Desde su creación hace casi 14 años, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ha sido más un brazo ejecutor y de presión política, que un verdadero organismo autónomo, auditor del uso de los recursos públicos en la entidad.

En casi década y media, el Orfis no ha procedido legalmente en contra de ningún funcionario público de alto nivel o contra algún alcalde de los municipios más importantes del estado, por cometer daño patrimonial en contra de las finanzas de las administraciones que les tocó encabezar. Y ejemplos de autoridades rapaces y voraces, sobran en el escenario de la política veracruzana.

Instaurado en el año 2000 en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, luego de la reforma a la Constitución del Estado promovida por el gobierno de Miguel Alemán Velasco, el órgano fiscalizador ha terminado por convertirse en un mero facilitador para que les “cuadren” las cuentas a los entes públicos que se someten a sus revisiones, previa “mochada” con el auditor en turno, o bien por instrucción precisa desde la cúpula del poder.

Por eso mismo, año con año, la presentación de los resultados de la Cuenta Pública de las dependencias de la administración estatal, los entes autónomos y de los 212 ayuntamientos, que el Orfis entrega a la Legislatura, se vuelto un símil del cuento de Pedro y el lobo: de tanto decir que ahora sí se procederá contra los funcionarios públicos que hayan abusado de su puesto, sin que pase nada, ahora ya nadie les cree, ni se asusta.

La revisión de la Cuenta Pública de 2012 (que por ley se presenta con dos años de retraso) arrojó un presunto daño patrimonial global de 409 millones 346 mil 68 pesos, de los cuales, poco más de 125 millones corresponden a 38 ayuntamientos, más de 44 millones a la extinta Secretaría de Comunicaciones, y 233 millones 148 mil 624 pesos a los fideicomisos de administración y construcción del interminable túnel sumergido de Coatzacoalcos.

Tras conocerse esta información, difundida por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura local, Francisco Garrido, luego de las quejas de la bancada del PAN por la opacidad en el manejo de estos datos, de una manera por demás inusual, el Gobierno del Estado emitió un boletín para “celebrar la claridad con la que se conduce el Poder Legislativo” y advertir que quien haya incurrido en una ilegalidad, “deberá ser sancionado de acuerdo a lo que la ley establece” (sic).

Para no variar, la mayor parte de la carga del supuesto desfalco al erario se deja en los municipios, la mayoría pequeños o rurales, mientras que las dependencias del Poder Ejecutivo resultaron ser “impolutas”, salvo el raspón a la Secretaría de Comunicaciones, que en el año de la citada revisión estaba encabezada por Raúl Zarrabal, hoy flamante integrante de la misma Legislatura que deberá dictaminar el informe del Orfis.

El resultado de todo esto es predecible: ningún “pez gordo” pisará la cárcel. ¿Apuestas?

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