El presidente Enrique Peña Nieto comenzará su tercer año de gobierno sin la posibilidad de evadirse en excusas como las que ahora, en la víspera de su segundo informe de labores, lanza para justificar el mal desempeño de su administración.

Porque por más que los panegiristas del régimen digan que México “va en la ruta correcta”, simple y llanamente no se ve mejoría alguna en el país con el regreso del PRI al poder.

En el tema de la seguridad, la violencia homicida no se relajado y hemos sido testigos de una escalada sanguinaria en estados como Veracruz, donde cada semana aparece una fosa clandestina con cuerpos enterrados, o bien desaparece una persona en cualquier región de la entidad, mientras las autoridades estatales recomiendan a la población comprar perros y alarmas para protegerse y sentirse menos inseguros, como si no fuera ésta una de las obligaciones y responsabilidades básicas de cualquier gobierno.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, durante 2013 se registraron 22 mil 732 homicidios en México, de toda índole. Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que en lo que va del sexenio de Peña Nieto, hasta el mes de junio pasado, se denunciaron 55 mil 325 asesinatos en el país. Más, incluso, que los cometidos en el mismo periodo durante el gobierno de Felipe Calderón, lo cual ya es decir.

Pero si bien, como dice el mismo Presidente, el problema de la inseguridad es un asunto que se arrastra desde hace años y que no surgió en este sexenio, echemos un vistazo entonces a la economía, donde el diagnóstico no es más favorable.

En el primer año de Peña Nieto al frente de la administración federal, la economía del país creció un insignificante 1 por ciento. Y en este 2014, las expectativas han tenido que reducirse ya en dos ocasiones.

Si bien nos va, en este año se alcanzará el 2.7 por ciento de crecimiento que la Secretaría de Hacienda proyectó la última vez que salió a anunciar que los números no le cuadraban, lo que está muy lejos de las promesas de campaña de alcanzar un crecimiento anual de al menos 5 por ciento.

La consecuencia de ello es que el poder adquisitivo sigue en franca caída, los empleos son pocos y mal pagados. En los hogares de la mayoría de los mexicanos se vive con carencias. Incluso, el mismo gobierno reconoció desde un principio que en el país existe hambre entre un gran segmento de la población, pero su manera de atacarla fue a través de un programa que sigue siendo meramente asistencialista y electorero, y por ende, ineficaz.

Hace 12 meses, en este espacio expusimos la idea de que el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto había sido perdido, entre la subida en la curva de aprendizaje y la prioridad por la política por encima de la economía y la cuestión social.

Hoy no se ven avances significativos en los índices estadísticos sobre los grandes temas nacionales, y por esa razón la popularidad del Presidente sufre un precipitado desplome dentro y fuera del país.

Sólo que ahora existe un factor que tendrá que hacer la diferencia de aquí en adelante. En el Congreso de la Unión fueron aprobadas todas las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto prácticamente en los términos en los que las envió al Poder Legislativo. La “madre” de todas éstas, la energética, modificará por completo la actividad industrial del país y atraerá a inversionistas de todo el mundo que, al menos en teoría, deberán traer dinero y empleos bien remunerados para México.

A Peña Nieto le fueron entregadas en bandeja de plata las herramientas que pidió para construir e inaugurar una nueva etapa en el país. Si no comienzan a verse pronto resultados no sólo en la macroeconomía, sino en los bolsillos de los mexicanos, en las mesas de sus hogares, en la seguridad en sus barrios, en su calidad de vida, no habrá servido de nada y su sexenio iría en camino al fracaso.

La temporada de pretextos de los presidentes se terminó.

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