En los tiempos que corren la inseguridad no es un asunto menor. Habiendo trascendido el marco de la historia negra marginal  que se ventila en barandilla,  ha pasado al escenario político y social en el que la percepción ciudadana cuenta y cuenta mucho en tanto le vincula con corrupción e impunidad generalizada, en un Estado-Nación en el que el Estado incumple con su propósito sustantivo y la Nación en un proceso ascendente de deterioro y pérdida de identidad y de valores se nos escapa entre los dedos.

El problema no es encontrar culpables, pretendiendo que tal o cual funcionario cumplan o dejen de cumplir con aquellas responsabilidades y obligaciones que la sociedad mandata, como observo en el manejo de cierta prensa en Veracruz que encuentra en la denuncia y el morbo acogida entre los sectores más atrasados de la población, a la par que abona al conflicto político electoral llevando agua al molino del mejor postor.

En todo caso, los responsables y con un alto grado de culpabilidad somos todos. La inseguridad pública deviene del rechazo de la población a involucrarse en la conducción de los destinos de la sociedad. La ausencia de ciudadanía deja espacios que la delincuencia, común, organizada, de cuello blanco, o gubernamental, paulatinamente ocupa hasta dominar el escenario; envolviéndonos y dando lugar a un doble poder en el que el Estado cede, deja hacer, deja pasar, terminando por  encubrirse bajo la máscara del aquí no pasa nada.

De ahí que a mi juicio la denuncia periodística sea irrelevante; son más los lectores que optan por desentenderse que los pocos que podrían interesarse u obligarse a tomar cartas en el asunto. El servidor público lo sabe, y la crítica le resbala, fortaleciéndole en tanto que quejas y denuncias en su contra  contribuyen a darle presencia, protagonismo e importancia en el seno de la sociedad. Y, cuando la voz de la prensa es escuchada, si la autoridad actúa positivamente en consecuencia, algo hay detrás, intereses a los que conviene hacer como que se hace poniendo en la picota al presunto o infractor. Retornándose al principio, corrupción e impunidad por encima del interés legítimo de la sociedad.

Cuando se no quiere ver más allá de nuestro propio ombligo, violencia e inseguridad se descontextualizan. Se ignora su carácter de fenómeno social generalizado,  y se politiza y partidiza con criterios aldeanos de buscar responsables entre aquellos adversarios que interesa descalificar. Consecuencias y no causas entonces se privilegian y el problema toma el cauce de lo insoluble; si tiene solución que bueno y si no, también.

El afán enfermizo de una minoría por acumular bienes materiales, como sea y sin importar el costo social que ello implique, crea las condiciones sistémicas de acumulación y concentración de la riqueza, desigualdad, pobreza, corrupción e impunidad, caldo de cultivo estructural de violencia e inseguridad en una sociedad  en la que  el fin justificando los medios,  le tiene atrapada en el capitalismo salvaje de nuestro tiempo. Este es el adversario a vencer y no las individualidades que le ejemplifican.

En este marco el caldo económico, social y político de cultivo de delincuencia e inseguridad, queda no sólo incólume, sino que se extiende y profundiza. En este nauseabundo pantano, queja, lamento, crítica o denuncia, siembran en terreno esteril, hasta disolverse en el ácido corrosivo de la indiferencia social.

Quiza esta sea la razón por la que evado concientemente en mis maquinazos el tema de policías y ladrones. La solución a la problemática no se encuentra litigando a periodicazos ni se abona al terreno de la seguridad ciudadana individualizando el fenómeno y ejemplificándolo con la denuncia al calce. Antes al contrario,  como suelen decir algunos políticos dados a los lugares comunes, lo que resiste apoya; impunidad y miedo van de la mano fortaleciendo la ilegalidad y disminuyendo capacidad de indignación y de respuesta social. La población se esconde tras la puerta y la participación ciudadana brilla por su ausencia, cediendo espacios a las conductas antisociales.

Habida cuenta de que lo mismo delinque el malandrín que se ostenta y actúa como tal, que el servidor público que en el mejor de los casos tolera la conducta del primero sin que pase nada, la erosión del estado de derecho no tiene freno, contribuyendo a la disolución del Estado y a separar a éste de lo que entendemos por Nación.

Lo cual da a la problemática de la creciente criminalidad e inseguridad el carácter de asunto de Estado y de seguridad nacional. Algo muy ajeno al amarillismo y escándalo que suele acompañar a la denuncia periodística poniendo en la picota a ciudadanos o servidores públicos de medio pelo.

Por su trascendencia e impacto en la vida presente y futura de la sociedad, entonces el tema de la violencia criminal e inseguridad pública, debería tipificarse como un fenómeno estructural de primer orden, lo que no se hace, dejando su solución al garete y en manos de  autoridades administrativas que la mayor de las veces no cumplen con su encomienda.

Más cuando se es juez y parte, sirviendo a los intereses del poder fáctico y no a la mayoría de la población. La criminalidad de cuello blanco que no se ve pero se siente, es intocable. Razón por la que privilegiar  atención y respuesta a la ilegalidad creciente, no tiene cabida en el reformismo presidencial de moda. Combatir con honestidad, eficiencia y eficacia a la corrupción, delincuencia e inseguridad, equivale a escupir para arriba, mala costumbre que no figura en la conducta de nuestra clase política, siempre al cuidado de que no le pisen la cola.

Hojas que se lleva el viento

Curioso caso el del anuncio y amplia difusión del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país. Atiende a las necesidades del gran capital y no resuelve en nada el rezago económico y social de la gran mayoría de los mexicanos. Y, por si fuera poco, para el secretario de comunicaciones y transportes, la panacea aeroportuaria será costeada con recursos públicos, en terrenos propiedad del gobierno y será propiedad de este y no privada, “por ahora”. Curioso, sí, porque de acuerdo con el funcionario peñanietista, los bienes públicos a partir de este régimen son propiedad del gobierno y no del Estado nacional.

No hay peor ciego que el que no quiere ver (o reconocer) El senador Héctor Yunes Landa cual llanero solitario habla y habla, dice y dice, que el Segundo Informe de Gobierno del mexiquense Peña Nieto muestra fehacientemente objetivos cumplidos a favor de los mexicanos. Tanto habla y tanto dice, que más que convencer de su valía como aspirante a gobernar a Veracruz obtiene lo contrario en una entidad en la que el PRI va de bajada arrastrado por el reformismo peñanietista.

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