaba en Veracruz una policía “científica”, “capacitada” y “calificada” desde hace como dos años? ¿Qué no se trataba del gran orgullo del secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez?

Pues parece que no, que como era evidente, en Veracruz han estado operando los mismos elementos policiacos que, como también sucedía antes, no tienen capacidad para enfrentar a los criminales que asuelan gran parte –por no decir todo- del territorio veracruzano, cuando no son ellos mismos los encargados de cometer los delitos, tal como lo han denunciado varios organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos.

Ahora vienen con que se crea un nuevo cuerpo de seguridad integrado por “expertos francotiradores, montañistas y rescatistas, con capacidad para desactivar explosivos y conducir cualquier vehículo automotor, ya sea terrestre, aéreo o marítimo”.

Según Silva, esta Fuerza Civil “hace innecesario que la Gendarmería Nacional se desplace a la entidad”. O lo que es lo mismo, el gobierno estatal no quiere que la Federación tome por completo las riendas de la seguridad pública en la entidad, como ya lo ha hecho en Michoacán o Tamaulipas.

Y no lo quiere porque quedaría al descubierto –mucho más aún- la incapacidad y el fracaso del Gobierno del Estado para garantizar uno de los derechos básicos de la población, que es precisamente su seguridad y tranquilidad. Aunque en honor a la verdad, no hace falta que venga la Gendarmería de Peña Nieto para darnos cuenta de eso.

Tampoco es que la Gendarmería vaya a ser la panacea y la solución última a los problemas de violencia que azotan no sólo a Veracruz, sino a muchos otros estado de la República. Se trata de otra agrupación de “elite”, de apenas cinco mil elementos para cubrir todo el país, entrenados, según se informó, “para garantizar la seguridad de la población y sus bienes en rutas de tránsito de insumos y mercancías, de paso de migrantes, de producción agrícola, pesquera y forestal y otras que pudieran encontrarse vulneradas por la delincuencia en zonas rurales o marginadas; así como coadyuvar con autoridades locales en la prevención de la comisión de delitos, con el propósito de apoyar el desarrollo económico”.

Se trata pues de un cuerpo de vigilancia para, fundamentalmente, evitar que las bandas criminales trastoquen la actividad económica, y eventualmente para coadyuvar con las autoridades locales para combatir el delito, lo que ya hacen el ejército y la marina.

Sin embargo, la estrategia de militarización del país instrumentada desde el gobierno de Felipe Calderón para perseguir a los delincuentes ha demostrado su rotundo fracaso, a pesar de lo cual Peña Nieto no la ha modificado un ápice. Y los resultados también están a la vista.

Pero llama la atención que Alberto Silva haya hecho este anuncio tres días antes de conmemorarse un año de la represión ordenada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa para desalojar violentamente de la plaza principal de la capital del estado a los maestros y estudiantes que protestaban contra la reforma “educativa”, pues la querían “limpia” para la ceremonia del “grito” de Independencia. Ese acto, en el que el gobierno atacó vilmente a la población civil, mujeres, niños y ancianos incluidos, es uno de los capítulos más ominosos y que marcarán históricamente al régimen duartista.

De nueva cuenta, nos preguntamos: ¿fue anuncio o amenaza?

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